Por Equipo de Investigación de Reporte Total
*Agradecemos a Alexandre en Venezuela y a los demás deportistas que colaboraron en esta investigación.
Las tranquilas calles del balneario de Punta Hermosa, en el sur de Lima, sufrieron una silenciosa y agresiva metamorfosis urbana que encendió las alertas locales. Donde las normativas de zonificación permitían residencias de dos o cuatro niveles, comenzaron a erigirse imponentes edificios de hasta ocho pisos, bloqueando la vista al mar y rompiendo la armonía del distrito. Detrás de este repentino “boom” inmobiliario no había un exitoso consorcio de arquitectos, sino el eslabón final de una de las maquinarias de blanqueo de capitales más sofisticadas que haya cruzado el Atlántico en la última década.
Punta Hermosa, en el sur de Lima (Ilustración)
Sobre el papel, las empresas responsables de inyectar millones de dólares en el cemento de Punta Hermosa son SAWE Invest S.A.C. y EMAG Constructora Inmobiliaria S.A.C. Su gerente general y representante legal, poseedor de 19 propiedades a nivel nacional, responde al nombre de Alfonso Mauricio Dávila Vega, tal y como lo dejara en evidencia una investigación de la prensa peruana, que abordaremos en adelante con una profundidad mayor y mucho más reveladora, exponiendo detalles de la trama que hasta ahora no eran de dominio público. Sin embargo, la sede central de este supuesto imperio constructor no es una lujosa oficina corporativa, sino un modesto taller automotriz ubicado en la Avenida J Bayletti 298, en San Borja, donde Dávila Vega ha trabajado como mecánico, sumergido entre grasa y aceite de motor, desde hace más de dos décadas.
Taller automotriz ubicado en la Avenida J Bayletti 298, provincia de Lima; sede de las empresas de Luis Felipe Baca Arbulu (Imagen real)
El mecánico es apenas el hombre de paja. El verdadero cerebro detrás de estas sociedades es Luis Felipe Baca Arbulu, un exbanquero privado de origen peruano radicado en Ginebra, Suiza, quien durante años ha intentado borrar de Internet su rastro, contratando a empresas de limpieza de reputación digital. Las construcciones en la costa limeña son solo una fracción minúscula de un rompecabezas global que conecta el saqueo de recursos en Venezuela, el sistema bancario helvético y los despachos políticos de Madrid.
Luis Felipe Baca (Ilustración)
Mientras el testaferro prestaba su firma en Lima, las autoridades financieras en el Viejo Continente seguían el rastro de Baca Arbulu por su rol como operador y custodio patrimonial de la red de Alex Saab, el principal contratista del régimen de Nicolás Maduro. Documentos judiciales en Suiza y Francia lo ubican como la figura que gestionaba empresas pantalla (como Bluecap Corporation Limited y Philops UK Limited, domiciliadas en buzones postales británicos) para movilizar cientos de millones de euros.
El dinero que terminaba en los cimientos de Punta Hermosa provenía, presuntamente, de dos fuentes masivas de corrupción: el sobreprecio en los contratos de alimentos subsidiados del programa CLAP en Venezuela y la venta opaca de toneladas de oro del Banco Central de Venezuela hacia mercados de Oriente Próximo, como Emiratos Árabes Unidos.
El rol y destino del banquero Simon Leendert Verhoeven: El rol de este financiero neerlandés en la trama de blanqueo en Europa consistió en utilizar sociedades instrumentales para otorgar préstamos a Plus Ultra —presuntamente alimentados por el oro venezolano— que luego fueron devueltos utilizando los fondos del rescate público español. Tras permanecer prófugo y ser arrestado en Alemania a finales de agosto, Verhoeven fue extraditado a España y compareció ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, el 25 de septiembre de 2026. En su comparecencia, el banquero se negó a declarar argumentando que no había podido leer la causa judicial, aunque se ofreció a hacerlo en unas semanas. El juez desestimó la petición de prisión y lo dejó en libertad provisional, pero bajo estrictas medidas cautelares: le retiró el pasaporte, le prohibió abandonar el país y le impuso la obligación de presentarse en un juzgado cada dos días, permaneciendo localizado en su domicilio en Mallorca.
