La nueva acusación de Estados Unidos contra el barranquillero Alex Nain Saab Morán no revive solamente el expediente del testaferro de Nicolás Maduro. También revive una pregunta que llevaba años guardada en carpetas de inteligencia, en organigramas policiales y en archivos financieros: ¿quiénes estaban cerca de Saab cuando el negocio de los CLAP ya olía a lavado, hambre y corrupción?
La acusación es breve, apenas cinco páginas. Un solo cargo por blanqueamiento de dinero. Nada de grandes reconstrucciones noveladas. Nada de veinte nombres en fila. En contraste con la acusación anterior, mucho más extensa y detallada, esta parece escrita con bisturí. Pero en Estados Unidos la brevedad de un indictment casi nunca significa falta de historia. A veces significa estrategia.
Esta columna tuvo acceso a documentos de investigación e inteligencia de la Policía y la Fiscalía de Colombia, elaborados hacia mediados de 2018 específicamente sobre el tema de los CLAP, cuando el país y Estados Unidos ya seguían la ruta de Alex Saab, sus empresas, sus colaboradores, sus abogados, sus viajes y sus cajas de comida. Lo que aparece allí no es una sospecha nueva, es una fotografía vieja que hoy vuelve a tener valor judicial.
El negocio de los CLAP funcionaba como una mezcla de subsidio social, caja registradora y aparato de control político. Los CLAP se llamaban así por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, el nombre burocrático que el chavismo le puso a una red supuestamente comunitaria para distribuir alimentos subsidiados. En el papel eran comités populares para abastecer a los barrios y promover producción local. En la práctica, terminaron convertidos en una cadena de importación, sobrecostos, propaganda y control político: la comida como contrato, como premio y como castigo. Los juegos del hambre.
El régimen venezolano entregaba contratos multimillonarios para importar alimentos destinados a esas cajas, que luego se distribuían casa por casa entre los sectores más pobres. Pero, según la acusación estadounidense y los documentos de investigación locales, detrás de esa fachada humanitaria operaba una maquinaria mucho más sofisticada.
El Gobierno venezolano adjudicaba contratos para importar alimentos, los intermediarios armaban las cajas con productos comprados en México y Colombia, las cargas salían por puertos como Veracruz o Cartagena hacia La Guaira y Puerto Cabello. Una vez en Venezuela, las cajas pasaban por la estructura oficial de distribución, las comunas, los consejos comunales y los llamados jefes de calle. En el papel era asistencia social. En la práctica, era un sistema de control territorial en el que quien controlaba la caja controlaba el hambre, y quien controlaba el hambre controlaba el voto.
El dinero iba por otro camino. Ese siempre llegaba bien fresquito. La acusación habla de empresas de papel, facturas falsas, documentos de embarque alterados, sobornos y kickbacks para desviar cientos de millones de dólares que debían usarse en comida.
Los documentos colombianos en poder de esta columna describen una ruta financiera que pasaba por bancos, sociedades y cuentas en distintos países. Mientras, las cajas llegaban tarde, dañadas, incompletas o con productos de mala calidad. La comida se volvía propaganda. El sobrecosto se volvía ganancia. La necesidad se volvía contrato. Y el contrato terminaba convertido en una red internacional de lavado montada sobre la miseria venezolana.
En esos documentos, Saab no aparece solo. Aparece como el centro de una constelación empresarial, familiar, logística y política. Aparece con Group Grand Limited, la sociedad registrada en Hong Kong que, según los documentos colombianos, era una de las principales comercializadoras de los CLAP y tenía transacciones con empresas en México y Colombia encargadas de ensamblar y vender las cajas hacia Venezuela.
También aparece Shadi Nain Saab Certain, hijo de Alex Saab, señalado en los documentos como director de Group Grand Limited hasta febrero de 2017. No era un detalle menor: la empresa que aparecía en la ruta de los alimentos estaba conectada con el núcleo familiar del hombre que manejaba el negocio.
Aparece también Álvaro Enrique Pulido Vargas, conocido en los expedientes como Germán Enrique Rubio Salas. No era un socio cualquiera. Según los documentos, era el hombre que cargaba con un pasado de narcotráfico antes de convertirse en contratista del chavismo. Univisión Investiga reportó que Pulido fue condenado en Italia bajo otro nombre y que su abogado en Miami confirmó que había cambiado de identidad legalmente por un caso de narcotráfico.
