
Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 18 FEB 2026
El ingeniero Evanan Romero Gutiérrez, de 86 años, asesor petrolero con doble nacionalidad, fue detenido el 13 de febrero en Maracaibo en cumplimiento de una orden judicial por estafa vigente desde mayo de 2025 con alerta roja de Interpol.
La orden derivó de una denuncia presentada por un socio y familiar suyo. Sin embargo, el diario español ABC publicó ayer una crónica en la que omitió ese origen y construyó un relato de persecución política contra el gobierno venezolano, en un momento de alta sensibilidad por las negociaciones energéticas entre Caracas y Washington tras la captura («secuestro») de Nicolás Maduro el 3 de enero.
Según el Ministerio Público, la investigación contra Romero se inició por la denuncia de un socio en una entidad comercial familiar, que lo acusó de estafa. Esa denuncia derivó en una orden de aprehensión dictada por un tribunal el 26 de mayo de 2025 y tramitada ante Interpol. El propio Romero reconoció a ABC que el caso «estaría vinculado a un antiguo litigio administrativo relacionado con una inversión empresarial familiar», pero omitió mencionar que fue un socio y familiar quien lo denunció.
A pesar de que el mismo texto de ABC incluye elementos que apuntan a un conflicto privado, el titular y el enfoque principal de la crónica insistieron en presentar la detención como un acto de persecución política.
Bajo el título «El régimen en Venezuela detiene a un ciudadano de EE.UU. clave en la estabilización petrolera», el diario describe a Romero como «uno de los expertos petroleros más respetados» y sugiere que su arresto «genera nuevos señalamientos de persecución política» en el contexto posterior a 3 de enero.

El artículo destaca su trayectoria y contactos con petroleras, pero omite que la orden de captura estaba vigente desde 2025, mucho antes de que se intensificaran las negociaciones energéticas.
El Ministerio Público aclaró en un comunicado que el procedimiento «no guarda relación alguna con temas petroleros ni con actividades conexas a ese sector». Fuentes judiciales confirmaron que la denuncia fue presentada por un socio y familiar de Romero.

El 17 de febrero se celebró la audiencia de presentación. El Ministerio Público solicitó —atendiendo a la avanzada edad del imputado— una medida cautelar sustitutiva de libertad, consistente en presentaciones periódicas, que fue acordada por el tribunal. Romero quedó en libertad con restricciones.
El caso se produce en un escenario político transformado desde el 3 de enero, cuando fuerzas especiales de EE.UU. capturaron a Maduro. Desde entonces, el gobierno de Delcy Rodríguez ha impulsado excarcelaciones de opositores mientras negocia con Washington la reactivación del sector petrolero.
En ese contexto, cualquier procedimiento judicial adquiere lecturas geopolíticas. Sin embargo, el caso Romero se originó por una denuncia privada por estafa, presentada por un socio y familiar, y se resolvió con su libertad en días.