Verhoeven admitió ante la fiscalía de Ginebra ser el administrador de sociedades instrumentales domiciliadas en el Reino Unido (tales como Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation) y de estar vinculado a la matriz Bluecap Corp en las Islas Mauricio. Fueron precisamente estas sociedades de papel las que, entre finales de 2020 y enero de 2021, canalizaron préstamos con altos intereses a favor de Plus Ultra. Este flujo de caja simulado sirvió como coartada perfecta para justificar el posterior rescate de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea por el Estado español.
El desmoronamiento de esta alianza ha sido total. Acosados por órdenes de detención internacional emitidas por la Audiencia Nacional de España, los destinos de ambos operadores colapsaron en simultáneo: mientras Baca Arbulu fue localizado y detenido en la isla caribeña de Aruba, Simon Verhoeven fue arrestado en Alemania a finales de agosto de 2026, siendo extraditado a Madrid para rendir cuentas por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal.
Luis Felipe Baca (Ilustración)
Para entender cómo se ejecutó la inyección de este capital ilícito en Sudamérica, es necesario mirar el calendario. A finales de enero de 2019, la comunidad internacional y Estados Unidos impusieron un paquete de sanciones históricas y devastadoras contra la industria petrolera venezolana y el entorno financiero de Maduro, amenazando con congelar cuentas en todo el mundo.
En medio de ese pánico financiero, la red de Baca Arbulu ejecutó un plan de contingencia corporativa. En un lapso de apenas cinco días se crearon simultáneamente tres empresas clave en Perú:
SAWE Invest S.A.C. (21 de enero de 2019)
Tubos Surf Development S.A.C. (23 de enero de 2019)
EMAG Constructora Inmobiliaria S.A.C. (25 de enero de 2019)
Para garantizar el flujo transfronterizo de los fondos sin levantar alertas en el sistema bancario peruano, las constructoras EMAG y SAWE fueron registradas ante las autoridades aduaneras con la actividad de “Importador/Exportador”, permitiendo justificar la recepción de transferencias millonarias desde Europa bajo la falsa premisa de compra de materiales o pagos anticipados por exportaciones.
Luis Felipe Baca (Ilustración)
Para justificar sus constantes movimientos internacionales y el flujo de divisas, el surfista y banquero Luis Felipe Baca Arbulu, junto a su círculo íntimo, utilizaron el deporte, específicamente la escuela “Tubos Surf School”.
En marzo de 2019, el balneario de Punta Hermosa fue escenario de una gran conferencia de prensa para anunciar el patrocinio de un torneo internacional de surf. En la mesa principal, tomando la vocería como el financista del evento, se sentó Luis Felipe Baca Arbulu. Inmediatamente a su lado figuraba Nora María Lorena Maggiolo Rebosio, la máxima apoderada legal y Country Manager en Perú de la aerolínea española Plus Ultra.
Nora Maggiolo Rebosio, la máxima apoderada legal y Country Manager en Perú de la aerolínea española Plus Ultra, patrocitnante de la escuela de surf de Luis Felipe Baca, durante rueda de prensa en marzo de 2019. (Imagen real)
Esta fotografía documentó una alianza financiera letal casi dos años antes de que el Gobierno de España otorgara un polémico rescate estatal de 53 millones de euros a Plus Ultra. La investigación revela un sofisticado cruce de favores: en 2019, la aerolínea actuó como “patrocinador” de la escuela de surf, financiando costosos viajes para los operadores de Baca hacia competencias en las playas de Francia (al Roxy Pro France), justificando así su presencia en territorio europeo, donde la fiscalía francesa terminaría incautándole los teléfonos a Baca.
Posteriormente, a finales de 2020, las empresas pantalla que Luis Felipe Baca controlaba en el Reino Unido devolverían el favor inyectando liquidez de emergencia a Plus Ultra mediante préstamos simulados, maquillando los balances de la aerolínea para que cumpliera los requisitos del rescate del gobierno español.
