La llegada a Caracas del diplomático John Barrett, el mismo que ejecutó el plan en Guatemala, y la vulnerabilidad extrema del país tras años de bloqueo y sanciones, hacen altamente probable que Estados Unidos exija un acuerdo comercial que obligue a Venezuela a comprar etanol estadounidense y a mezclarlo en sus gasolinas.
Redacción: La Tabla/ Plataforma de Periodismo de Datos 16 ABR 2026
La misma maquinaria que Estados Unidos utilizó para forzar a Guatemala y El Salvador a adoptar la mezcla obligatoria de etanol E10 en sus combustibles se ha puesto en movimiento hacia Venezuela. Esta vez, la operación cuenta con una ventaja decisiva: el país se encuentra en un estado de vulnerabilidad extrema, producto de un bloqueo económico que ha devastado su industria petrolera, un despliegue naval estadounidense en 2025 que cercó sus costas, y la actual situación de un gobierno encargado con capacidad de negociación prácticamente nula.
El engranaje diplomático ya está activo. John Barrett, quien hasta el 14 de abril se desempeñaba como Encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Guatemala —donde lideró la presión para que ese país aceptara la mezcla E10 y se comprometiera a comprar al menos 50 millones de galones anuales de etanol estadounidense— ha sido trasladado a Caracas. Su perfil no es el de un diplomático de carrera: antes fue ejecutivo de PepsiCo, un hombre que concibe las relaciones internacionales como extensiones del mundo de los negocios. Su misión en Venezuela es repetir el libreto.
Un contexto de asfixia que impide el rechazo
Venezuela llega a esta eventual negociación en condiciones de desigualdad absoluta. Las sanciones impuestas por Washington, renovadas y endurecidas durante años, han logrado que aproximadamente el 70% de las exportaciones petroleras venezolanas dependan de licencias otorgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a empresas como Chevron. Sin esas licencias, la producción se paralizaría. Los diluyentes necesarios para mover el crudo pesado venezolano provienen mayoritariamente de Estados Unidos. La refinería Citgo, activo venezolano en territorio estadounidense, está bajo control judicial y su futuro depende de decisiones unilaterales de Washington.
En este escenario, cualquier gobierno encargado —actualmente el de Delcy Rodríguez— carece de margen para rechazar una demanda de la Casa Blanca. La historia reciente lo confirma: en los últimos meses, Venezuela ha aceptado acuerdos migratorios, petroleros y de seguridad que ningún país soberano admitiría en condiciones normales. El patrón es claro: Washington identifica un sector de interés, redacta un documento con condiciones favorables a sus empresas, y lo presenta como la única alternativa a un endurecimiento aún mayor de las sanciones.
El acuerdo que se viene
Según los elementos disponibles —incluyendo los acuerdos ya firmados en Centroamérica y las declaraciones públicas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)—, el convenio que se le exigiría a Venezuela contendría tres disposiciones centrales:
1. Obligatoriedad de la mezcla E10: el gobierno venezolano deberá emitir un decreto que establezca que toda la gasolina expendida en el país debe contener un 10% de etanol, con un plazo de implementación no mayor a doce meses.
2. Compromiso de compra anual mínima: Venezuela se obligaría a adquirir un volumen de etanol estadounidense que, por el tamaño de su parque automotor (unos 5 millones de vehículos), se situaría probablemente entre 50 y 80 millones de galones anuales.
3. Cláusula de no competencia: se prohibiría la importación de etanol de otros países (especialmente Brasil) o el desarrollo de una industria nacional de etanol a partir de caña de azúcar, a menos que sea en asociación con empresas estadounidenses.
Además, el cumplimiento de estas condiciones estaría vinculado a la renovación periódica de las licencias de la OFAC para la exportación de crudo venezolano. Cualquier incumplimiento activaría aranceles adicionales o la suspensión de las licencias.
Los actores detrás de la operación
Esta ofensiva no es una ocurrencia aislada de la Casa Blanca. Es el resultado de una maquinaria que articula intereses públicos y privados, la misma que operó en Centroamérica:
· El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) , que ve en Venezuela un mercado cautivo para absorber los excedentes de una industria que en 2025 alcanzó una producción récord de 16.400 millones de galones.
· El Consejo de Granos y Bioproductos de EE. UU. (USGBC) , brazo técnico y de cabildeo que ya ha realizado estudios de viabilidad en otros países petroleros.
· Las asociaciones Renewable Fuels Association (RFA) y Growth Energy , los dos grupos de presión más poderosos del sector, que celebraron los acuerdos con Guatemala y ahora miran hacia Caracas.
· Chevron Corporation, que opera en Venezuela y que sería la principal beneficiada de un acuerdo que le permitiría controlar no solo la extracción de crudo sino también la cadena de suministro de combustibles.
En el centro de esta red se encuentra John Barrett, quien llegó a Caracas con un mandato claro: cerrar la venta. Su experiencia en el sector de alimentos y bebidas, sumada a su reciente desempeño en Guatemala, lo convierten en el operador ideal para una negociación que se desarrollará en condiciones de asimetría extrema.
Lo que ya ocurrió en Centroamérica anticipa lo que viene para Venezuela
En Guatemala, el gobierno aceptó la mezcla E10 a partir del 30 de junio de 2026 sin que mediara un debate técnico profundo ni una consulta a los sectores afectados. La embajada estadounidense, con John Barrett a la cabeza, presionó abiertamente a los empresarios y recordó públicamente los «compromisos adquiridos» por el país en el acuerdo comercial. El resultado: gasolina más cara, protestas de transportistas y una cláusula que obliga a comprar etanol estadounidense, no importar de otras fuentes ni desarrollar producción local.
En El Salvador, el mismo esquema se impuso con la complicidad de un gobierno que tampoco puso límites. Allí, la mezcla comenzará el 20 de junio de 2026, con la embajada actuando como agente de presión y el lobby del etanol celebrando cada paso.
En ninguno de estos países se respetaron los mecanismos habituales de discusión de políticas energéticas. No hubo estudios de impacto económico independientes. No hubo plazos razonables para adaptar la infraestructura. Solo hubo una imposición ejecutada a través de la red diplomática, con el USDA y las asociaciones de productores como sostén de fondo.
Venezuela es el siguiente eslabón de esta cadena. Las condiciones son incluso más favorables para Washington: el país no tiene capacidad de resistencia económica ni política, su industria petrolera está colapsada, y el gobierno encargado depende de las licencias estadounidenses para seguir operando. Lo que ocurrió en Guatemala y El Salvador —la imposición sin debate, la compra forzada, el silencio de los gobiernos— se repetirá en Caracas. La única diferencia será el volumen de negocio: mayor parque automotor, mayor consumo potencial de etanol, mayor beneficio para los productores de maíz de Iowa.
La maquinaria ya está en movimiento. John Barrett ya está en Caracas. El anuncio del acuerdo, cuando llegue, no será presentado como una imposición, sino como una «alianza energética» o un «compromiso ambiental». Pero quienes han seguido el rastro del dinero y la presión diplomática saben que se trata de una nueva conquista comercial de Estados Unidos en un país cuya resistencia, por ahora, se reduce a contar la historia.