Redacción La Tabla Plataforma de Periodismo de Datos 17 SEP 2026
En octubre de 2021, un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida acusó a cinco personas por lavado de dinero en un esquema de sobornos vinculado al programa CLAP. Entre los imputados está el exgobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora. El caso —número 21-cr-20509— no incluye formalmente a Alex Saab, pero sí a varios de sus socios más cercanos. La memoria de este expediente resurge ahora, casi cinco años después, por su similitud con el caso en el que Saab se declaró culpable en septiembre de 2026.
Un caso de 2021 que sigue vigente
La acusación fue presentada el 7 de octubre de 2021 y desprecintada el 21 de octubre de ese año. El expediente se tramita en la corte federal del Distrito Sur de Florida, en Miami. Los cargos son conspiración para lavado de dinero y cuatro cargos de lavado de dinero, con una pena máxima de hasta 100 años de prisión por persona. Cinco años después, el caso sigue abierto y los acusados continúan prófugos, a excepción de uno detenido en Caracas en 2026 por procesos venezolanos.
Los cinco acusados
· Álvaro Pulido Vargas (alias “Cuchi”): empresario colombiano y socio principal de Saab. Controlaba la empresa fantasma Group Grand Limited, que recibió contratos del CLAP.
· José Gregorio Vielma Mora: exgobernador del Táchira y actual diputado. Señalado de recibir sobornos para adjudicar contratos inflados a través de COBISERTA y CORPOVEX.
· Emmanuel Enrique Rubio González: empresario colombiano e hijo de Pulido, vinculado a la operativa del entramado.
· Carlos Rolando Lizcano Manrique: empresario colombiano, responsable de recibir y distribuir las cajas de comida en el Táchira.
· Ana Guillermo Luis: ciudadana venezolana y española, señalada de gestionar la infraestructura financiera offshore para mover los fondos.
El rol de Vielma Mora
El exgobernador es la figura política clave. Según la acusación, entre diciembre de 2016 y abril de 2018 recibió aproximadamente 17,2 millones de dólares en sobornos a cambio de usar su influencia para adjudicar contratos de alimentos a las empresas de Pulido. El esquema operaba a través de COBISERTA y CORPOVEX, entidades estatales que compraban alimentos a sobreprecio.
Los 180 millones y el interés de EE. UU.
La acusación detalla que los acusados recibieron aproximadamente 1.600 millones de dólares del Estado venezolano. Sin embargo, lo que activa la jurisdicción estadounidense es otro monto: 180 millones de dólares que fueron transferidos a través o hacia Estados Unidos, usando cuentas bancarias en Antigua, Emiratos Árabes Unidos, Panamá y Florida.
Estados Unidos no persigue el monto total del fraude al programa CLAP. Persigue el dinero que pasó por su sistema financiero. El objetivo es proteger la integridad de su banca y la fortaleza del dólar. La corrupción en Venezuela le importa en la medida en que el soborno a funcionarios extranjeros, penalizado por la FCPA, pone en desventaja a sus empresas en el exterior.
Situación legal actual
Los cinco acusados fueron declarados fugitivos por la corte. Lizcano Manrique fue detenido en Caracas en febrero de 2026 por procesos venezolanos, no por una alerta de INTERPOL vinculada a este caso. No hay información pública que confirme notificaciones rojas de INTERPOL para los demás.