PDVSA pagó 20 millones de dólares para abrir un canal hacia Trump, pero la carta con la propuesta de salida negociada firmada por Maduro, que prometió el empresario Raúl Gorrín, nunca fue entregada
David Rivera, compañero de acción política y allegado personal del secretario de Estado Marco Rubio, fue condenado a una década de prisión por actuar como agente encubierto del gobierno de Nicolás Maduro. La sentencia cierra el capítulo judicial, pero deja al descubierto el punto más oscuro de la operación: el gobierno venezolano invirtió millones de dólares y tendió un puente directo hacia la Casa Blanca, y aun así la carta firmada por Maduro que formalizaba la oferta de salida pacífica nunca llegó a su destino.
Redacción: La Tabla / Plataforma de Periodismo de Datos. 3 OCT 2026
La jueza federal Melissa Damian sentenció este jueves a 10 años de prisión al antiguo congresista republicano David Rivera por actuar como “agente no registrado” del gobierno de Venezuela y lavado de dinero. La magistrada calificó su conducta como una cuestión de «codicia y traición» por aceptar millones de dólares del gobierno de Nicolás Maduro mientras ocultaba esa relación a sus aliados políticos, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio. Pero detrás de la sentencia hay una historia más compleja: la de un plan de salida negociada que se pagó con millones de dólares, que tuvo un canal directo hacia el presidente Donald Trump, y que se desvaneció cuando el documento clave nunca fue entregado.
El plan: una carta firmada por Maduro para negociar su salida
En 2017, el gobierno de Venezuela atravesaba una crisis económica y política asfixiante por las sanciones internacionales. En ese contexto, surgió un plan para negociar una salida pacífica: Nicolás Maduro renunciaría voluntariamente y Estados Unidos levantaría las sanciones. La oferta se formalizaría mediante una carta firmada por Maduro y dirigida a Trump, en la que el presidente venezolano se comprometía a iniciar un proceso de transición democrática.
Para llevar esa carta a la Casa Blanca, se diseñó una operación de lobby que involucró a David Rivera, ex congresista de Florida y amigo cercano del entonces senador Marco Rubio, y a Raúl Gorrín, empresario y abogado dueño de Globovisión, quien se presentaba como interlocutor válido ante Maduro. El contrato con PDVSA US, casa matriz de Citgo, fue de 50 millones de dólares. Se pagaron al menos 20 millones. La estructura estaba montada. El canal hacia Trump, abierto. La carta nunca llegó.
Raúl Gorrín: el socio que cobró millones y nunca entregó la carta
Raúl Gorrín no fue un simple intermediario. El expediente judicial confirma que fue socio activo y beneficiario directo de los fondos. De los 15 millones de dólares del pago inicial que Rivera recibió de PDVSA US, Gorrín recibió 3.75 millones, transferidos a través de Interglobal Yacht Management LLC, una compañía que administraba sus yates de lujo. La acusación formal señala que Rivera utilizó parte de los fondos de PDV USA para «compensar a Raul Gorrin por supuestos servicios legales».
Gorrín se presentaba ante Rivera y ante Rubio como alguien con relación cercana a Maduro. En la primera reunión, Rivera le mostró a Rubio en su computadora una cuenta con transacciones millonarias atribuidas a Gorrín, como supuesta prueba de que financiaba a la oposición venezolana. Rubio declaró que desconocía a quién pertenecía la cuenta y que no preguntó al respecto.
La conexión Gorrín-Delcy Rodríguez
La vinculación operativa entre Gorrín y la entonces canciller Delcy Rodríguez está documentada en el expediente. Los fiscales presentaron mensajes entre ambos sobre las especificaciones y documentos del contrato. En marzo de 2017, mientras la Junta Directiva de PDVSA se reunía en Caracas, se emitió una resolución —con copia a Rodríguez, quien también era vicepresidenta de PDVSA— que aprobaba la contratación de Interamerican Consulting, la empresa de Rivera, por 50 millones de dólares. La resolución autorizaba específicamente a PDV USA a firmar el contrato. No era una iniciativa empresarial privada: fue aprobada por la estructura del gobierno venezolano con la canciller como supervisora directa.
Las dos reuniones con Marco Rubio
Las reuniones con el entonces senador Marco Rubio ocurrieron en julio de 2017 y fueron dos:
· Primera reunión: Rivera le planteó a Rubio que personas dentro del gobierno de Maduro estaban dispuestas a negociar una salida pacífica. El plan incluía la carta firmada por Maduro dirigida a Trump. Rubio aceptó explorar la vía.
· Segunda reunión: Acordada para la entrega del documento, asistieron Rivera, su socia Esther Nuhfer y Raúl Gorrín. Rubio esperaba recibir la carta. Gorrín llegó sin ella. No hubo explicación. Se limitó a quejarse de la situación en Venezuela. Rubio calificó el encuentro como «una pérdida de tiempo» y dio por cerrada la vía.
El vacío que nadie ha llenado
La pregunta central no tiene respuesta en el expediente: ¿por qué no se entregó la carta? Se abren tres posibilidades, todas compatibles con los hechos conocidos.
1) Maduro pudo haber rechazado firmarla cuando le presentaron la propuesta.
2) Pudo haber conocido la oferta y negarse a comprometerse por escrito.
3) O pudo nunca haberse enterado de que esa carta le fue prometida a Washington en su nombre.
Cualquiera de las tres opciones deja al descubierto un hecho incómodo: la operación de lobby no era una iniciativa unificada del gobierno venezolano, sino una gestión impulsada por sectores internos que actuaban con autonomía, o al menos con información que no compartían plenamente con el presidente.
#EnConclusión
La sentencia de 10 años cierra el capítulo judicial contra Rivera, pero deja abierto el interrogante central. El gobierno de Venezuela pagó 20 millones de dólares para abrir un canal hacia Trump a través de Marco Rubio. La carta firmada por Nicolás Maduro que debía formalizar la oferta de salida negociada nunca fue entregada. El expediente confirma los pagos —3.75 millones a Raúl Gorrín incluidos—, documenta la coordinación entre Gorrín y Delcy Rodríguez, y recoge el testimonio de Rubio sobre las dos reuniones de julio de 2017. Lo que no explica es por qué, al momento de formalizar el acuerdo, el documento clave nunca apareció. Ese vacío es el corazón del caso.