Con el dinero lavado y los favores políticos cobrados en Europa, el capital retornó a Perú para convertirse en los edificios de 8 pisos que hoy ensombrecen Punta Hermosa, bajo la firma de un mecánico que, en 2025 y ante el avance de las investigaciones internacionales, fue enviado estratégicamente a Colombia para desaparecer del radar.
Aquel evento de surf de marzo de 2019 en Punta Hermosa fue mucho más que una simple conferencia deportiva; funcionó como el escaparate público de una alianza corporativa tejida en las sombras. Allí no solo estuvo Luis Felipe Baca Arbulu, quien lejos de ser un simple entusiasta de las olas, era en realidad un sofisticado arquitecto financiero. Formado como administrador de empresas en la Universidad de Piura y moldeado con un máster en la Alliance Manchester Business School del Reino Unido, su perfil estaba a años luz del de un deportista común. Su trayectoria incluía el paso por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la ONU, antes de consolidarse en las grandes ligas de la banca internacional operando carteras para J.P. Morgan y Société Générale.
Luis Felipe Baca Arbulu, su hermano Enrique y el entrenador de sur Pablo Doig Honke (Imagen real)
Con ese peso financiero a cuestas, a su lado operaba su hermano, Enrique Martín Baca Arbulu. Con total desparpajo, ambos marginaron por completo a Pablo Doig Honke, el entrenador y rostro visible de “Tubos Surf School”. Los hermanos asumieron la voz cantante ante los micrófonos, acapararon los reflectores y se comportaron a la vista de todos como los dueños absolutos de la escuela.
Luis Felipe Baca (primero a la izquierda) y el entonces alcalde Jorge Olaechea, mismo que le otorgó algunos de los permisos de construcción a las empresas de Baca (Imagen real)
La escena contaba con un aval político de primer nivel: sentado en la misma mesa estaba el entonces alcalde de Punta Hermosa, Jorge Humberto Olaechea Reyes, brindando cobertura institucional a un despliegue de dinero que resultaba inusual para una escuela de surf local. Pero el detalle más incriminatorio no estaba en los discursos, sino en la escenografía. Los logotipos de la aerolínea Plus Ultra, de la automotriz alemana Volkswagen y la telefónica Claro. entre otros, dominaban el evento como patrocinadores estelares, confirmando que la inyección de capitales de la compañía española en los negocios de los Baca Arbulu ya ocurría a plena luz del día, casi dos años antes del controversial rescate estatal en Madrid.
Sin embargo, el destino final de la vasta fortuna del clan no era la costa limeña. Para blindar el patrimonio proveniente de los desvíos financieros en Venezuela y Europa, los hermanos necesitaban la jurisdicción más segura del mundo: Estados Unidos.
Luis Felipe Baca (Ilustración)
La misma semana de enero de 2019 en la que el clan abrió apresuradamente sus empresas constructoras en Lima —justo cuando Estados Unidos anunciaba las sanciones más duras contra el régimen de Nicolás Maduro—, el engranaje se activó en el Pacífico. El 14 de enero de 2019 constituyeron Wailea Merchants LLC en Hawái. El nombre no era casual: “Wailea” es la misma denominación que usó la red para bautizar a la empresa pantalla en Londres (Wailea Investment Limited) que inyectaría los préstamos simulados a Plus Ultra.
Ke Nui Road, justo frente a la mítica ola de Pipeline,
Para manejar la base de operaciones en Hawái, enviaron a otro miembro del círculo familiar íntimo: el primo Jorge Iván Gorriti. Desde una lujosa residencia ubicada en Ke Nui Road, justo frente a la mítica ola de Pipeline, Gorriti administraba la sucursal de B & B Capital Management LLC. La casa servía como la “embajada” del equipo de surf peruano, la coartada perfecta para justificar y triangular transferencias millonarias desde Suiza hacia cuentas estadounidenses bajo la excusa de gastos deportivos.
