El sector financiero internacional ha sido testigo de una caída sin precedentes con el desmantelamiento del MBaer Merchant Bank AG, una institución que hasta hace poco se presentaba como una exclusiva boutique bancaria para emprendedores en Zúrich. Los hechos se precipitaron a principios de este mes mediante una acción contundente y coordinada entre las autoridades de supervisión de los Estados Unidos y Suiza. El pasado 26 de febrero, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense emitió una propuesta de reglamentación federal para calificar a la entidad como una «institución de preocupación primaria por el blanqueo de capitales», basándose en la Sección 311 de la Ley PATRIOT.
Esta medida técnica propuso prohibir a las instituciones financieras de EE. UU. abrir o mantener cuentas corresponsales para MBaer, lo que en la práctica supuso aislar al banco del sistema global del dólar y dictar su «sentencia de muerte» financiera. La presión surtió efecto inmediato: el 27 de febrero, la Autoridad Supervisora de los Mercados Financieros de Suiza (FINMA) revocó la licencia de la entidad y ordenó su liquidación tras considerar que el banco representaba un riesgo inaceptable para el sistema financiero del país. Aunque la institución intentó inicialmente recurrir la decisión ante los tribunales, finalmente retiró su apelación, permitiendo que la orden de liquidación entrara en vigor de forma definitiva.
Los alegatos de los reguladores exponen un cuadro de negligencia institucional y corrupción interna. Según la FINMA, MBaer presentaba «deficiencias sistemáticas» y una organización inadecuada para combatir el blanqueo de capitales, permitiendo que sus clientes eludieran de forma activa la congelación oficial de activos. Las auditorías revelaron cifras alarmantes: para finales de 2025, el 80% de las relaciones comerciales del banco se consideraban de alto riesgo y, en su etapa final, un asombroso 98% de los activos recibidos provenía de fuentes de alta peligrosidad financiera.
La gravedad del caso se acentúa por la presunta complicidad del personal del banco en la evasión de sanciones internacionales. Las autoridades estadounidenses sostienen que MBaer sirvió como un «nodo de acceso crítico» para que actores ilícitos movieran más de 100 millones de dólares vinculados a redes criminales de Rusia y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El FinCEN subrayó que altos ejecutivos y empleados probablemente fueron cómplices en estas actividades, facilitando pagos que socavaban la seguridad nacional y la integridad del sistema financiero global. Con la designación de liquidadores, comienza ahora el desmantelamiento de una estructura que, según los hallazgos oficiales, priorizó el beneficio derivado de flujos ilícitos sobre cualquier protocolo de cumplimiento normativo.
El «Tridente» de la opacidad: El papel de Bazzoni, Evjemo-Nysveen y Alex Saab
El desmantelamiento del MBaer Merchant Bank AG ha dejado al descubierto una estructura interna que, según las investigaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, funcionó como un engranaje clave para la corrupción venezolana. En el centro de esta trama se sitúa lo que los analistas denominan un «tridente» de influencia, compuesto por la exvicepresidenta del banco, Siri Evjemo-Nysveen, su esposo y accionista, Alessandro Bazzoni, y el operador financiero Alex Saab. Las autoridades sostienen que la entidad no solo presentó fallas de supervisión, sino que sus propios ejecutivos y empleados fueron probablemente cómplices en la facilitación de actividades de blanqueo de capitales.
La responsabilidad de Siri Evjemo-Nysveen es fundamental en este esquema, dado que ocupó cargos de alta relevancia como miembro de la junta directiva desde 2019 y vicepresidenta entre septiembre de 2020 y mayo de 2023. Durante este periodo, Evjemo-Nysveen habría utilizado su posición para impulsar y autorizar pagos dentro del banco vinculados a tramas de corrupción de la estatal PDVSA. Estas operaciones se realizaron presuntamente para favorecer los intereses de su esposo, Alessandro Bazzoni, quien en ese entonces era un accionista minoritario del banco y había sido sancionado por la OFAC en enero de 2021 por proporcionar apoyo material a la red de evasión de sanciones de la petrolera venezolana.
