La información sobre una operación conjunta para capturar a los empresarios Alex Saab y Raúl Gorrín se mantiene como no confirmada. Se sustenta en fuentes anónimas no verificables, mientras es negada de manera pública y atribuible. Además, describe un procedimiento de extradición exprés que es inviable según la Constitución venezolana, la cual prohíbe extraditar a nacionales. El silencio oficial consolida su estatus como rumor no verificado.
Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 6 FEB 2026
La versión sobre una captura binacional de los empresarios Alex Saab y Raúl Gorrín se sustenta únicamente en fuentes anónimas no verificables, es negada de manera pública y atribuible por sus defensores, y describe un procedimiento de extradición exprés jurídicamente inviable para un nacional venezolano, todo en medio de un silencio oficial revelador de ambos gobiernos.
Durante la madrugada del miércoles, diversos medios, principalmente colombianos, reportaron la captura en Caracas de los empresarios Alex Saab y Raúl Gorrín en una presunta operación conjunta entre el SEBIN venezolano y el FBI estadounidense, con el fin de extraditarlos a Estados Unidos.
Sin embargo, tras más de 72 horas, esta información permanece sin confirmación oficial alguna y se topa con negativas categóricas y públicas. Un análisis de verificación revela graves inconsistencias que la desarticulan.
La información se ha construido sobre la base de fuentes opacas y no atribuibles. Medios como Caracol Radio y Reuters citaron genéricamente a «fuentes de inteligencia» o «un funcionario estadounidense», sin posibilidad de verificar su identidad o competencia.
En marcado contraste, la negación proviene de fuentes plenamente identificadas: el abogado Luigi Giuliano afirmó que Saab está «tranquilo en Caracas», y un representante de Gorrín indicó que fue liberado.
Jurídicamente, el núcleo de la versión es insostenible. La Constitución venezolana (Art. 69) prohíbe expresamente la extradición de nacionales, condición que Alex Saab posee desde 2020. Además, cualquier proceso de extradición es un trámite judicial largo ante el Tribunal Supremo de Justicia, no un acto discrecional y expedito.
La narrativa de una «extradición en los próximos días» evidencia un desconocimiento profundo del ordenamiento jurídico venezolano.
El silencio oficial de todos los gobiernos involucrados es elocuente. Ni la Fiscalía venezolana, ni el Departamento de Justicia de EE.UU., ni la Casa Blanca han confirmado los hechos. El FBI solo se limitó a declarar «sin comentarios». Este mutismo, ante un evento que marcaría un giro histórico en la cooperación bilateral, socava aún más la credibilidad del rumor.
La filtración surge en un contexto político específico, semanas después de la captura de Nicolás Maduro, y es enmarcada por algunos medios en una narrativa de conflicto interno dentro del chavismo.
Si bien es un hecho verificable que la presidenta encargada Delcy Rodríguez removió a Saab de su cargo ministerial, no existe evidencia pública que vincule esa decisión administrativa con una hipotética orden de detención conjunta con el FBI, una colaboración que resulta institucionalmente poco creíble dada la histórica desconfianza entre las agencias señaladas.
En conclusión, la supuesta operación conjunta debe considerarse como información no confirmada y altamente politizada. Se basa en el anonimato, describe un procedimiento inviable y es negada por fuentes públicas. Hasta que no exista una confirmación oficial con evidencias, su estatus es el de un rumor instrumental con serias fallas fácticas y jurídicas.