La reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada por la Asamblea Nacional coloca a Venezuela, -según los datos comparativos disponibles- como el país con la carga fiscal más baja para proyectos de crudos pesados y extrapesados en América.
Las estimaciones preliminares indican que la carga tributaria total podría ubicarse entre 32% y 42%, por debajo de los rangos aplicados en México (50%–65%) y Canadá (55%–65%), los otros dos grandes productores de este tipo de crudos en el continente.
El texto oficial aún no ha sido publicado, por lo que estas conclusiones derivan únicamente de la información divulgada durante la segunda discusión parlamentaria.
El nuevo esquema fiscal se basa en tres componentes: una regalía flexible con un máximo de hasta 30%, un impuesto integral sobre ingresos brutos con una alícuota máxima de 15%, y la posibilidad de reducir la alícuota del Impuesto Sobre la Renta petrolero, que tradicionalmente ha sido de 50%.
Según los criterios aprobados, tal tasa podrá disminuirse hasta 34% cuando sea necesario para garantizar el equilibrio económico del proyecto. Esta reducción potencial refuerza la competitividad del nuevo esquema fiscal.
La determinación de estos porcentajes quedará en manos del Ejecutivo Nacional, con participación de los ministerios de hidrocarburos y finanzas, bajo criterios de naturaleza del proyecto, requerimientos de inversión, economicidad y competitividad internacional.
La reforma también incorpora un conjunto amplio de exenciones que reducen significativamente la carga parafiscal. Las empresas que operen bajo este marco quedarán exentas del impuesto a los grandes patrimonios y de contribuciones especiales previstas en las leyes de Ciencia y Tecnología, Deporte, Drogas y Protección de Pensiones, además de no estar sujetas a tributos estadales, municipales ni al compromiso de responsabilidad social de la ley de contrataciones públicas.
En conjunto, estas medidas configuran un régimen fiscal más simple y competitivo, orientado a atraer inversión y mejorar la viabilidad económica de proyectos de crudos pesados y extrapesados.
Aunque su impacto final dependerá de la publicación del texto oficial y de su implementación, los parámetros aprobados en la sesión parlamentaria representan un cambio significativo en la política petrolera venezolana y posicionan al país como el entorno fiscal más favorable del continente para este tipo de hidrocarburos.