Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 11 AGOSTO 2025
Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano, pronunció unas palabras proféticas minutos antes de que un sicario adolescente le disparara con una Glock 9mm en un parque de Bogotá: «Yo sí creo que el colombiano de bien que considere la necesidad de tener su arma lo puede hacer». La ironía es cruel: el arma homicida fue comprada legalmente en Arizona (EE.UU.), donde las leyes de porte son de las más flexibles del país, y terminó en manos de un menor reclutado por una red criminal.
Dos modelos enfrentados
Arizona permite la compra de armas sin permiso en ventas privadas y el porte sin licencia, bajo la doctrina de la «portación constitucional». Colombia, en cambio, tiene un sistema restrictivo: solo el Estado puede importar armas, y los civiles requieren permisos excepcionales. Pese a esto, el 80% de las armas ilegales en el país son de origen extranjero, muchas de EE.UU. El caso de Uribe Turbay ejemplifica este flujo: la Glock usada en su asesinato fue adquirida en 2020 en Mesa, Arizona, por Charles Joe Anderson, pero nunca se registró en Colombia.
La falla en el sistema
El tráfico de armas desde estados como Arizona alimenta la violencia en Latinoamérica. En México, el 75% de los homicidios se cometen con armas estadounidenses; en Colombia, redes criminales las usan para sicariatos y conflictos armados. Uribe Turbay, víctima de este circuito, había propuesto ampliar el porte legal para «ciudadanos de bien», argumentando que los criminales ya las tenían. Sin embargo, su muerte revela el riesgo de liberalizar el acceso sin controles robustos: el arma que lo mató llegó al país por canales ilegales que burlan cualquier regulación.
Lo que se sabe del crimen
Tras 66 días de agonía, Uribe Turbay falleció el 11 de agosto. Seis personas están capturadas, incluido el sicario (un menor de 15 años) y el cerebro operativo, Elder Arteaga («Chipi»). Pero el origen del atentado sigue oscuro: solo hay un alias o apodo «Zarco Aldinever», vinculado a las disidencias de las FARC. La paradoja persiste: un defensor de las armas murió por una que cruzó fronteras gracias a leyes permisivas, las mismas que él quería emular. Su caso evidencia que, en una región plagada de crimen organizado, más armas no significan más seguridad, sino más violencia.