Detrás de los grandes procesos anticorrupción no hay una defensa del erario público, sino una herramienta para dirimir conflictos entre facciones de la burguesía local y el capital global. El caso PDVSA-Atlantic 2012, silenciado durante una década, y el posterior estallido de PDVSA-Cripto en 2023, muestran cómo la justicia se activa o se duerme según las alianzas de poder del momento. La liberación de Alex Saab y su llegada a Florida anticipan una nueva fase: usar la corrupción como arma judicial contra Nicolás Maduro, después de que las acusaciones de narcotráfico perdieran fuerza.
Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 17 MAY 2026
Dos premisas para desarmar el relato dominante
Antes de analizar los procesos judiciales que se reactivan desde Estados Unidos y otras jurisdicciones contra líderes latinoamericanos, es necesario considerar dos aspectos previos.
Primero: el carácter instrumental de la legislación anticorrupción. En la mayoría de los países centrales, las normas que sancionan la corrupción no están diseñadas para impedir el fraude contra el Estado, sino para evitar que ese fraude perjudique la competencia entre oferentes privados en contratos públicos. Lo que se castiga no es el aprovechamiento de activos del Estado en beneficio personal, sino que esa práctica afecte las ventajas de los competidores. La protección del capital corporativo, no la del erario, es el verdadero objeto de tutela.
Segundo: la excepcionalidad procesal como herramienta de presión. El caso de Alex Saab es paradigmático: liberado y sobreseído tras un intercambio de rehenes entre Venezuela y Estados Unidos. Pero ese sobreseimiento es absolutamente excepcional y personalísimo. No extingue la causa general. Saab puede quedar exento, pero el expediente sigue abierto para otros, y la exigencia implícita de que aporte testimonios contra Nicolás Maduro y su esposa convierte el aparato judicial en un mecanismo de negociación geopolítica.
El fondo: confrontación de burguesías, no lucha contra el fraude
Superados esos dos aspectos, el fondo revela una verdad incómoda: lo que motiva estos procesos no es la corrupción en sí, sino la confrontación entre distintas facciones de la burguesía local y sus aliados del capital mundial.
Un solo caso basta para dimensionarlo. En marzo-abril de 2012, el comité directivo de PDVSA —integrado por Rafael Ramírez (presidente), Asdrubal Chávez (vicepresidente de producción), Víctor Aular Blanco (vicepresidente de finanzas) y el secretario de la junta— acordó un préstamo en bolívares otorgado por una entidad llamada Administradora Atlantic 17107, representada por el abogado Juan Andrés Wallis Brandt.
Se trataba de un crédito de capital de trabajo para PDVSA, que debía pagarse en un plazo muy corto en dólares, aprovechando los diferenciales cambiarios del control de cambio. Un fraude cuantioso contra la República.
Los documentos circularon públicamente. Los participantes fueron plenamente identificados. El secretario de la junta apareció (años después) muerto por suicidio en un galpón industrial cerca de Madrid. Sin embargo, no hubo ninguna actuación jurisdiccional para sancionar el hecho fraudulento.
Pasaron diez años. En agosto de 2022, el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, presentó una denuncia «ceremonial» ante el Ministerio Público. Capturaron a Aular Blanco y a Wallis Brandt le dictaron orden de aprehensión. Mostraron a Aular con overol naranja confesando. Pero a las semanas, sin explicación, se le otorgó un sobreseimiento ejecutado de inmediato. Quedó en libertad. La investigación se detuvo.
El estallido de 2023 y el factor Velutini
A inicios de 2023 estalló el escándalo de PDVSA-Cripto. El Aissami renunció. Se desplegó un operativo riguroso de investigación y capturas, y esa causa sí avanzó. No hay duda de la gravedad de esos hechos, pero la decisión de perseguirlos penalmente no fue neutra: estuvo mediatizada por la confrontación entre grupos de la burguesía.
