Las condiciones establecidas en la licencias que permiten la prestación de servicios petroleros y la compra de crudo y derivados imponen una mudanza a la jurisdicción estadounidense para efectos de la resolución de conflictos
Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 18 MAR 2026.
El reconocimiento de Estados Unidos al gobierno de Delcy Rodríguez no responde a un giro político improvisado, sino a una estrategia cuidadosamente diseñada para proteger intereses económicos y redefinir el tablero judicial de los negocios energéticos.
Así lo sostiene el periodista e investigador Víctor Hugo Majano, creador de la plataforma de datos La Tabla, en un análisis publicado por Sputnik. Según Majano, la decisión de Washington está directamente vinculada a un cambio de jurisdicción contractual impulsado por las recientes licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que abarca tanto a las empresas que prestarán servicios en campos petroleros venezolanos como a aquellas que distribuirán crudo y derivados de Pdvsa en territorio estadounidense.
Majano explica que las licencias 44 y 45 de la OFAC —que sustituyen el régimen de sanciones— establecen un nuevo marco: las empresas estadounidenses podrán prestar servicios en campos petroleros venezolanos y, al mismo tiempo, las compañías que comercialicen y distribuyan petróleo, gas y cualquier derivado de Pdvsa en Estados Unidos deberán firmar sus contratos bajo legislación estadounidense.
«Todos esos contratos se firman en Estados Unidos, de acuerdo con la legislación de ese país, y la resolución de cualquier disputa va a ser administrada por los tribunales de esa nación. Ese es el factor obligante para que se tomara la decisión de los reconocimientos», afirmó el analista.
El movimiento tuvo un correlato político inmediato: el 7 de marzo, el expresidente Donald Trump anunció el reconocimiento, y tres días después, el encargado de negocios Michael Kozak notificó formalmente al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que el gobierno federal reconocía a Rodríguez como representante de Venezuela. La elección de ese distrito no es casual: «Es Manhattan, es Wall Street, y es la jurisdicción donde se lleva a cabo el juicio contra Nicolás Maduro», señaló Majano.
El analista advierte que esta decisión abre la puerta a una maraña de litigios contra el Estado venezolano. Menciona casos «absolutamente incoherentes», como una demanda interpuesta por veteranos estadounidenses capturados por las FARC en Colombia, o el caso del concejal Fernando Albán, por el que se reclaman más de 200 millones de dólares al presidente Maduro. «Son causas donde evidentemente es muy dudoso que Venezuela tenga que pagar una indemnización», sostuvo.
El caso de Gold Reserve
Para dimensionar el alcance de estas presiones, Majano recurre al caso de la minera Gold Reserve. La empresa, que denunció una expropiación de 300 millones de dólares en la época de Hugo Chávez, llevó el caso al CIADI (dependiente del Banco Mundial), donde la deuda creció a más de 1.100 millones con intereses.
Luego, ante un tribunal en París, la cifra siguió escalando. «Son esquemas de resolución de conflictos con supuestos inversores extranjeros, muchos de los cuales no son ni extranjeros ni inversores. Su único propósito es obtener recursos naturales de naciones que no tienen capacidad para manejar ese tipo de requerimientos. Están expuestas por esta estructura mafiosa», concluyó.
La tesis de Majano revela que el reconocimiento estadounidense no solo busca legitimar a un sector político, sino también asegurar que toda la cadena de negocios energéticos —desde la extracción hasta la distribución— se dirima en tribunales favorables a los intereses corporativos, en un contexto donde las deudas reclamadas contra Venezuela siguen acumulándose.