La dinastía Hunt, cuyo patriarca sirvió de modelo para el ambicioso y maquiavélico magnate petrolero de la televisión, ha firmado un millonario acuerdo energético con el gobierno venezolano. El retorno de esta empresa, sin embargo, no es solo una transacción comercial: pone sobre la mesa décadas de influencia política en Washington, operaciones en zonas de guerra y un polémico historial de abusos ambientales y sociales en la Amazonía peruana.
Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos. 3 MAY 2026
La empresa Hunt Overseas Oil Company, división internacional del imperio fundado por el legendario H.L. Hunt —el magnate texano cuya vida inspiró directamente al icónico J.R. Ewing de la serie Dallas—, ha vuelto a Venezuela. A finales de abril de 2026, la compañía firmó un acuerdo energético con el gobierno de Delcy Rodríguez para operar en la Faja del Orinoco, en el marco de una inversión estimada en unos 2.000 millones de dólares y con la bendición de altos funcionarios de la administración Trump presentes en Caracas.
Quienes siguieron las intrigas de Dallas en los años ochenta recordarán a J.R. Ewing manipulando gobernadores desde las sombras, espiando a sus socios y construyendo un imperio sin reparar en métodos. Pues bien, en la vida real, el patriarca original Haroldson Lafayette Hunt hizo exactamente eso. Amasó una fortuna tras descubrir el campo East Texas en 1930 utilizando tácticas consideradas despiadadas para la época, creó un emporio y, sobre todo, tejió una red de influencia política que sus herederos —encabezados por Ray L. Hunt— han convertido en un arte.
Un asiento en la inteligencia de la Casa Blanca
La verdadera fuente de poder de Ray Hunt no ha sido solo su fortuna, sino su acceso físico a los secretos de Estado y su cercanía a los presidentes George H.W. Bush y George W. Bush. Hunt fue designado en dos ocasiones para formar parte de la Junta Asesora de Inteligencia Extranjera (PFIAB) de la Casa Blanca, un cuerpo de élite que revisa el desempeño de la comunidad de inteligencia estadounidense y que tiene acceso a información clasificada de alto nivel no disponible ni siquiera para la mayoría de los miembros del Congreso.
Los lazos, sin embargo, iban mucho más allá del servicio público. Ray Hunt fue designado por el entonces vicepresidente Dick Cheney para formar parte del directorio de Halliburton, la gigantesca contratista de servicios petroleros, donde incluso integró el comité que fijaba el salario y las opciones de acciones del propio Cheney. La relación era simbiótica: Hunt ayudó a construir la maquinaria política republicana en Texas, aportó cientos de miles de dólares en donaciones personales (y más de un millón a través de sus empleados) y destinó 35 millones de dólares para la construcción de la biblioteca presidencial de George W. Bush.
El caso Kurdistán: petróleo en zona de guerra
Este entramado político-financiero rindió frutos estratégicos en el escenario más complejo del siglo XXI: Irak. En 2007, Hunt Oil Company firmó un controvertido contrato de exploración con el Gobierno Regional de Kurdistán, en el norte de Irak, para operar en campos que se convertirían en un objetivo geoestratégico fundamental para Estados Unidos.
El acuerdo fue explosivo por varias razones. Irak estaba ocupado por tropas estadounidenses, no existía una ley federal de hidrocarburos y el gobierno central de Bagdad declaró el pacto como «ilegal» y «sin valor». La administración Bush, a través de la portavoz de la secretaria de Estado Condoleezza Rice, dijo públicamente que desconocía el acuerdo y que este «complicaba» las negociaciones para la reconciliación nacional.
Sin embargo, la investigación realizada por el Congreso estadounidense reveló lo contrario. Documentos obtenidos por el Comité de Supervisión (presidido por Henry Waxman) demostraron que altos funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca no solo estaban al tanto de las negociaciones de Hunt, sino que las alentaron activamente. El propio Ray Hunt utilizó su asiento en la Junta de Inteligencia (PFIAB) para informar personalmente a la administración sobre los avances del trato con los líderes kurdos, meses antes de que se hiciera público.