El vínculo se extiende hacia el empresario colombiano Alex Saab, identificado por Washington como un pilar en el movimiento de fondos ilícitos venezolanos. Según el informe técnico del FinCEN, MBaer gestionó cuentas que servían para canalizar el dinero procedente de sobornos y el desvío de recursos públicos de Venezuela. Una de las revelaciones más críticas indica que la entidad bancaria mantenía cuentas que pagaban los salarios de intermediarios financieros, como Jose Luis Chavez Calva, quien actuaba como facilitador para las redes de Saab y Bazzoni. Estos intermediarios eran piezas maestras en el complejo entramado utilizado para ocultar el origen de los fondos de PDVSA.
A pesar de que Alex Saab recibió un indulto por parte de la administración estadounidense en diciembre de 2023, la reactivación de las investigaciones en marzo de 2026 lo sitúa nuevamente en una posición vulnerable frente a la justicia internacional. El uso del MBaer Merchant Bank para procesar transacciones de redes vinculadas a Saab no solo justificó la declaratoria de «preocupación primaria» por parte de EE. UU., sino que también expuso cómo la institución permitió que empresas pantalla y figuras sancionadas operaran con relativa libertad en el sistema suizo. Este esquema de impunidad interna, liderado por personas con acceso directo a la toma de decisiones del banco, fue lo que finalmente precipitó el fin de la institución.
La sombra de Plus Ultra: El rescate de la SEPI y el enfoque mediático español
La caída del MBaer Merchant Bank AG ha proyectado una sombra alargada sobre España, revelando una conexión directa con la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas SA que ha reactivado uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años. Mientras los reguladores en Washington y Zúrich centran su atención en la seguridad sistémica y la evasión de sanciones vinculadas a Rusia e Irán, el enfoque en España ha girado hacia el uso de fondos públicos y la presunta red de blanqueo venezolano. Según un documento oficial del boletín federal estadounidense procesado por el FinCEN, la aerolínea española realizó en 2021 una transferencia de más de 519.000 dólares a una cuenta en el MBaer Merchant Bank. Esta cuenta no era un depósito ordinario; las investigaciones indican que se utilizaba para pagar los salarios de intermediarios financieros, como Jose Luis Chavez Calva, quien facilitaba el desvío de fondos de la estatal petrolera PDVSA en beneficio de figuras clave como Alex Saab.
Este hallazgo ha puesto bajo una nueva luz el polémico rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021. La justicia española, que ya mantenía bajo lupa este auxilio financiero aprobado en plena pandemia, sospecha que la aerolínea pudo haber utilizado el dinero público del Estado para saldar deudas con acreedores y sociedades pantalla implicadas en el comercio ilícito de oro y programas de alimentos subsidiados (CLAP) de la red de Saab. El contraste en la narrativa mediática es evidente: mientras en EE. UU. el cierre del banco se justifica por su papel como «nodo de acceso crítico» para actores ilícitos globales, medios españoles como el diario *ABC* han otorgado una preponderancia absoluta a la vinculación de Plus Ultra con la estructura de Alex Saab y el posible desvío del rescate estatal.
La cronología de los hechos recientes en España marca un punto de inflexión en diciembre de 2025, cuando la Audiencia Nacional ordenó la detención de los dos máximos responsables de Plus Ultra y de un empresario vinculado a la compañía en Madrid. Estas detenciones se produjeron tras peticiones de colaboración de fiscalías en Francia y Suiza, que ya seguían el rastro de fondos vinculados a negocios venezolanos procesados a través de cuentas en Zúrich. Los investigadores analizan ahora si préstamos recibidos por la aerolínea antes del rescate fueron devueltos utilizando la inyección de capital público, conectando así el dinero de los contribuyentes españoles con las cuentas del MBaer ahora clausurado.
Finalmente, el documento del Tesoro estadounidense, que cita expresamente investigaciones periodísticas de medios como *Vozpópuli*, contextualiza cómo esta red servía para canalizar fondos procedentes de sobornos y evasión de sanciones internacionales. Aunque la nota del FinCEN no constituye una imputación penal directa contra la aerolínea, su mención en una propuesta formal de sanciones contra un banco extranjero sitúa el movimiento de dinero de Plus Ultra dentro de una estructura de «preocupación primaria» para la seguridad financiera global. De este modo, el colapso del MBaer Merchant Bank en marzo de 2026 no solo cierra una institución fallida en Suiza, sino que reabre un complejo frente judicial en España sobre la integridad de sus instituciones y el destino final de sus fondos estratégicos.
Propuesta de Medida Especial de FinCEN contra MBaer Merchant Bank AG (Sección 311 – Ley PATRIOT) by Presents 360
