Un mes después del terremoto que devastó el país, el balance asciende a 5.346 víctimas mortales. El Gobierno y la oposición intentan colaborar, mientras Estados Unidos aspira a gestionar directamente la ayuda. Este domingo, en todas las iglesias de Italia, se celebrará la colecta nacional convocada por la Conferencia Episcopal Italiana para apoyar la reconstrucción.
Este domingo 26 de julio, en todas las iglesias italianas será posible realizar una donación para las comunidades afectadas por el terremoto en Venezuela. Se trata de la colecta nacional convocada por la Conferencia Episcopal Italiana, «una forma concreta de mostrar solidaridad con quienes lo han perdido todo, lloran a sus seres queridos, han sido desplazados, están heridos o viven en condiciones de gran precariedad», subrayó el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, al explicar el sentido de la iniciativa.
Todas las aportaciones se destinarán a proyectos de ayuda específicos y coordinados. Los fondos llegarán a las comunidades más afectadas a través de Cáritas Italiana, que trabaja en estrecho contacto con Cáritas Venezuela, presente sobre el terreno con 30.000 voluntarios y cientos de parroquias.
«La amplia presencia de la Iglesia local permite llegar incluso a las comunidades más aisladas —explicó el padre Marco Pagniello, director de Cáritas Italiana— y acompañar a las personas mediante ayudas concretas y una cercanía que constituye una parte esencial de la respuesta».
Las donaciones del domingo se destinarán a este objetivo. Toda la información adicional puede consultarse en el sitio web de Cáritas Italiana.
La Guaira ya no es noticia. Aún más alejadas de los focos se encuentran las zonas del interior, también destruidas, como el municipio de Veroes, en Yaracuy, uno de los dos epicentros del terremoto del 24 de junio, que además sufrió inundaciones tras el desbordamiento del canal de riego Honda.
En realidad, la crisis humanitaria no ha hecho más que empezar.
«Los hospitales ya no tenían medicamentos antes del terremoto, imagínese ahora —cuenta María José Rivas, de 74 años, mientras espera frente a la pequeña clínica de campaña atendida por 40 médicos japoneses en Playa El Yate—. Al menos aquí también nos dan los medicamentos que perdimos bajo los escombros».
El sistema sanitario depende de trece hospitales de campaña instalados por los distintos equipos extranjeros que llegaron a Caracas después del terremoto. Antes de la tragedia, la escasez de medicamentos y suministros médicos ya afectaba al 91 % de los centros. También faltaban 100.000 profesionales sanitarios: todos habían emigrado debido a la crisis y a los salarios miserables.
Se teme la aparición de nuevas enfermedades por la exposición de los supervivientes a condiciones insalubres, así como nuevas oleadas migratorias hacia Colombia.
Mientras tanto, el número de fallecidos asciende a 5.346 y el de heridos, a 16.740. La mayor preocupación son las más de 50.000 personas desaparecidas, muchas de las cuales continúan bajo los escombros.
Las instituciones que debían responder a las crisis ya no existen. Fueron desmanteladas. Los obispos ya lo habían advertido después de la operación estadounidense del 3 de enero: era necesario «reconstruir la estructura institucional del país» y «devolver la independencia a los poderes públicos».
Sin embargo, ha sido el terremoto lo que ha despertado las conciencias del Gobierno y de la oposición, que han anunciado el inicio de «una agenda de trabajo conjunta» para la reconstrucción del país. Las conversaciones, promovidas por Estados Unidos, comenzarán el 1 de agosto en Caracas.
Participarán diez diputados de la Asamblea Nacional y otros diez antiguos diputados de la oposición, elegidos en legislaturas anteriores y obligados a exiliarse. El chavismo apela a la «unidad» del país y habla de una «hoja de ruta» destinada a «fortalecer la democracia».
La oposición, por su parte, habla de una «nueva etapa», de «estabilidad» y de la «recuperación» de la democracia, y agradece al Gobierno estadounidense su «firme apoyo al pueblo venezolano».
El objetivo es convocar nuevas elecciones, ya que el mandato interino de Delcy Rodríguez —centrada en desbloquear los activos venezolanos retenidos en el extranjero— expiró el pasado 3 de julio, según el artículo 234 de la Constitución.
Fuentes del Palacio de Miraflores explican a Avvenire que la presidenta estaría dispuesta a dar un paso atrás, pero el propio Donald Trump le habría pedido que permaneciera en el cargo.
El magnate —que protegió a Rodríguez frente a una demanda de indemnización de 314.000 millones de dólares presentada por tres ciudadanos estadounidenses que fueron tomados como rehenes por Maduro— afirma mantener una «relación increíble» con Caracas, donde, según él, la población está «muy contenta» con la presencia estadounidense. Sin embargo, considera que todavía no ha llegado el momento de celebrar nuevas elecciones.
Primero es necesario reconstruir la infraestructura petrolera. María Corina Machado, en cambio, ha quedado excluida, ya que pretende sabotear las conversaciones dividiendo a la oposición en torno a esta cuestión.
El papel protagonista recae en la exparlamentaria Dinorah Figuera, mediadora enviada por Estados Unidos, que cuenta con el apoyo directo del secretario de Estado, Marco Rubio.
«La idea —explicó Rubio— no es únicamente promover una reconciliación, sino también poner en marcha un proceso de transición».
Según el diario ABC, Estados Unidos ha consolidado su control sobre Caracas siguiendo el modelo aplicado anteriormente en el Pacífico, en las Islas Marshall, que delega en Washington la gestión de la seguridad del territorio.
Mientras tanto, la Casa Blanca ya ha enviado a 3.000 técnicos y ha invertido 3.000 millones de dólares en la reparación de autopistas, puertos, aeropuertos y redes eléctricas.
Dado el control que ejerce sobre el país, se exige a Estados Unidos que garantice una distribución equitativa de la ayuda humanitaria.
«Es necesario ofrecer una rendición de cuentas detallada sobre las labores de socorro», escriben quince organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Comisión de Justicia y Paz y Transparencia Venezuela, en una carta dirigida al Departamento de Estado estadounidense. En ella solicitan que «la ayuda sea distribuida en función de las necesidades y sin discriminación, respetando los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia».
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