Pulido aparece como socio, operador y pieza de enlace entre negocios anteriores con Venezuela, Ecuador y las estructuras que después terminarían alrededor de los CLAP. Los documentos lo vinculan con Fondo Global de Construcción, la empresa del convenio de viviendas prefabricadas entre Colombia y Venezuela, y con estructuras investigadas por exportaciones ficticias, lavado y operaciones a través del sistema SUCRE. En el mapa, Pulido no aparece como un personaje externo. Aparece como socio, como operador y como parte del mismo circuito de contratos, sociedades y negocios que fue creciendo alrededor del chavismo.
También aparece Emmanuel Enrique Rubio González, señalado como representante de Group Grand Limited en México y como hijastro de Pulido. Ese punto conecta el negocio familiar con la operación logística. Hong Kong servía como fachada corporativa internacional; México como centro de compra, empaque y salida de alimentos; Venezuela como comprador político; y las cajas CLAP como la excusa perfecta para mover mercancía, contratos y dinero bajo el lenguaje noble de la ayuda social.
En el mapa también figura José Gregorio Vielma Mora, entonces gobernador del Táchira y luego ministro de Comercio Exterior de Venezuela. Según los documentos, en octubre de 2016 participó en negociaciones para importar diez millones de cajas CLAP con Group Grand Limited. No era un funcionario menor. Era un operador del chavismo en una zona fronteriza clave, con acceso al aparato estatal venezolano y al negocio que mezclaba abastecimiento, territorio y política.
También en el mapa figura Amir Luis Saab Morán, hermano de Alex, dentro del círculo familiar y empresarial. Aparece Karen Vanessa Junca Bravo, secretaria privada y persona de confianza de Saab, encargada, según los documentos, de viajes, citas, tarjetas, cuentas y coordinación cotidiana. Aparece Mario Germán García Palacio, abogado de Saab, señalado como encargado de la creación y formalización de documentos de administración financiera en coordinación con Amir Saab.
Y aparece Julio César Ruiz Maestre, contador y representante legal de varias sociedades relacionadas con el entorno Saab. Su nombre es importante porque conecta el mapa corporativo con los movimientos financieros. En los documentos, Ruiz Maestre figura asociado a empresas como Constructora R&V, Comercializadora Nantes, Promotora Dubera, Inversiones Salmcorp y GST Vehículos, varias de ellas registradas en la misma dirección de Barranquilla. En una investigación de lavado, una misma oficina, varios objetos sociales, representantes repetidos y movimientos millonarios no son detalles administrativos. Son datos y hay que darlos.
Pero la persona que aparece más cerca de Saab en múltiples mapas de investigación e inteligencia presentados ante autoridades de Estados Unidos es el abogado Abelardo de la Espriella. No aparece en un mapa cualquiera, sino en una red que mezclaba familia, sociedades offshore, alimentos subsidiados, contratos públicos venezolanos, intermediarios mexicanos, funcionarios chavistas, rutas portuarias, contadores y empresas de fachada.
En un organigrama de inteligencia, la ubicación no es un adorno. Es información. La cercanía no se dibuja por estética, sino para mostrar cómo opera una red: cuáles son sus vínculos, sus jerarquías, sus roles y sus dependencias; quién toca al investigado, quién conecta los puntos y cómo se mueve la criminalidad.
Abelardo no aparece en la periferia, sino cerca del centro, junto a Saab, identificado como abogado y apoderado de su núcleo familiar. Según esos documentos, es uno de los nombres más próximos al empresario barranquillero que hoy vuelve a estar acusado en Estados Unidos por el negocio de los CLAP. La defensa obvia será decir que un abogado puede representar a cualquier cliente, y eso es cierto. Esta columna no está preguntando si defender a Saab era delito. Está examinando por qué el hoy candidato presidencial aparece ubicado tan cerca del operador financiero más importante del chavismo en los documentos de inteligencia colombianos sobre los CLAP.
La pregunta importa más ahora porque esa investigación de 2018 no quedó como una curiosidad archivada. Los hechos que allí se describían, las cajas de comida, los sobrecostos, las empresas de fachada, las rutas internacionales, los contratos venezolanos y el lavado, son precisamente el corazón de la nueva acusación estadounidense contra Saab. Y eso no es un dato menor y su timing no es una coincidencia.
En especial porque el Distrito Sur de la Florida habría podido escoger un camino distinto. Imputarle delitos más recientes, operaciones más nuevas, negocios posteriores o conductas ocurridas después de su regreso triunfal a Caracas. Pero decidió volver al origen, acusarlo por los CLAP. Decidió regresar al negocio del hambre de los más necesitados. Lo que antes estaba en mapas de inteligencia hoy aparece, años después, convertido en caso penal. Y en esos mapas, Abelardo de la Espriella no era una nota al margen. Era uno de los nombres más cercanos al centro.