Blanca Baca Arbulu, alias “Blanca Beaumont” (Ilustración)
Mientras el surf tapaba los movimientos en Hawái, el presunto verdadero lavado en concreto se ejecutaría en el sur de Florida a través de una tercera hermana: Blanca Fabiola Baca Arbulu. Para esquivar las alertas antilavado del sistema bancario estadounidense, que inevitablemente saltarían al cruzar el apellido “Baca Arbulu” con los escándalos de Alex Saab, Blanca sigue utilizando hasta la actualidad el apellido de su exmarido, operando bajo la identidad de Blanca Beaumont, muy a pesar de tener una nueva pareja, según fuentes próximas a la familia Baca.
Bajo la fachada de una respetable corredora de bienes raíces, Blanca orquestó la compra masiva de propiedades al contado. No obstante, una serie de documentos revelan que Luis Felipe Baca ha seguido siendo el dueño único y absoluto del 100% de B & B Capital Management LLC, la empresa matriz que Blanca continúa administrando en Miami.
El descaro de la red llegó a tal punto que, a través de su agencia de lujo en Bay Harbor Islands, Florida, Blanca Beaumont comercializa en dólares los mismos departamentos que su hermano y el mecánico levantan al margen de la legalidad en las playas de Punta Hermosa, cerrando el ciclo del dinero a la vista del mercado internacional.
Nicholas Daniel (Ilustración)
La mecánica para inyectar los fondos ilícitos en Miami requería intermediarios para borrar el rastro del comprador original. Para ello, recurrieron a una táctica conocida como “redes de afinidad”. El elegido fue Nicholas Daniel, un agente de bienes raíces de origen griego, casado con una ciudadana peruana amiga íntima de Blanca.
El perfil de Nicholas Daniel era ideal por su extrema vulnerabilidad financiera. En agosto de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) lo había sancionado por uso de información privilegiada, en un caso aislado, obligándolo a pagar más de 738.000 dólares en multas. Cinco meses después, este operador asfixiado por las deudas federales creó una empresa de papel para comprar una mansión en el exclusivo enclave de Pinecrest, Florida, por 850.000 dólares. Apenas 19 días después, simuló revender la misma propiedad a la empresa de los Baca Arbulu por 1.15 millones de dólares pagados en efectivo.
Este “pase” inmobiliario, orquestado desde la misma oficina donde ambos trabajaban, permitió justificar un sobreprecio de 300.000 dólares.
Blanca Baca Arbulu, alias “Blanca Beaumont” (Ilustración)
El portafolio en Florida creció rápidamente. En junio de 2021, apenas meses después del rescate a Plus Ultra, la empresa inyectó 3 millones de dólares de golpe para comprar terrenos en South Beach. Sin embargo, la burbuja de impunidad tenía los días contados.
El 16 de octubre de 2021, el contratista colombiano Alex Saab fue extraditado desde Cabo Verde y aterrizó en una prisión federal de Miami. El pánico se apoderó de la red de los Baca Arbulu. Los registros de la propiedad del condado de Miami-Dade muestran que, exactamente cinco días después de que Saab pisara suelo estadounidense, Blanca Beaumont liquidó de emergencia un lujoso departamento en el rascacielos MarinaBlue del Downtown de Miami por casi medio millón de dólares.
Esa venta exprés fue solo el principio del fin. Ante el avance de los tribunales españoles y franceses en 2025 y 2026, el clan intentaría borrar sus nombres mudando sus corporaciones al anonimato de Delaware, preparándose para el inevitable choque con la justicia, un choque cuyo origen no parece estar en Europa, sino en los pasillos militares y las minas de carbón de Venezuela.
Pedro, Carla, Patricio, Atahualpa y José Antonio Fernández Arbulu (Ilustración)
Mientras Luis Felipe Baca Arbulu construía un sofisticado entramado financiero que conectaba las bóvedas de Ginebra con los edificios de Punta Hermosa y las mansiones de Miami, al otro lado del Mar Caribe, la otra mitad de su familia estructuraba un monopolio a la sombra del poder militar venezolano. Se trata del clan Fernández Arbulu, primos hermanos del exbanquero Luis Felipe Baca Arbulu, unidos por la misma sangre materna y por un apetito voraz por los fondos estatales.
