Redacción: La Tabla / Plataforma de Periodismo de Datos 1 OCT 2026
Una nueva citación de la Fiscalía 60° Nacional con competencia agraria reactiva la operación de desalojo contra el Consejo Campesino “Chávez en El Graciero”, en el municipio Pedraza del estado Barinas. Cuatro campesinos —Alirio Gómez, Aníbal Altuna, Yovanny Carrizales y Jesús González— fueron llamados a declarar en un proceso que, según las propias víctimas, forma parte de una estrategia sistemática de criminalización para arrebatarles las tierras que trabajan desde hace cinco años. La denuncia original, presentada por el empresario maderero Ramón Homero González en marzo de 2022, permaneció inactiva durante más de tres años hasta su reactivación en octubre de 2025. Este patrón de terrorismo judicial no es un hecho aislado: es la continuación de una operación que ya mantiene detenidos a otros tres integrantes del mismo consejo campesino desde febrero de 2024.
Los argumentos históricos: una operación de despojo con múltiples brazos institucionales
La ofensiva contra los campesinos del caso Canaguá responde a un patrón de despojo institucional que combina la criminalización de la producción campesina, la judicialización de la pobreza rural y la privatización encubierta de tierras nacionales. El predio en disputa, propiedad de la Nación según la Ley de Tierras y el Decreto 706, permaneció improductivo durante años hasta que fue recuperado por 22 familias campesinas organizadas en el Consejo Campesino “Chávez en El Graciero”. En 2021, una inspección técnica del Instituto Nacional de Tierras (INTi) confirmó el carácter ocioso del predio y recomendó su rescate agrario; sin embargo, ese informe desapareció de los archivos del INTi y la solicitud de adjudicación agraria presentada por los campesinos sigue sin respuesta.
Ramón Homero González, heredero de una mujer que expulsó violentamente a campesinos del lugar, no ha podido demostrar actividad productiva ni documentos válidos de posesión. Su interés declarado es el aprovechamiento de especies forestales autóctonas, y para ello ha obtenido medidas judiciales de protección como “productor forestal”, a pesar de que solo existen cinco plantas ornamentales de teca en el terreno. Para consolidar su control, González ha activado tres vías institucionales: la administrativa, con apoyo de la oficina regional del INTi y su directiva nacional; la judicial agraria, mediante el Tribunal Segundo Agrario de Barinas; y la penal, con denuncias infundadas ante la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Ministerio Público.
La Fiscalía 60° Nacional con competencia agraria, creada en 2021 con el propósito declarado de proteger los derechos de los campesinos, ha favorecido en la práctica a los grandes propietarios. En octubre de 2025, el fiscal provisorio Pedro Eduardo Peres Hera citó para ser imputados a los cuatro campesinos mencionados, basándose en una denuncia que permaneció inactiva durante más de tres años. Este modus operandi ya se aplicó contra Rubén Delgado, vocero del Consejo Campesino, quien fue capturado sin orden judicial en su residencia en febrero de 2024. Otros dos compañeros, Miguel Ángel Santamaría y Nelson Lepesquer, fueron detenidos al acudir a la sede militar para informarse sobre su situación. Desde entonces, los tres permanecen encarcelados en un proceso marcado por torturas y tratos crueles por parte del capitán Joyner Chaustre, falsificación de documentos procesales, incorporación de nuevos delitos y testigos sin sustento, y protección institucional a los responsables de las torturas.
Un llamado urgente ante el terrorismo judicial
“Estamos cansados de tantos atropellos. Tenemos a estos muchachos que ya tienen dos años detenidos por causas injustas. Solamente por querer trabajar la tierra les han hecho un falso expediente”, denuncia Jesús González, uno de los campesinos recién citados. La operación de despojo no solo vulnera derechos fundamentales, sino que constituye un golpe directo a la soberanía alimentaria del país. La lucha por la tierra en Barinas es también una lucha por la verdad. Exigimos la libertad plena para los campesinos detenidos, la titulación agraria para las familias que producen, la nulidad de los procesos fraudulentos y la sanción a los funcionarios involucrados en torturas y encubrimiento. El terrorismo judicial no puede seguir siendo el instrumento para despojar a la Nación de sus tierras y a los campesinos de su trabajo.