CARACAS / MIAMI — Un nuevo litigio por la presunta apropiación ilícita de activos comerciales en Venezuela involucra al empresario Raúl Gorrín. Una demanda introducida en tribunales locales, y que busca amparo en cortes federales de Estados Unidos, señala que Gorrín habría recibido pagos de 700.000 dólares mensuales a cambio de brindar protección e influencia para la toma forzosa del Casino Grand CCCT, ubicado en Caracas.
La querella legal, interpuesta el pasado 22 de abril, fue impulsada por la empresaria Itamar Paraguacuto, antigua propietaria del establecimiento. En el documento se acusa directamente a Ronny Jack El Asmar —actual director del casino— y a Gustavo Perdomo de orquestar el desalojo de los dueños originales mediante amenazas, coacción y secuestro.
Según los alegatos de los demandantes, El Asmar habría ejecutado el despojo del negocio y estructurado el pago de una «multa» o tarifa de protección de 700.000 dólares cada mes a favor de Gorrín, con el objetivo de blindar la operación y manipular el sistema judicial venezolano a su favor.
Antecedentes e implicaciones internacionales
La acción legal suma un nuevo frente judicial para Gorrín, quien ya enfrenta acusaciones y sanciones por parte de la justicia y el Departamento del Tesoro de EE. UU. relacionadas con esquemas de lavado de dinero y corrupción bajo las leyes de control cambiario de Venezuela. Los abogados de Paraguacuto han manifestado su intención de escalar la disputa a una corte federal estadounidense, argumentando una falta de garantías y un alto riesgo de interferencia en los tribunales de Caracas.
Por su parte, Ronny Jack El Asmar, figura recurrente en el sector de la cría de caballos purasangre en Venezuela, registra historial judicial en el país. Registros de 2014 indican que un tribunal caraqueño lo sentenció por legitimación de capitales, agavillamiento y suministro de sustancias estupefacientes a animales, derivado de una investigación por el dopaje de equinos en el hipódromo La Rinconada y el manejo de casas de apuestas no autorizadas. En aquel entonces, las autoridades determinaron que controlaba de manera irregular a más de 35 purasangres.
El avance de este caso arroja nueva luz sobre las complejas estructuras de propiedad y las presuntas redes de extorsión que operan en torno a la reactivación de la industria de casinos y juegos de azar en la nación sudamericana.