La historia en Venezuela de los Fernández Arbulu no comenzó en grandes corporaciones financieras, sino entre retazos de tela y máquinas de coser en la parroquia La Candelaria, en el centro de Caracas. Allí, en la década de 1980, Senen Fernández y su esposa peruana, Rosa Arbulu, establecieron a sus cinco hijos: Pedro, José Antonio, Patricio, Carla y Atahualpa. Lo que empezó como un oficio tradicional de corte y confección, pronto mutaría en un conglomerado mercantil diseñado para captar divisas, infiltrarse en las instituciones deportivas y, finalmente, franquear las puertas del Alto Mando Militar venezolano.
El verdadero músculo económico del clan no provino únicamente del comercio textil, sino de una hábil capitalización a costa del sistema bancario privado venezolano. Entre 2006 y 2008, los hermanos recurrieron a líneas de crédito y millonarios pagarés otorgados por instituciones como Bolívar Banco y Banco Real, en tiempos en los que las entidades eran controladas por Ricardo Fernández Barrueco, quien es de ascendencia española, al igual que los hermanos Fernández.
A finales de 2009, el sistema financiero colapsó y el Estado intervino a puertas cerradas ambas entidades. En el caos de las liquidaciones estatales y el laberinto burocrático gubernamental, las demandas de cobro contra los Fernández Arbulu se diluyeron. Al cesar los procesos de cobranza, la familia logró conservar una enorme masa de liquidez que nunca fue reintegrada a las arcas bancarias y que se multiplicó gracias a las divisas preferenciales que luego recibirían. Ese capital, nacido del impago, sirvió como el trampolín para la multiplicación de los activos y negocios.
(Ilustración)
Con el capital asegurado, la familia implementó una estricta división de roles para abarcar múltiples frentes de la economía y el lavado de imagen:
La logística internacional: Pedro Fernández Arbulu estableció empresas en Lima para el suministro de materia prima textil, mientras que Patricio fundó sociedades en EE.UU. orientadas a las importaciones mecánicas, aprovechando la asignación de millones de dólares preferenciales otorgados por el Estado venezolano (CADIVI/CENCOEX).
El emporio textil y los contratos estatales: La familia consolidó gran parte de su poder económico a través de la industria de la confección con empresas como Tejidos Océano e Importadora Texticentro. Esta última jugó un rol fundamental debido a su estrecha y lucrativa relación directa con el Ministerio de Industrias y Producción Nacional, lo que le permitió asegurar adjudicaciones millonarias con el Estado venezolano para el suministro uniformes escolares.
El control deportivo: José Antonio “El Pibe” Fernández Arbulu incursionó en la dirigencia deportiva, asumiendo la presidencia del Caracas Futsal Club y escalando hasta la vicepresidencia de la Asociación de Clubes de Futsal Venezuela (Asofutsalve), utilizando el deporte como vitrina de relaciones públicas.
El mercado del lujo y la velocidad: Carla Fernández incursiona en la actualidad en la venta de costosas y exclusivas marcas europeas de prendas femeninas a través del showroom privado Casa Dinoi, ubicado en la exclusiva zona de Valle Arriba, en Caracas. A su vez, su matrimonio con el laureado expiloto italiano radicado en Venezuela, Donato Cicconetti, le abrió al clan las puertas del automovilismo y el karting, inyectando capital en infraestructuras deportivas y en la importación de chasis europeos.
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Mientras la familia diversificaba sus negocios, Atahualpa Fernández Arbulu enfocó la joya de la corona, Grupo Atahualpa C.A., hacia la contratación pública. El punto de inflexión político y mediático ocurrió en 2013, cuando la empresa fabricó y distribuyó de manera masiva los icónicos morrales tricolor estampados con los “ojos de Chávez”, un elemento central de la propaganda para la campaña presidencial de Nicolás Maduro.
Ese servicio publicitario le otorgó a Atahualpa el acceso directo a los cuarteles. En abril de 2016, formalizó el mayor acuerdo cívico-militar de la industria manufacturera al crear el Complejo Industrial Tiuna I, C.A. (CIT). El Estado, a través de la empresa militar CAVIM, poseía el 51%, mientras que Grupo Atahualpa retuvo el 49%, instalando su sede operativa dentro del mismísimo perímetro militar de Fuerte Tiuna.
