El recientemente detenido excongresista norteamericano David Rivera contaba con una socia, en su función de lobista para ayudar a levantar las sanciones de Estados Unidos contra el régimen venezolano, trabajo por el que Rivera es señalado de haber recibido $50 millones, por parte de Raúl Gorrín, quien fungía como mediador.
Esther Nufher fungió como socia de Rivera. Ambos están acusados de haber actuado como agentes no registrados de Venezuela.
Nufher, quien también fue detenida, es una consultora política de Miami, que afronta también el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
El Departamento de Justicia acusa a Rivera y a Nufher de haberse reunido con varios funcionarios estadounidenses para tratar de normalizar las relaciones entre Estados Unidos y el régimen venezolano, sin haber informado que habían firmado un contrato de $50 millones, con ese objetivo, con la filial estadounidense de la compañía Petróleos de Venezuela.
Rivera, que al igual que Nufher afrontan hasta ocho cargos federales, fue detenido el pasado lunes en el aeropuerto de Atlanta, en Georgia.
El cubanoestadounidense, de 57 años y que estuvo en el Congreso en Washington entre 2011 y 2013, firmó en 2017 un contrato con la filial norteamericana de PDVSA para influir en los políticos estadounidenses con miras a mejorar las relaciones entre las dos naciones, reseñó EFE.
Según la cadena CNN, como parte de este acuerdo tanto el como su socia debían evitar que “Estados Unidos imponga sanciones económicas adicionales” contra el presidente de Venezuela y “otros miembros de su régimen”.
Ambos fueron acusados el pasado 16 de noviembre por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida.
Según la acusación, ambos se reunieron con un congresista de Texas no identificado y posteriormente Rivera mantuvo un encuentro con un asesor de la Casa Blanca durante la Administración del presidente Donald Trump (2017-2021), así como un senador por Florida, tampoco identificado en el escrito judicial.
El senador Marco Rubio ha señalado a la cadena CNN que en 2017 mantuvo un encuentro con Rivera y luego otro en el que participó un allegado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en donde reiteró que “la única forma en que se deben levantar las sanciones es si el régimen (venezolano) acepta elecciones libres y justas”, según dijo un portavoz de su oficina.
“Si, como se alega, esto fue un esfuerzo por suavizar su postura sobre las sanciones, fracasó estrepitosamente”, agregó a la cadena el portavoz, quien recordó que la acusación del Departamento de Justicia resalta que los acusados nunca informaron al senador de que “estaban haciendo cabildeo en nombre de Venezuela”.
CNN precisó que Rubio no es nombrado en el escrito judicial ni está acusado de irregularidades.
El gobierno busca la confiscación de 23,7 millones de dólares, además de varias propiedades inmobiliarias, de acuerdo a la cadena.
La compañía de Rivera, Interamerican Consulting, fue demandada en 2020 por la filial de PDV en EE.UU. al alegar que el excongresista no realizó ningún trabajo de consultoría como parte del contrato firmado en 2017, un contrato que es investigado por el Departamento de Justicia.
La demanda establece que Interamerican Consulting debía desarrollar estrategias para mejorar la reputación y el posicionamiento de PDVSA en Estados Unidos, un trabajo que no llegó supuestamente a realizarse.
La coacusada que junto con el exrepresentante estadounidense David Rivera está acusada de actuar como agente no registrado de Venezuela compareció el jueves 8 de diciembre en un tribunal federal donde fue procesada formalmente.
Esther Nufher tiene una fianza de $200,000.
La magistrada estadounidense Lauren Louis le dijo a Nuhfer que enfrenta cuatro cargos penales federales, que incluyen conspiración para cometer lavado de dinero, no registrarse como agente extranjero, lavado de dinero y transacciones con ganancias de actividades delictivas.
La juez también ordenó que entregara su pasaporte, junto con el de su esposo, Alex Henríquez. Adicionalmente, se les advirtió que no pueden vender ningún inmueble adquirido por ambos.
Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida acusó formalmente a Nuther y Rivera el mes pasado en relación con acusaciones de que la pareja actuó como agente no registrado de Venezuela mientras Rivera se postulaba para el cargo de legislador estatal.
El gobierno federal acusó a Nuther y Rivera de violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, o FARA, al presionar a políticos y otros para la normalización de las relaciones con Venezuela en 2017, lo que incluyó trabajar en una disputa legal con una compañía petrolera estadounidense y en contra de las sanciones.
Según la acusación, los dos acusados supuestamente nunca notificaron al gobierno de EE. UU. ni a los funcionarios con los que se reunieron que Venezuela les estaba pagando, ocultando los pagos.
