Noticias Candela - Informe 25 por Jorge Castro
Relación de la Corte Penal Internacional y EE.UU. ha sido siempre de hostilidad y confrontación – La Tabla Blog

Relación de la Corte Penal Internacional y EE.UU. ha sido siempre de hostilidad y confrontación – La Tabla Blog

Lejos de ser un instrumento de Washington, la Corte Penal Internacional ha mantenido una relación de permanente confrontación con Estados Unidos. Este país nunca ratificó el Estatuto de Roma y, por tanto, no es un Estado Parte de la Corte. La hostilidad llegó a un nuevo clímax en enero de 2025, cuando el gobierno de Donald Trump sancionó a la CPI por investigar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por crímenes en Gaza, lo que evidenció que la Corte no  opera como un brazo de la política exterior estadounidense.

Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos  9 DIC 2025

La relación entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional (CPI) está lejos de ser la de un poder que controla a su instrumento. Desde los primeros pasos de la Corte en 1998, esta relación ha estado marcada por la hostilidad y la confrontación, un hecho que se ha evidenciado con crudeza en 2025 con la imposición de sanciones por parte del gobierno de Donald Trump.

Un divorcio desde el principio

La raíz del conflicto se remonta a la propia creación de la CPI. Aunque Estados Unidos participó en las negociaciones del Estatuto de Roma —el tratado fundacional del tribunal— bajo la administración de Bill Clinton, su compromiso fue superficial. El país firmó el documento, pero dio un paso decisivo en sentido contrario durante el gobierno de George W. Bush: decidió no ratificarlo.

Esta decisión significa que, a diferencia de 125 naciones, Estados Unidos no es un «Estado Parte» de la CPI. No reconoce su jurisdicción, no tiene voto en la Asamblea que la gobierna y, en teoría, no está obligado a cooperar con ella. Esta postura de rechazo no fue simbólica; se materializó con leyes como la Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense, que prohibía la cooperación militar con países que sí reconocieran a la Corte.

El punto de ruptura: las sanciones de 2025

La tensión latente estalló en enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump, recién ascendido al poder, firmó la orden ejecutiva «Imposing Sanctions on the International Criminal Court». Esta medida, calificada por la propia CPI como un intento de «perjudicar su labor judicial independiente e imparcial», congelaba activos y prohibía la entrada a EE.UU. de funcionarios del tribunal.

La razón directa de esta escalada fue una acción judicial de la CPI que tocó a un aliado clave de Washington. En noviembre de 2024, la Corte había emitido órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. La orden ejecutiva de Trump buscaba, explícitamente, proteger a Estados Unidos y a aliados como Israel de lo que denominó una «amenaza extraordinaria» para su seguridad nacional.

Una historia cíclica de rechazo

El episodio de 2025 no es una anomalía, sino el punto más álgido de un patrón de confrontación. La administración Obama tuvo un acercamiento pragmático, pero la primera presidencia de Trump (2017-2021) ya había incluido a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en una lista de sanciones por investigar presuntos crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán. Si bien Biden revocó esas sanciones, la hostilidad del poder legislativo estadounidense persistió, con proyectos de ley para castigar a la Corte por investigar a Israel.

Soberanía vs. Justicia Universal

La narrativa de que la CPI es un «instrumento» de la política exterior estadounidense se desmorona ante la evidencia. Lejos de instrumentalizarla, sucesivos gobiernos en Washington han visto a la Corte como una amenaza a su soberanía y han actuado para limitar su alcance, especialmente cuando sus investigaciones afectan a sus ciudadanos o a sus aliados más cercanos.

La relación no es de control, sino de un conflicto fundamental entre la concepción de una justicia penal internacional y la defensa de la jurisdicción nacional absoluta por parte de la superpotencia. La CPI, con sus fallas y desafíos, ha demostrado operar con una independencia que le ha costado ser el blanco directo de la potencia a la que supuestamente serviría.


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