¿Quiénes eran los actores del lado empresarial? Juan Andrés Wallis Brandt era y sigue siendo asesor jurídico de extrema confianza de la familia Velutini, banqueros e inmobiliarios. Ha sido consultor jurídico del Fondo de Valores Inmobiliarios (FVI), entidad que titula papeles con garantía inmobiliaria cotizados en la bolsa de Nueva York, y promotora de centros comerciales como San Ignacio y El Tolón y edificios de oficinas.
El actual jefe del grupo es Horacio Velutini, líder del mercado bursátil de Caracas, quien hace dos años encabezó el relanzamiento de la bolsa de valores local y es considerado uno de los empresarios más exitosos en su relación con el gobierno.
Conexiones que no son delitos, pero son mapa de poder
Paralelamente, Wallis Brandt fue miembro de la junta directiva del diario El Nacional. En esa misma junta coincidía José Simón Elarba, propietario de Fospuca (compañía de aseo urbano que ha operado durante diez años en numerosos municipios). En 2023, Elarba se convirtió en el principal accionista del banco Bancamiga, entidad que había sido propiedad de Samark López Bello —el operador financiero de la trama PDVSA-Cripto—. Bancamiga fue intervenido y rescatado mediante la oferta de Elarba.
Esta nota no imputa responsabilidades formales. Solo deja constancia de relaciones absolutamente legítimas que resultan cruciales para entender el momento actual: cuando se reactivan procesos judiciales desde Estados Unidos, lo que realmente está en juego es la lucha entre fracciones del capital por el control del Estado y sus rentas.
De «los soles» a la corrupción, pasando por Saab y Florida
Los grupos empresariales utilizan el mecanismo jurisdiccional para enfrentarse y dirimir sus diferencias, según la posición que hayan logrado adquirir frente a la burocracia. Pero también —y es lo más común— utilizan ese recurso contra la propia burocracia. Por eso la mayoría de los procesados por corrupción son funcionarios de estructuras burocráticas, tanto de gobiernos como de empresas privadas.
En el caso de la captura, extracción y secuestro del presidente Nicolás Maduro, inicialmente se le acusó como parte de una organización de narcotráfico denominada «Cartel de Los Soles». Ante la pérdida de fuerza e impacto de esas acusaciones, una posibilidad que se está visualizando es que utilicen los casos asociados a corrupción de la burocracia y los grupos de poder económico para actuar también contra el presidente venezolano actualmente preso en Estados Unidos.
En modo «filtración» se divulgó que el presidente Trump había planteado la posibilidad de llevar el caso contra Maduro qal estado de Florida. Parece ser que en esa entidad, los sectores vinculados a él tienen mayor influencia sobre las instituciones judiciales, lo que facilitaría cualquier mecanismo de acusación que comprometa a Maduro, a su esposa y a los hijos de esta.
En ese sentido, resulta evidente que la deportación o entrega irregular de Alex Saab a Estados Unidos —específicamente al estado de Florida, como se ha mencionado— tiene el propósito instrumental de recuperar la fuerza de la actuación judicial contra Maduro. No estamos pronosticando nada, sino visualizando, a partir de las conexiones que ya existen, una posibilidad muy factible.
En modo instrumental
El sistema judicial —doméstico e internacional— no opera como un mecanismo autónomo de defensa del interés público. Opera como una herramienta más en la confrontación entre burguesías. La corrupción se persigue o se duerme según convenga a los alineamientos de poder del momento. El caso PDVSA-Atlantic 2012 pasó una década sin consecuencias; el caso PDVSA-Cripto 2023 se activó cuando el tablero político cambió. Saab es deportado, pero su expediente sigue vivo como espada de Damocles. Los Velutini, los Elarba, los Wallis Brandt y los López Bello tejen redes que cruzan medios de comunicación, bancos intervenidos, juntas directivas y causas penales selectivas.
No se trata de denunciar ilegalidades. Se trata de tener conciencia de que ahí están presentes, operando. Y de que cualquier análisis que se limite a repetir el mantra anticorrupción sin revelar a quién beneficia y a quién castiga la justicia en cada momento será, a lo sumo, ingenuo. En el peor de los casos, cómplice.