Estados Unidos desató una operación bélica en Venezuela que dejó más de 100 muertos y costó millones de dólares para capturar a Nicolás Maduro con un caso de narcotráfico que sus propios fiscales consideran endeble. Dos meses después, ante la falta de solidez, abrieron una nueva investigación en Miami. Una guerra montada sobre acusaciones frágiles y víctimas inocentes.
Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 20 MAY 2026
Una investigación exclusiva de CBS News revela que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó en marzo pasado abrir un nuevo proceso penal contra Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, en el Distrito Sur de Florida (Miami).
La medida, confirmada por múltiples fuentes, responde a serias dudas internas sobre la debilidad del caso por narcotráfico que se les sigue en Nueva York, por el cual fueron capturados el pasado 3 de enero en territorio venezolano y trasladados por la fuerza a una prisión federal en esa ciudad.
En un giro que pone en entredicho los fundamentos de la operación militar que secuestró al mandatario venezolano, fiscales federales en Miami recibieron la orden de abrir una nueva investigación criminal contra Maduro y Flores. Fuentes familiarizadas con el asunto indicaron a CBS que la decisión se tomó después de que altos funcionarios de Justicia y la Casa Blanca expresaran en privado su preocupación por la falta de cargos de lavado de dinero en la acusación original del Distrito Sur de Nueva York.
“El indicio contra Maduro es endeble”, admiten las fuentes. La propia fiscalía neoyorquina sostiene su acusación en que Maduro habría entregado “pasaportes diplomáticos a narcotraficantes”, pero no presenta pruebas de flujos financieros rastreables. Un alto funcionario citado por CBS señala que “sin lavado de dinero, el caso se desmorona”.
La nueva investigación alterna se inició formalmente en marzo, más de dos meses después de la captura del presidente venezolano (ocurrida el 3 de enero). Su apertura coincide con la deportación a Estados Unidos, el sábado 16 de mayo, del empresario Alex Saab, estrecho colaborador de Maduro.
Saab fue indultado en 2023 por Joe Biden y devuelto a Venezuela en un canje de prisioneros; sin embargo, ahora es reacusado en Miami por presunto lavado vinculado al programa de alimentos CLAP. Los fiscales creen que Saab controla parte del dinero de Maduro, por lo que este nuevo caso serviría como andamio para sostener una condena que el expediente original no garantiza.
Lo contradictorio resulta evidente: Washington desplegó una operación bélica en suelo venezolano el 3 de enero –que dejó un saldo de más de 100 venezolanos muertos y varios de los escoltas cubanos del mandatario fallecidos– para capturar a Maduro bajo una acusación que, dos meses después, sus propios fiscales consideran frágil. Ante la virtual imposibilidad de proceder en Nueva York, optaron por abrir otro caso, en otra jurisdicción, con elementos reunidos después del secuestro.
“La operación se montó sobre una base ficticia”, concluyen analistas consultados. La propia publicación de CBS destaca que, pese a años de intentos, nunca se ha podido vincular directamente a líderes venezolanos con cuentas en Estados Unidos. El único alto funcionario condenado en Miami fue el ex tesorero Alejandro Andrade, en 2018.
Ni el Departamento de Justicia ni la defensa de Maduro han comentado la nueva pesquisa. Mientras tanto, el presidente venezolano permanece en una celda en Nueva York acusado de narcoterrorismo, pero con un caso que sus propios creadores admiten, en privado, no tener solidez. La guerra judicial apenas comienza, pero el daño político y humano de una invasión basada en una acusación débil ya es irreversible.