Redacción: La Tabla / Plataforma de Periodismo de Datos 10 NOV 2026
El 8 de noviembre de 2026, un grupo de militares retirados autoproclamados portavoces de una supuesta “Fuerza Armada en el exilio” difundió un video proponiendo dividir al personal militar venezolano en tres grupos como punto de partida de una “reconstrucción” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El análisis del texto —incluidos sus errores de dicción, como “discriminalización”, que no corregimos— muestra lo contrario: aplicada, esa taxonomía no reconstruiría la institución, sino que sería el mecanismo más seguro para destruirla.
El verbo elegido no es “reconciliar” ni “reorganizar”: es “dividir”. Y la división no es administrativa, sino moral. El grupo uno son los “fieles”; el grupo dos, quienes “se escudaron en la obediencia debida” y “se quedaron simplemente con los brazos cruzados”; el grupo tres, los que “se prestaron para la represión y la tortura”.
Tres categorías que no describen funciones, grados ni responsabilidades verificables: describen lealtades.
En una institución jerarquizada, sustituir la cadena de mando por una lista de fidelidades elaborada desde fuera no es reformar: es disolver el principio que la hace funcionar.
El grupo dos es el más revelador. No se le imputa un delito: se le imputa una omisión. “No me involucro en cosas políticas” es, en el texto, una conducta punible. Pero el artículo 328 de la Constitución ordena precisamente lo contrario: una Fuerza Armada profesional, sin militancia política, obediente y subordinada.
El mensaje convierte el cumplimiento constitucional en sospecha. Y el grupo tres es condenado antes de cualquier juicio: “donde no hay justicia, no hay paz”, dice el portavoz, invirtiendo la carga. La paz deja de ser un derecho y se convierte en el premio de una purga.
Hay un dato verificable que desmonta la promesa central. El mensaje propone “premiar” a los militares presos y exiliados. Pero la Ley de Amnistía de 2026 excluye expresamente a los procesados por rebelión militar: alrededor de 200 de los 600 presos políticos registrados por organizaciones de derechos humanos. El “premio” no existe en el texto legal. Quien promete lo que la ley no contempla no está proponiendo una política: está emitiendo propaganda.
Y hay un contexto que el video omite deliberadamente. El portavoz habla desde el exilio, pero no desde un exilio neutral: desde Estados Unidos, la potencia que ejecutó la intervención de enero de 2026, la misma que ese grupo celebró y alentó públicamente. El mensaje nunca nombra esa intervención; la llama “este proceso de cambio” y “desastre nacional internacional”. Presentarse como reconstructor soberano desde el territorio del interventor no es un detalle biográfico: es la clave del diseño.
La propuesta no busca estabilizar lo que quedó en pie tras la intervención, sino administrar su desmantelamiento con formato institucional.
Una Fuerza Armada puede resistir una purga, un recorte o una derrota. Lo que no resiste es la sospecha permanente: un cuerpo donde cada oficial es potencialmente clasificable por un tribunal externo que no responde ante nadie.
Eso no genera cohesión: genera cálculo, delación y parálisis. Es el camino más corto a la liquidación de una institución y, con ella, al vaciamiento de uno de los pilares del Estado.
La “reconstrucción” que promueven estos conspiradores golpistas no reconstruye nada. Divide, señala y promete lo que la ley no da. Aplicada al pie de la letra, sería el mecanismo más eficaz para destruir a la FANB desde adentro, con la ventaja —para sus promotores— de que el derrumbe podría atribuirse a los propios militares. No es un debate: es una operación de desmantelamiento con lenguaje institucional.