El policía Pinto, especialista en comunicaciones e interceptaciones, le pidió a su interlocutor De la Espriella Lawyers un teléfono iPhone para comunicarse con más seguridad. La abogada, según su propia declaración, volvió a consultar con sus jefes y al día siguiente le llevó el teléfono. Pinto le hizo un extraño pedido. Que, cuando hablaran por esa línea, fingieran ser pareja por seguridad. Según Escorcia, sus superiores le dijeron que le “siguiera la corriente”.
La cosa empeora el 9 de septiembre, a 15 días del fallido operativo, cuando Pinto le pidió una reunión personal a la abogada de De la Espriella Lawyers por la zona del aeropuerto. Se reunieron en un centro comercial, y ahí le dijo a Escorcia que tenían que sacar a la familia de Saab del país, porque se venía la captura inminente en los siguientes días.
“Me dice que no hable nada por teléfono, ya que todo lo escuchan, y que mejor mande a la familia de Saab de vacaciones para que no los capturen; que él puede borrar las llamadas de todos los informes y que a cambio de eso él quería lo que Alex Saab se gastaba en su caja menor, es decir, 500 millones de pesos”. La abogada informó de todo a sus superiores.
Aquí aparece la pregunta que persigue al candidato Abelardo de la Espriella desde entonces y que sigue sin responder: si su oficina supo desde inicios de septiembre de 2018 que un policía corrupto estaba filtrando información privilegiada sobre una captura inminente de uno de sus clientes, ¿por qué la denuncia formal apareció solo el 26 de septiembre, cuando el operativo ya había fracasado y su cliente ya había salido del país?
Durante 23 días la información circuló dentro de la firma. Durante 23 días no hubo denuncia. El 24 de septiembre el operativo conjunto de las autoridades colombianas y de Estados Unidos se frustró. El 26, a las 4:30 de la tarde, apareció la denuncia en una estación de policía del Gaula en Barranquilla. La secuencia no es ambigua. Es cronológica.
La abogada María Paula Escorcia, al ser preguntada por la Policía Judicial si antes había puesto esos hechos en conocimiento de las autoridades, contestó: “No, solo el día de hoy”. Y peor todavía, que esa denuncia tardía se intentó presentar como una extorsión y no como un cohecho.
El propio Abelardo de la Espriella ha sostenido que desde el primer momento ordenó informar al entonces director de la Dijin, general Jorge Luis Vargas. Pero el general sostuvo algo distinto, que el contacto con la firma ocurrió sólo después del fracaso del operativo. Las fechas no cuadran. Y cuando las fechas no cuadran, la historia de De la Espriella tampoco.
Hay más. Mucho más. Cuando Pinto fue capturado, juzgado y condenado por interceptación ilícita de comunicaciones y cohecho, su propio abogado dijo en audiencia que estaba delatando a otras personas que podían estar incursas en responsabilidad. Incluso pidió que lo mantuvieran aislado porque, según dijo, gente extraña había estado preguntando por él. Sin embargo, la justicia condenó al policía que recibió el iPhone, pero ni el juez ni la Fiscalía se ocuparon de perseguir con el mismo entusiasmo a quienes entregaron la dádiva. Es decir, se sancionó al eslabón corrupto más débil, pero el resto de la escena quedó convenientemente borroso. Un desenlace demasiado colombiano.
Por eso es tan importante una queja disciplinaria por estos hechos que se puso en noviembre de 2020. Porque no se quedó en el gesto retórico, ni trató el asunto como un desliz individual de la abogada Escorcia. Apuntó a la cadena de mando. Y nombró a Abelardo de la Espriella y a Daniel Peñarredonda, como directivos visibles de De la Espriella Lawyers.