La maniobra contó con una arquitectura de tráfico de influencias perfecta. Un exfuncionario gubernamental, Luis Eduardo Álvarez, fue ubicado como director de la empresa mixta por parte del Ministerio de Defensa, al mismo tiempo que poseía acciones y firma en la empresa privada de Atahualpa.
Atahualpa Fernández (Ilustración)
El crecimiento fue exponencial. Grupo Atahualpa monopolizó la dotación de uniformes, botas y material institucional para la Guardia de Honor Presidencial, el Banco Central de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, PDVSA y Bolipuertos.
La red expandió rápidamente sus tentáculos más allá de la tela, montando una embotelladora bajo la marca Agua Tiuna, que pasó a dominar el suministro hídrico de los ministerios, e incursionando en contratos de mantenimiento civil y suministro de repuestos automotrices para flotas gubernamentales.
Sin embargo, el poder absoluto alcanzado por Atahualpa Fernández Arbulu dentro de las bases militares pronto chocaría con los intereses de otra poderosa facción del régimen, llevándolo a involucrarse en la custodia de activos de la red internacional de Alex Saab y desatando una guerra interna que marcaría el principio del fin para el sindicato familiar.
Atahualpa Fernández y Alex Saab (Ilustración)
La influencia del clan Fernández Arbulu no se detuvo en los muros de Fuerte Tiuna ni en los monopolios de confección textil. Hacia 2018, la ambición del grupo dio un salto estratégico hacia el occidente de Venezuela, adentrándose en la explotación de recursos minerales. El objetivo era el oro negro del estado Zulia: las minas Paso Diablo y Mina Norte, administradas por la estatal Carbozulia.
La comercialización internacional de este carbón se estructuró a través de la empresa mixta Carboturven, una alianza que introdujo en el tablero a la compañía turca Glenmore Dis Ticaret Ve Madencilik A.S. Esta corporación no era un actor independiente; formaba parte de la intrincada red mercantil manejada por Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, diseñada para intercambiar materias primas venezolanas por bienes del programa alimentario CLAP.
Alex Saab y Atahualpa Fernández (Ilustración)
El 12 de junio de 2020, el arresto de Alex Saab en Cabo Verde hizo temblar los cimientos de su arquitectura financiera global. Conscientes de que el imperio del principal contratista del régimen estaba en riesgo de incautación, sus operadores en Venezuela ejecutaron un repliegue patrimonial de máxima urgencia.
Seis meses después, el 15 de diciembre de 2020, se concretó una maniobra para salvaguardar los activos mineros. La sociedad Agrozuven C.A. transfirió a título gratuito y en plena propiedad un gigantesco parque de maquinaria pesada que operaba en las minas zulianas. El lote, valorado en más de 15 millones de dólares, incluía doce camiones roqueros Caterpillar 785C de gran tonelaje, palas frontales mecánicas Hitachi y tractores de oruga D10T.
La transferencia de esta fortuna de metal se dividió en dos: el 10% de los derechos recayó en el Consorcio Alliance Energy Companies (ALECO), radicado en Sofía, Bulgaria, un país clave en la intermediación de las cuentas de Saab en Europa del Este. El 90% restante fue traspasado directamente a nombre de Atahualpa Fernández Arbulu. Con una sola firma, el empresario de origen peruano asumió el rol de albacea y custodio físico de los activos de la red de Saab en territorio venezolano.
Atahualpa Fernández, Alex Saab y Tareck El Aissami (Ilustración)
Asumir la guardia y custodia de la maquinaria colocó a Atahualpa Fernández en rumbo de colisión directa con otra facción de inmenso poder: el grupo político y económico del entonces todopoderoso ministro Tareck El Aissami.
Sobre el terreno, los camiones y excavadoras transferidos a Fernández Arbulu estaban siendo operados por Operaciones Mineras y Servicios Lacustres C.A., una contratista controlada por Brahim Yamal El Maaz Bahssas, pariente político directo de El Aissami. Respaldados por la directiva de Carbozulia, afín al ministro, el grupo de El Maaz explotó la maquinaria durante casi tres años, sometiéndola a un severo desvalijamiento y desgaste técnico que inutilizó gran parte de la flota.