El congresista Dennis Kucinich calificó el episodio como «moralmente depravado» y señaló que el contrato exponía la verdadera razón de la guerra: «Esta guerra es por el petróleo. La administración desea el control privado del petróleo iraquí», sentenció en su momento.
El rastro ambiental y humano en Perú: El Proyecto Camisea
Más allá de Oriente Medio, el desempeño «cuestionable» de Hunt tiene una huella profunda en América Latina, específicamente en la Amazonía peruana, donde la compañía fue pieza clave del megaproyecto Camisea, uno de los más grandes y controvertidos de la región.
Camisea explota un gigantesco campo de gas natural en la selva del Cusco. Hunt, a través de su participación en el consorcio Perú LNG (del cual poseía el 50%), fue responsable de liderar el proyecto y de construir la planta de licuefacción en la costa. No obstante, el costo ambiental y humano fue altísimo:
· Daño ambiental y derrames: Los gasoductos construidos en plena selva sufrieron múltiples derrames de miles de barriles de líquidos de gas natural en ríos prístinos, provocando deforestación, contaminación de fuentes de agua y una alarmante disminución de peces, afectando la seguridad alimentaria de las comunidades nativas.
· Impacto en pueblos aislados: El proyecto se desarrolló peligrosamente cerca de la Reserva Indígena Kugapakori Nahua Nanti, territorio de tribus en situación de aislamiento voluntario (no contactadas). Las obras abrieron carreteras que facilitaron la invasión de colonos y madereros, y se reportaron muertes por enfermedades respiratorias (gripe y tos ferina) entre la población nativa, que carecía de defensas inmunológicas.
· Falta de consulta previa: Tanto el Estado peruano como las empresas operadoras, incluida Hunt, fueron acusadas de no respetar el principio de Consulta Previa, Libre e Informada (FPIC) , un derecho fundamental de los pueblos indígenas reconocido por convenios internacionales.
Recientemente, en enero de 2024, Hunt Oil Company designó a María Julia Aybar, una abogada peruana con amplia experiencia en el sector, como su nueva country manager para Perú. Pero el nombre que más interesa en este entramado es el del ingeniero Igor Salazar.
Salazar, quien inició su carrera en Petroperú y Repsol, se incorporó a la estructura de Hunt en 2002 justamente para el desarrollo del proyecto Camisea. Ocupó el cargo de Gerente Comercial de Perú LNG, fue luego Gerente General de la planta y posteriormente Country Manager de Hunt en Perú. Hoy, es Vicepresidente Senior de Proyectos de Gas Globales para Hunt Oil Company, reportando directamente a la cúpula ejecutiva de la firma en Dallas. Su ascenso interno es un reflejo de la importancia que la compañía ha dado siempre a sus operaciones en la región.
Un regreso con manual de instrucciones
Ahora, esa misma empresa —que operó en zonas de guerra con el guiño de la Casa Blanca, que contaminó la Amazonía y que mantiene en su cúpula a los ejecutivos de aquellos proyectos— se sienta en la mesa de PDVSA. La compañía vuelve a Venezuela con un contrato que le permite operar en la Faja del Orinoco, una de las reservas de crudo más grandes del planeta, en un momento de apertura del régimen de sanciones.
No se trata solo de una inversión de capital. Es la llegada de una dinastía que personifica el estilo más rudo del «petróleo tejano»: capacidad para sortear marcos legales, acceso privilegiado a las decisiones geopolíticas de Washington y un historial de litigios, derrames y conflictos con comunidades originarias.
Venezuela, al firmar con Hunt, no solo está contratando una empresa. Está abriéndole la puerta al manual de operaciones del verdadero J.R. Ewing.