La queja, además, no era una acusación al aire. Pedía testimonios concretos: el de Pinto, el de su abogado José Luis Torres Martínez y el del general en retiro Juan Carlos Buitrago, quien no solo ha documentado el episodio de Saab, sino que en su libro ha ido más lejos, acusando a Abelardo de la Espriella de haber participado en maniobras que terminaron bloqueando la captura de otro de sus polémicos clientes: el contrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo.
De la Espriella lo calificó como una falsedad total, incluso lo llevó a los tribunales. Pero el punto no es la disputa personal. El punto es que cuando episodios distintos empiezan a repetir el mismo patrón, filtraciones, advertencias, capturas frustradas, deja de parecer una coincidencia en el ataque y empieza a parecer un método en la defensa.
Recordemos que el expresidente Juan Manuel Santos dijo en agosto de 2020, durante un congreso de Fedecámaras, que tenían listo el operativo para capturar a Saab y que su abogado en Colombia, el de Saab, de alguna forma le avisó a la familia, y por eso se volaron a Venezuela.
El general Buitrago contó en La W, el 18 de septiembre de 2020, que un policía fue sobornado para entregarle información al abogado de Saab y que dos días después el empresario huyó. La pregunta en ambos casos era la misma: ¿por qué eso no se judicializó a fondo? ¿Por qué si el escándalo era de tal tamaño terminó reducido a un patrullero sentenciado?
La respuesta de De la Espriella a Santos no fue una explicación documentada. Fue un trino insultante en la cuenta de su firma, tratándolo de hacedor de montajes y tartufo. Otra vez el libreto conocido, cuando no puede despejar la sombra, intenta atacar a quien la revela.
Y mientras tanto, los procesos han seguido otro camino. El caso, como otros, terminó cerrado por prescripción. El propio candidato lo presenta como una prueba de que no hubo responsabilidad, pero lo cierto es que la justicia nunca ha terminado por resolver de fondo lo ocurrido. No hubo absolución. Hubo dilación y calendario.
Y cuando es preguntado por esto, su libreto de ataques no se ha disminuido, al contrario, se ha perfeccionado. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha establecido que De la Espriella ha desplegado una estrategia de acoso judicial contra periodistas que han examinado su pasado, incluido este columnista.
La organización registró 109 casos de injuria y calumnia sólo entre 2008 y 2019, la mayoría sin prosperar. La propia FLIP explicó que muchas de esas acciones no buscan ganar jurídicamente, sino presionar, amedrentar y desgastar. Ahí hay un patrón que importa porque revela algo más profundo que el temperamento de un abogado mediático, revela una forma de relación con la crítica, con el escrutinio y con la verdad incómoda.
Por eso la ironía actual es tan grande. Mientras De la Espriella intenta acercarse a María Corina Machado para consolidar su imagen de enemigo de la izquierda en la región, su pasado sigue amarrándolo al hombre que durante años fue uno de los principales operadores financieros del régimen de Nicolás Maduro. Y no solo amarrado por la relación profesional con Saab, sino por las preguntas no resueltas sobre lo que su oficina supo, manejó y calló cuando recibió información privilegiada sobre una investigación de la DEA que incluía lavado de activos y apoyo a Hezbolá.
No se trata de reprocharle a un abogado haber defendido a un representado culpable. Un abogado no es responsable de los pecados de su cliente. Ese argumento es demasiado fácil y, en abstracto, incluso tramposo. Se trata de entender cómo se hace, y si la defensa cruzó la línea entre representar y beneficiar a su cliente de una filtración ilegal obtenida gracias a un soborno. Ahí es donde empieza el problema real. De preguntar cuándo la defensa dejó de parecer defensa y empezó a parecerse más a obstrucción, silencio táctico y ventaja ilegal.
Al final, el problema no es a quién defendió el candidato De la Espriella. Es lo que hizo mientras lo hacía. Su debilidad no son Alex Saab, Papá Pitufo ni sus otros polémicos clientes. Son ellos como espejo en el que se reflejan los métodos que hoy quiere ocultar.
@yohirakerman; [email protected]
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