La guerra fría estalló en los tribunales en marzo de 2023, coincidiendo exactamente con la caída en desgracia y posterior arresto de Tareck El Aissami por el desfalco en PDVSA. Aprovechando el vacío de poder, la estructura originaria intentó demandar a El Maaz por 15 millones de dólares en daños. Sin embargo, la contraofensiva jurídica desnudó el secreto mejor guardado de la mina: los documentos revelaron que la dueña de las máquinas ya no era Agrozuven, sino Atahualpa Fernández y la firma búlgara. Aunque la máxima corte sepultó el litigio, el rol de Atahualpa como protector del patrimonio de Saab quedó expuesto ante las altas esferas del gobierno.
Atahualpa Fernández (Ilustración)
El costo político de esa confrontación fue fulminante. En febrero de 2023, semanas antes de las purgas anticorrupción, el Alto Mando Militar ejecutó un desplazamiento silencioso en Fuerte Tiuna. La cúpula castrense apartó definitivamente a Grupo Atahualpa del Complejo Industrial Tiuna I. La factoría militar mantuvo sus contratos milmillonarios, pero el clan Fernández Arbulu perdió el control operativo y la coraza institucional que los había protegido durante siete años.
Despojado de su blindaje, Atahualpa inició un rápido repliegue defensivo. Para preservar el patrimonio familiar, transfirió el 100% de las acciones de Gráfica Cromo C.A. —una imprenta industrial en los valles de Miranda— a su hija mayor, inaugurando un relevo generacional de emergencia. Paralelamente, el capital se refugió en negocios recreativos, como la inauguración de Track City en Las Mercedes, un gigantesco complejo de automovilismo a escala que conectaba con la vieja afición del clan por los motores.
La estocada final en Venezuela llegó en 2026, cuando otros organismos estatales le siguieron cerrando las puertas al Grupo Atahualpa C.A. Tal vez a eso se deba que, tras el arresto de Nicolás Maduro en enero de 2026, ahora Atahualpa Fernández pregone que Venezuela “cambió” y que “la vamos a levantar todos juntos”.
Luis Felipe Baca (Ilustración)
La caída del clan en Caracas no fue un hecho aislado; ocurrió en una simetría temporal perfecta con el derrumbe de su rama financiera en el extranjero. Mientras Atahualpa se resiente de la pérdida de Fuerte Tiuna, su primo hermano, Luis Felipe Baca Arbulu, enfrenta el asedio de la justicia europea.
La maquinaria transnacional que alguna vez movió toneladas de oro hacia Dubái y operó el rescate de la aerolínea Plus Ultra en España, se desmorona como un castillo de naipes. Acorralado por órdenes internacionales, Luis Felipe Baca fue localizado y detenido en Aruba a mediados de 2026. Su hermano, Enrique Martín, desmanteló a toda prisa sus sociedades en Madrid y huyó hacia los Emiratos Árabes.
A miles de kilómetros, en las costas de Florida, la hermana de ambos, Blanca Baca Arbulu (bajo la identidad de Blanca Beaumont), ha intentado pasar desapercibida, pese a ser una ficha clave del entramado financiero familiar.
Las dos ramas del clan Arbulu funcionaron durante años como una pinza perfecta transnacional. Una mitad, los Fernández, se infiltró en las grietas del poder chavista para extraer recursos desde despachos ministeriales y minas de carbón. La otra mitad, los Baca, utilizó su pedigrí en la banca privada suiza para lavar ese capital a través de falsos patrocinios de surf, aerolíneas europeas y cemento de lujo en Miami y Lima.
Hoy, el emporio que comenzó entre las máquinas de coser de La Candelaria y se expandió a las bóvedas de Ginebra, asiste a su propia autopsia judicial. Las firmas bajo juramento que dejaron en registros mercantiles son el testamento innegable de cómo una sola familia logró saquear a un país y lavar su botín a la vista del sistema financiero global.