Hay además otro archivo que vuelve la pregunta más incómoda. No es un mapa, sino una hoja de Excel de movimientos financieros. Allí el nombre “Abelardo” aparece tres veces en menos de una semana, asociado a registros millonarios y a nombres que también figuran en el entorno investigado. El primero está registrado como “alex / abelardo / efe / jueves 21”, por 200 millones de pesos. El segundo dice “cheque julio ruiz / martes 26 / abelardo”, por 180 millones de pesos. El tercero dice “cheque julio ruiz ofi / miércoles 27 / sdo abelardo”, por otros 180 millones de pesos.
Como dijimos, César Ruiz era el contador y representante legal de varias sociedades relacionadas con el entorno Saab registradas en la misma dirección de Barranquilla. Es decir, el nombre que aparece en la hoja de movimientos no es un extraño al mapa. Y aparece girando 560 millones de pesos registrados en tres anotaciones que mencionan a un Abelardo. El archivo no prueba, por sí solo, el destino final del dinero. No explica si se trataba de honorarios, anticipos, saldos, pagos a terceros o simples anotaciones internas. Pero en una investigación de lavado los nombres no se leen solos. Se leen con las fechas, con los montos, con los pagadores, con los mapas y con el contexto.
Y el argumento acá es que el mismo expediente que ubica a Abelardo de la Espriella como abogado y apoderado cercano a Alex Saab y a su familia contiene una hoja de movimientos en la que aparecen tres registros millonarios asociados a su nombre. El mapa muestra la cercanía. La hoja muestra el movimiento. Juntos no condenan, pero preguntan. Y la pregunta es demasiado grande para esconderla debajo de un rugido de tigre, un saludo militar, una encuesta o un discurso patriótico.
En especial porque el caso Saab nunca fue solamente venezolano. Nació en Barranquilla, creció en Caracas, se movió por México, pasó por Ecuador, usó bancos en Suiza, tocó Miami, reapareció en Colombia y terminó, otra vez, en una corte federal del sur de la Florida.
En esa dimensión también aparece Piedad Córdoba. Los documentos la ubican como una posible relación política de Alex Saab, mencionan visitas a su apartamento en París, la conectan con Maduro y Cilia Flores y la acercan, por esa vía, al sobrino, Erick Malpica Flores, tesorero nacional de Venezuela. También señalan una posible relación con Álvaro Pulido, alias Germán Rubio.
El papel de Piedad, según esos documentos, no parece el de una operadora logística de cajas ni el de una contadora de facturas. Parece más bien el de un puente político, una bisagra, una puerta de entrada. Y esa también tocaba a Abelardo de la Espriella, con quien mantuvo una cercanía política y personal antes de su muerte demostrando que en el mundo Saab, las fronteras ideológicas siempre fueron más flexibles que las rutas del dinero.
La izquierda chavista, el abogado de derecha, los contratistas barranquilleros, los operadores venezolanos y los intermediarios internacionales no aparecen en compartimentos separados. Aparecen en el mismo mapa, alrededor del mismo negocio y bajo la misma sombra.
Por eso, la nueva acusación contra Saab importa más allá de Venezuela. No es solo el regreso judicial de un contratista del chavismo. Es la reactivación de un expediente que conecta comida subsidiada, lavado internacional, corrupción pública, operadores colombianos y nombres que hoy tienen vida política propia.
La acusación corta puede leerse de dos maneras. La primera es que se trata de un indictment provisional, abierto a ampliaciones, diseñado para poner a Saab de nuevo dentro del sistema y luego construir el resto del caso. La segunda es que la imputación ya llega negociada. Esa segunda hipótesis tiene lógica ya que Saab conoce el sistema, estuvo preso, y fue acusado antes en una causa más amplia que incluía Irán y terrorismo. Fue liberado en el intercambio político de 2023 y volvió a Venezuela como héroe del régimen. Sabe qué quieren saber los fiscales, qué preguntan los agentes y qué nombres pueden interesarle a Estados Unidos.
Pero también tiene un obstáculo. Los fiscales, agentes de la DEA y del FBI que trataron con Saab en el pasado quedaron decepcionados cuando decidió no seguir colaborando como informante. Después, al regresar a Venezuela, el régimen lo recibió como trofeo. Nadie necesitaba explicarles a esos agentes que Saab podía contar en Caracas qué le habían preguntado en Estados Unidos.
El paquete que vuelve no es la caja CLAP. Es la caja negra de Saab. Y si Saab está colaborando, esa caja negra ya no guarda solamente secretos del régimen de Maduro, de los intermediarios mexicanos o de los operadores del negocio del hambre. También podría guardar secretos de quien hoy quiere ser el próximo presidente de Colombia. No sería un accidente.
@yohirakerman; [email protected]
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