Los investigadores acusaron a los dos de aceptar un contrato de $50 millones para trabajar en nombre de Venezuela a fin de resolver la disputa legal de la compañía petrolera al involucrar a un congresista de Texas no identificado.
Posteriormente, en 2017, se acusa a Rivera de reenfocar sus esfuerzos de cabildeo en un asesor de WH y un senador de Florida para promover el objetivo de Maduro de normalizar las relaciones con los EE. UU.
¿Quién es Esther Nuhfer?
Esther Nuhfer es una consultora política de Miami-Dade, propietaria de la empresa Communication Solutions Inc., constituida únicamente por su persona.
Según se ha insistido durante este proceso judicial, Nuhfer es una vieja socia de David Rivera, con quien habría trabajado en varios frentes.
Algunos aseguran que Nufher era una vieja amiga de Ana Alliegro, expareja de David Rivera. Pero, posteriormente, Nufher y Alliegro terminaron enemistándose, en parte por la supuesta relación romántica entre Nufher y el excongresista, luego que este último y Alliegro concluyeran su relación.
En el contexto del proceso judicial en el que PDV USA Inc. demanda a Interamerican Consulting Inc. por incumplimiento de contrato, esta última subcontratado a la firma de Esther Nuhfer, Communication Solutions Inc. para supuestamente prestarle servicios de consultoría estratégica de marketing, tanto a la demandante PDV USA, como a la empresa de David Rivera. Un servicio que Nuhfer ni su compañía habría prestado y es que este contrato, según asegura PDV USA, simplemente era un contrato falso que junto a los suscritos con Raúl Gorrín y Hugo Perera, sólo fueron una estrategia de Rivera para justificar el pago recibido.
Esther Nuhfer y Communications aparecen como terceros involucrados en el caso y de allí que se les inste a prestar testimonio y producir una serie de documentos que servirían para aclarar el destino de los dineros pagado por la petrolera a la empresa de David Rivera. Entre las exigencias de PDV USA está el acceder a once correos electrónicos que Interamerican y Nuhfer que esta última se ha negado a producir, pese a las múltiples diligencias efectuadas por la demandante para que así ocurra. También se niega a entregar los subcontratos, hechos entre de Gorrín y Perera que ella habría manejado.
Lo cierto es que Esther Nuhfer y su empresa Communication Solutions Inc. recibieron por los supuestos servicios de consultoría un total de $ 4,5 millones que recibió en tres pagos de $ 750.000, otros dos de $ 625.000 y uno de $ 1 millón, reseñó Maibort Petit en Venezuela Política.
Las repercusiones de este caso se han extendido más allá del contexto venezolano, toda vez que cuando en mayo de 2020, Esteban Bovo, comisionado del condado de Miami-Dade, para quien Esther Nuhfer trabajaba como gestora de recaudación de fondos, conoció que la mujer había recibido $ 3,5 millones transferidos por David Rivera y que este dinero provendría del régimen venezolano, el funcionario prescindió de sus servicios.
“La apariencia de que pueda haber algún negocio con una dictadura, sobre todo con la dictadura de Venezuela, no tienen ningún espacio en mi vida personal o en mi vida de servicio público”, expresó Bovo, al tiempo que explicó que decidió despedir a Nuhfer porque “Le hice una pregunta, básicamente. No encontré la respuesta satisfactoria”.
No es la primera vez que Nuhfer se envuelta en asuntos acusados de irregulares con David Rivera, pues en 2011 su nombre salió a relucir cuando el entonces congresista fue señalado de supuestamente recibir sobornos en el proceso de discusión de dos enmiendas que buscaban restringir los viajes de cubanoamericanos a Cuba. Nuhfer que ya para la fecha actuaba como cabildera, fue interrogada por el FBI[2].
Cuando en la misma época Rivera fue señalado de violar la ley de elección primaria democrática al, supuestamente, haber financiado su campaña con un fondo secreto de $ 43.000. Se dijo que para esos días Esther Nuhfer habría recibido $ 250.000 de la campaña de David Rivera y, posteriormente, retiró de su cuenta en efectivo $ 190.000 cuyo destino fue incierto.
Según información del portal Sunbiz, Communication Solutions Inc. es una empresa activa registrada en Florida el 2 de agosto de 2004 bajo el número P04000112662, número FEI/EIN 11-3724543.
Su sede es en el 11767 South Dixie Hwy, Suite 269, Pinecrest, Fl 33156. Su única directiva Esther J. Nuhfer, quien ejerce como presidenta, directora, secretaria, tesorera y es el agente registrado de la empresa.
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