Desde su oficina en Caracas, José Simón Elarba Haddad maneja un imperio que mezcla basura, bancos, relaciones con jerarcas chavistas y una estela de demandas acumuladas en tribunales venezolanos. Es un abogado que convirtió los servicios públicos y las instituciones privadas en plataformas de poder económico y político. Un operador con habilidades para moverse con soltura en el fango de la política y el empresariado venezolano.
Nació en Caracas el 24 de julio de 1964, se graduó en Derecho por la Universidad Santa María y su carrera comenzó en el derecho corporativo, pero pronto entendió que los verdaderos negocios no estaban en los bufetes, sino en los contratos públicos, los favores políticos y las concesiones a puerta cerrada.
Antes de convertirse en el rostro visible de Fospuca, la empresa que hoy monopoliza la recolección de basura en municipios clave del este de Caracas, Elarba ya se movía con soltura en los pasillos del Tribunal Supremo de Justicia. Durante años fue señalado como parte del engranaje informal conocido como “Los Enanos”, una red de jueces, abogados y operadores dedicada a gestionar decisiones judiciales “favorables”. Aquella etapa, hoy convenientemente sepultada bajo capas de éxito empresarial, fue su escuela de poder: allí entendió cómo funciona la impunidad en Venezuela.
El salto definitivo llegó en 2014, cuando Elarba apareció como intermediario de dos gigantes chinos del sector tecnológico: CEIEC y ZTE. A través de su empresa Sylo Investments LTD, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, facturó al menos 28 millones de dólares en “asesorías” destinadas a facilitar contratos con Cantv y Movistar. Los documentos filtrados en los Pandora Papers detallan que esas asesorías incluían acceso a información confidencial, presupuestos internos y contactos directos con entes del Estado venezolano.
No eran clientes menores. ZTE fue señalada por Reuters como pieza clave en el desarrollo del sistema del Carnet de la Patria, la plataforma de control social del chavismo. CEIEC, por su parte, fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por colaborar en censura y vigilancia digital en Venezuela. A ambas, Elarba les abrió puertas. A cambio, el dinero fluyó por cuentas en Luxemburgo, Panamá y Singapur. Ese mismo año, la unidad FinCEN del Tesoro estadounidense registró una transferencia de 1,48 millones de dólares a una cuenta de Elarba sin propósito económico aparente.
Con ese capital, Elarba consolidó su expansión local. En diciembre de 2014 adquirió Fospuca, inicialmente en asociación con Henry Jesús Camino Muñoz, esposo de su hijastra Mariana Flores Melo. Lo que siguió fue una transformación radical: contratos blindados, tarifas impuestas, presión política sobre alcaldías y una narrativa de “modernización” que escondía un modelo extractivo. La basura se convirtió en uno de los negocios más rentables de Caracas, y Elarba en su zar no oficial.
A primera vista, parece una historia de éxito empresarial. Pero quienes viven en Chacao, Baruta o El Hatillo, saben que Fospuca no solo recoge desechos: impone tarifas impagables, acorrala comercios y goza de una protección institucional inusual.
Paralelamente, mantuvo relaciones abiertas con figuras centrales del chavismo financiero. Reconoció públicamente su amistad con Carlos Erick Malpica Flores, ex tesorero nacional y sobrino de Cilia Flores, sancionado por Panamá y luego rehabilitado. También aparece vinculado a Raúl Gorrín, sancionado por la OFAC. Hoy, José Simón Elarba es invitado frecuente en los programas del canal de Gorrín, Globovisión.
Esa red de relaciones explica por qué, pese a los escándalos, Elarba nunca cae: en Venezuela no sobrevive el más discreto, sino el mejor conectado.
El siguiente movimiento fue la banca. Tras el estallido del caso PDVSA-Cripto, que terminó con la detención de los hermanos De Grazia Suárez, Bancamiga quedó expuesta como pieza clave en la intermediación con el Petro. Lejos de ser apartada, la entidad cambió de manos. Elarba emergió como nuevo accionista y presidente, en una operación que muchos interpretan como un rescate político: quienes sirven al sistema no pagan el costo completo del colapso.
En 2023, su nombre volvió a circular con fuerza tras la incautación del Colegio Jefferson, en Valle Arriba, luego del arresto de los hermanos Perdomo Rodríguez por corrupción. Testigos aseguran que Elarba se presentó en el plantel como su nuevo dueño. No existe, hasta hoy, documentación pública que respalde la operación. Pero en la Venezuela actual, el poder no siempre necesita papeles. Y José Simón Elarba exhibe ahora en su currículum y redes sociales, el cargo de presidente de la institución.
Pero los rastros judiciales siguen apareciendo. Solo en el Tribunal Supremo de Justicia, hay múltiples expedientes donde su nombre aparece vinculado a abusos de posición dominante, cobros ilegales y prácticas contractuales opacas. En decisiones como la AP21-L-2022-000120 o la R-2023-00010 se refleja el patrón: arbitrariedad en el cobro de servicios, incumplimiento de normativas ambientales y persecución judicial a quienes lo enfrentan.
Su entorno familiar y profesional completa el cuadro. Su esposa, Aitza Melo Castillo, es socia del bufete Gadea, Lesseur & Asociados, el mismo donde trabajan figuras de la oposición como Gerardo Blyde, consultor jurídico de Fospuca en el despacho después de haber sido el alcalde de Baruta que cedió la recolección de basura en ese municipio a la compañía para la cual ahora trabaja. Se trata formalmente de una “sociedad de gastos”, pero en la práctica funciona como otro punto de intersección entre poder político, negocios y blindaje legal. Antiguos socios, como Carlos Uzcátegui Valero, aparecen ligados a empresas previas de desechos sólidos como CAUVICA, con historiales de facturación inflada y pasivos laborales impagos.
Elarba también fue accionista del diario El Nacional. Cuando el medio fue embargado por orden de Diosdado Cabello, guardó silencio. Hoy, antiguos ejecutivos del periódico trabajan directamente para él, cerrando el círculo de lealtades transaccionales que define su carrera. El caso más emblemático: Jorge Makriniotis, hijo de Antonieta Jurado -pareja de Miguel Henrique Otero- y ex gerente de El Nacional, hoy, asistente personal de Elarba.
El patrón se repite siempre: tribunales, telecomunicaciones, basura, banca, educación. Sectores regulados, opacos, dependientes del favor estatal. En todos, Elarba aparece no como un actor marginal, sino como un facilitador central. Nunca el rostro más visible del poder, pero siempre presente donde se toman las decisiones.
En público, Elarba se presenta como un filántropo, amante del deporte y de la educación. En privado, se ha convertido en un símbolo de la Venezuela donde los servicios básicos son monopolios disfrazados de empresas, y donde la cercanía con el poder es la mejor inversión.
No importa si se trata de bancos, escuelas o basura: donde haya rentas garantizadas por el Estado o espacios protegidos por el silencio, aparece su nombre. Y detrás de él, una red tejida con impunidad, poder y millones.