La solicitud fue consignada el martes 27 de octubre ante la Sala Constitucional del alto tribunal y busca proteger los derechos al trabajo, vivienda, educación y debido proceso de unas 100 familias de El Totumo y El Graciero.
Redacción La Tabla Plataforma de Periodismo de Datos 30 OCT 2026
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió ya está atendiendo conforme a lo dispuesto en el proceso la solicitud de amparo constitucional interpuesta por las comunidades campesinas de El Totumo y El Graciero, en el municipio Pedraza del estado Barinas, contra la Gobernación de esa entidad, en la persona del general Giuseppe Caciopo, secretario ejecutivo de Seguridad Ciudadana.
El escrito fue consignado ayer martes 27 de octubre ante la Presidencia de la Sala Constitucional, a cargo de la magistrada Tania D’Amelio Cardiet, por los abogados Oscar Rafael Trujillo Silva y Jacinto Ramón Pantoja, en representación de las 80 familias de El Totumo y las 20 familias de El Graciero, para un total de alrededor de 100 familias productoras.
La acción se dirige institucionalmente contra la Gobernación del Estado Barinas, por cuanto la amenaza proviene de un funcionario que actúa con competencia dentro de esa estructura, y busca frustrar el desalojo anunciado por el general Caciopo.
La amenaza
Según el escrito consignado, el pasado viernes 23 de octubre representantes del Consejo Campesino “Darío Vivas” acudieron a la sede de la ZODI 32, en Barinas, tras recibir una citación oficial. Las reuniones se realizaron por separado para cada comunidad. En ellas estuvieron presentes el general Giuseppe Caciopo; Virigay Tapía, director estadal del despacho ministerial de Agricultura Productiva y Tierras; Mari Reyes, coordinadora del INTI; la fiscalía y la defensoría del pueblo.
Durante los encuentros, a los abogados de las familias campesinas se les prohibió el ingreso al recinto, quedando los productores en indefensión. Las autoridades les señalaron que no tenían derecho sobre las tierras, los calificaron de “ocupantes ilegales” y afirmaron que los predios pertenecían a una presunta compañía denominada “Gonca” —en el caso de El Totumo, vinculada a los hermanos Gómez y su falso hato “Las Palmeras”— y a Homero González Sosa, en El Graciero.
El hecho más grave, de acuerdo con la denuncia, fue la advertencia del general Caciopo: si no acataban una supuesta orden de desalojo del TSJ —de la cual no mostró documento físico alguno—, el miércoles 28 de octubre se desplegaría en el campo un convoy con 40 soldados armados para ejecutar el desalojo por la fuerza.
Derechos amenazados
El amparo sostiene que la amenaza compromete de manera inminente los siguientes derechos constitucionales:
· Derecho al trabajo (Artículo 87): al impedir que las familias continúen con sus labores agrícolas y productivas.
· Derecho a la vivienda adecuada (Artículo 82): al poner en riesgo los hogares que han consolidado durante años.
· Derecho a la educación (Artículo 102): la amenaza incluye el desalojo de la Escuela Rural Ezequiel Zamora, que atiende a unos 60 niños y niñas de preescolar a sexto grado.
· Derecho al debido proceso (Artículo 49): se les negó el acceso a sus abogados y se les amenazó con una orden judicial cuya existencia física no fue demostrada.
Las dos comunidades
En El Totumo, unas 80 familias denuncian la amenaza de los hermanos Gómez, propietarios de Agropecuaria GomCA, quienes pretenden apoderarse de unas 3.000 hectáreas mediante la invención de un falso hato denominado “Las Palmeras”, inexistente en los registros agrarios oficiales. Según los voceros, el trasfondo sería la tala y comercialización de madera centenaria.
En El Graciero, otras 20 familias enfrentan el asedio de Homero González Sosa, quien reclama derechos de heredero sobre un predio adjudicado irregularmente en junio de 2020 a su madre, Ana Sosa, fallecida apenas tres meses después tras padecer un cáncer estomacal avanzado. Los campesinos señalan que resulta materialmente imposible que la titular adjudicada haya trabajado o habitado el predio, y advierten que el interés detrás del desalojo también apunta a la explotación maderera.
Solicitudes
Además de la admisión del amparo, los accionantes solicitaron una medida cautelar innominada para suspender de inmediato cualquier operativo de desalojo en ambos predios mientras se sustancia el proceso, así como la abstención de la Gobernación de ejecutar actos de fuerza y el restablecimiento pleno de los derechos al trabajo, vivienda, educación y debido proceso.
Con la admisión de la solicitud, la Sala Constitucional deberá pronunciarse sobre la protección de las familias campesinas y la continuidad de la actividad educativa y productiva en la zona.