El excongresista David Rivera fue contratado por la entonces canciller Delcy Rodríguez y el empresario Raúl Gorrín para llevar la propuesta a Washington. PDVSA redactó un contrato por 50 millones de dólares a través de Citgo por tres meses de “trabajo”. El secretario de Estado declaró este martes durante cuatro horas ante un tribunal de Miami y reveló que informó al presidente Trump sobre el plan.
Redacción: La Tabla / Plataforma de Periodismo de Datos. 24 MAR 2026
En julio de 2017, David Rivera, excongresista de Florida y amigo cercano del entonces senador Marco Rubio, solicitó una reunión urgente en la casa de Rubio en Washington. Allí le transmitió un plan que, según Rivera, provenía de personas influyentes dentro del gobierno de Nicolás Maduro: el presidente venezolano estaba dispuesto a renunciar a cambio de que Estados Unidos aliviara las sanciones económicas contra su gobierno.
Rivera había sido contratado para gestionar ese acercamiento. La entonces canciller Delcy Rodríguez ordenó a ejecutivos de Citgo —filial estadounidense de la petrolera estatal PDVSA— que firmaran un contrato de consultoría con la empresa de Rivera por 50 millones de dólares, pagaderos en tres meses. Rivera y su socia Esther Nuhfer recibieron cerca de 20 millones antes de que el acuerdo se interrumpiera.
David Rivera, el principal acusado
Hoy, Rivera y Nuhfer enfrentan un juicio penal en Miami por actuar como agentes extranjeros no registrados, violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) y lavado de dinero. Este martes, Rubio, actual secretario de Estado, testificó durante cuatro horas ante el tribunal del Distrito Sur de Florida. Su declaración confirmó que la oferta de una salida negociada de Maduro —con garantías contra represalias— se discutió con altos funcionarios del gobierno venezolano ocho años antes de la captura del líder chavista en enero de 2026.
El contrato de 50 millones
Según la acusación presentada por un gran jurado federal en noviembre de 2022, Rivera y Nuhfer actuaron como agentes del gobierno de Maduro entre febrero de 2017 y diciembre de 2018 sin registrarse ante el Departamento de Justicia. El pago por sus servicios fue canalizado a través de Citgo por orden de Delcy Rodríguez, entonces canciller y hoy presidenta encargada de Venezuela.
El contrato, firmado entre Interamerican Consulting —empresa de Rivera— y PDV USA (filial de PDVSA), establecía cinco pagos de 5 millones de dólares y un pago final de 25 millones, todo por tres meses de trabajo. Rivera recibió tres transferencias por 5 millones cada una entre marzo y abril de 2017, y un cuarto pago de 5 millones en octubre de ese año desde una cuenta de PDVSA en el Gazprom Bank de Rusia.
Rubio declaró que desconocía la existencia de ese contrato. “No habría tomado ninguna medida posterior en este asunto” de haberlo sabido, afirmó.
Amigos con casa
En 2005, David Rivera y Marco Rubio compraron una vivienda en Tallahassee por 135.000 dólares. Rubio declaró este martes que Rivera era su “amigo cercano” y que la casa la usaban como lugar de residencia común cuando cumplían sus funciones en la legislatura de Florida. La relación se mantuvo con los años: Rubio llegó al Senado en 2011; Rivera fue congresista entre 2011 y 2013.
La fiscalía sostiene que Rivera aprovechó esa cercanía para abrir puertas en Washington. Rubio ha negado en todo momento tener conocimiento del contrato o de que Rivera estuviera representando intereses venezolanos. En el estrado, reiteró que desconocía a qué se dedicaba Rivera tras su salida del Congreso, que no sabía que estaba involucrado en cabildeo y que no tenía conocimiento de que hubiera creado una empresa para ese fin. Dijo estar “generalmente al tanto de que hacía algo”, pero “no sabía en 2017 que era un lobista”.
Sin embargo, su propio testimonio confirmó que en julio de 2017 Rivera solicitó una reunión “urgente” en la casa del entonces senador en Washington. Allí, Rivera le presentó un plan mediante el cual Nicolás Maduro dejaría el poder a cambio de que Estados Unidos aliviara las sanciones contra su gobierno. El plan incluía que Rubio entregara una carta de Maduro al presidente Donald Trump anunciando su salida.
Rubio se mostró escéptico, pero al día siguiente informó brevemente a Trump que “podría estar sucediendo algo en Venezuela” y que lo mantendría al tanto.
La reunión en el hotel
Con el dinero en movimiento —tres pagos de 5 millones de dólares entre marzo y abril de 2017—, Rivera organizó una agenda de reuniones que incluyó un encuentro en un hotel de Washington en julio de 2017. A esa reunión asistieron Rubio, el empresario venezolano Raúl Gorrín (dueño entonces de Globovisión, sancionado por Estados Unidos en 2019), Esther Nuhfer y, por videoconferencia desde Nueva York, el dirigente opositor venezolano Henry Ramos Allup. Rubio calificó ese encuentro como “una pérdida de tiempo”.
El testimonio también reveló que Rubio informó a la Casa Blanca sobre el plan de salida de Maduro y lo discutió con el entonces presidente Trump. Además, recordó que en 2017 las agencias de inteligencia le comunicaron que era el objetivo de un presunto complot de asesinato orquestado por Diosdado Cabello, actual ministro del Interior de Venezuela.
La defensa
Los abogados de Rivera y Nuhfer centraron su estrategia durante la audiencia de este martes en retratar a sus clientes como anticomunistas y opositores a los regímenes de Cuba y Venezuela. Antes habían alegado que el contrato tenía como propósito restaurar la conexión del gobierno de Venezuela con Exxon Mobil, compañía que en 2007 perdió sus activos en el país tras negarse a aceptar cambios en las condiciones de inversión extranjera.
La fiscalía sostiene que Rivera y Nuhfer actuaron en beneficio de un gobierno extranjero sin revelarlo, violando la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). El contrato nunca se completó: Rivera recibió unos 20 millones de dólares y en 2020 presentó una contrademanda contra PDVSA reclamando los 30 millones restantes.
Lo que sigue en el juicio
El juicio comenzó la semana pasada en Miami. Además de Rubio, están listados para declarar el congresista texano Pete Sessions, la exasesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway y el exsubsecretario de Estado Otto Reich. El proceso podría extenderse hasta cuatro semanas.
Marco Rubio ya no es senador sino secretario de Estado, y es el responsable de la ejecución del “plan de tres fases” que ejecuta el gobierno estadounidense para normalizar la relación con Venezuela. Delcy Rodríguez, convertida en vicepresidenta ejecutiva un año después de aquellos acontecimientos, es ahora la presidenta encargada luego de que el presidente Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas especiales de Estados Unidos en una sangrienta operación que dejó un centenar de fallecidos la madrugada del 3 de enero y encarcelado en Nueva York. No es el mismo plan de 2017 ni la salida del poder de Maduro fue por renuncia.
Nota editorial: este reporte fue elaborado con información de los documentos judiciales (Caso No. 22-cr-20552-DPG) y la cobertura de CNN y diario El País del testimonio del 24 de marzo de 2026.