Esta nota forma parte de la serie investigativa que iniciamos en el artículo «Del fraude cambiario de 2012 al ‘acuerdo histórico’ de 2026: cómo el saqueo de PDVSA preparó la recolonización petrolera» (Aquí Lea) , donde documentamos cómo el mismo entramado que diseñó el fraude cambiario hoy opera como socio estratégico de Washington en la explotación de los hidrocarburos venezolanos.
En esta entrega presentamos un «Quién es quién» —o Who Is Who?— de los actores clave: desde los funcionarios de PDVSA que autorizaron la operación, pasando por los operadores privados que ejecutaron el; esquema y los banqueros que canalizaron los fondos, hasta los facilitadores internacionales y la red de poder que ha garantizado la impunidad de los principales implicados.
Redacción La Tabla Plataforma de Periodismo de Datos 6 SEP 2026
El 6 de marzo de 2012, el comité ejecutivo de PDVSA aprobó un crédito de 17.490 millones de bolívares a favor de Administradora Atlantic 17107, C.A., una empresa sin vínculo alguno con el negocio petrolero. Ese mismo mes el dinero comenzó a ser pagado en dólares a una tasa oficial preferencial, generando un desfalco estimado en más de 4.800 millones de dólares.
Este esquema, calificado por el entonces fiscal general Tarek William Saab como el mayor fraude contra la estatal, involucró a una red de funcionarios, empresarios y operadores financieros cuyos nombres se repiten en las investigaciones de Venezuela, Estados Unidos, España y Suiza.
El 1 de septiembre de 2022, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Delitos Asociados al Terrorismo dictó orden de aprehensión contra ocho personas por los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, malversación simple, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Sin embargo, el proceso culminó en 2023 con un sobreseimiento definitivo, y las medidas de detención fueron revocadas.
Los ejecutores desde el sector privado
Juan Andrés Wallis Brandt, abogado venezolano, fue el presidente y representante legal de Administradora Atlantic 17107, C.A. El 29 de febrero de 2012, Wallis Brandt remitió a Rafael Ramírez, entonces presidente de PDVSA y ministro de Petróleo, una carta proponiendo un «financiamiento de capital de trabajo» por 17.490 millones de bolívares, a pagar en 24 meses.
Seis días después, el 6 de marzo, la junta directiva de PDVSA aprobó la operación. El 15 de marzo, Wallis Brandt cedió los derechos de cobro —en dólares— a dos fondos extranjeros: Violet Advisors S.A. (Panamá) y Welka Holding Limited (San Vicente y Las Granadinas).
PDVSA terminó pagando 28 transferencias por un total de 4.850 millones de dólares entre marzo de 2012 y marzo de 2013.
Wallis Brandt no era un operador aislado. Según la Memoria Anual de 2013 del Fondo de Valores Inmobiliarios (FVI), la mayor inmobiliaria de Venezuela, el abogado figuraba como Director Suplente de su junta directiva. También he terminado que se desempeñó como apoderado judicial del Banco Bolívar y miembro del directorio de El Nacional. Su doble militancia corporativa lo convirtió en el puente entre el poder inmobiliario y el fraude petrolero.
Los operadores financieros: los hermanos Oberto
Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi, banqueros venezolanos, eran los propietarios de los fondos Violet Advisors y Welka Holding. A través de estas sociedades, recibieron las 28 transferencias que PDVSA realizó en dólares. Los Oberto, que provenían del sector bancario (fundadores de OSACA y BBO Servicios Financieros), movieron una parte importante de los 4.850 millones de dólares a través de cuentas en Suiza, Andorra, Panamá y Curazao. Ambos fueron señalados como operadores de legitimación de capitales y tienen orden de captura revocada en Venezuela.
Alejandro Betancourt: el centro de la trama
Leopoldo Alejandro Betancourt López, empresario venezolano, fue señalado por el entonces ministro de Petróleo Tareck El Aissami como receptor de parte del dinero transferido a Violet Advisors y Welka Holding. La investigación de la Audiencia Nacional de España detalla que, a través de estas sociedades, PDVSA transfirió más de 3.300 millones de euros a cuentas en Suiza que luego fueron canalizadas hacia Betancourt. Aunque no firmó el contrato de 2012, aparece en todas las investigaciones como el articulador del esquema.
Betancourt fue arrestado en Londres en octubre de 2025 por orden de la justicia española. Sin embargo, desde mayo de 2026 se encuentra en libertad y puede movilizarse libremente, tras la intervención de Estados Unidos ante Suiza, que permitió levantar la medida privativa de libertad en Inglaterra.
Actualmente está exento de cualquier proceso judicial en España y Suiza, y las órdenes de detención en Venezuela fueron anuladas en 2023 mediante sobreseimiento, tal como lo certifica el juez español Santiago Pedraz.
Los funcionarios de PDVSA que autorizaron el fraude
Rafael Ramírez Carreño, presidente de PDVSA y ministro de Petróleo en 2012, fue el destinatario de la carta de Wallis Brandt y el responsable de convocar la asamblea que aprobó el crédito. El fiscal general lo describió como el «autor intelectual y material» del desfalco.
Víctor Aular Blanco, vicepresidente de Finanzas de PDVSA, fue el ejecutor directo. Según su confesión, Ramírez y Nervis Villalobos lo citaron en marzo de 2012 y lo obligaron a firmar el contrato. Fue el único detenido en Venezuela en septiembre de 2022, grabado con bragas naranjas culpando a Ramírez, y luego liberado con sobreseimiento.
Eulogio Del Pino, vicepresidente de PDVSA en 2012, también firmó el acta de aprobación del crédito. Para la fecha de esa investigación estaba privado de libertad por otro caso de corrupción.
Asdrúbal Chávez, primo del fallecido presidente Hugo Chávez, era director de PDVSA en 2012 y firmó el acta de aprobación. Ocupó la presidencia de la estatal entre el año 2020 y enero de 2023. En junio pasado fue designado presidente de CITGO y se encuentra a la espera de que las autoridades estadounidenses entreguen la administración a los designados por el gobierno interino.
Juan Carlos Márquez, secretario del comité ejecutivo de PDVSA, firmó el acta. Apareció muerto en Madrid en julio de 2019 en circunstancias no esclarecidas. Familiares o allegados suyos administraban Lakeside Overseas Limited, empresa que recibió 4 millones de dólares de Welka Holding.
Nervis Villalobos Cárdenas, exviceministro de Energía, fue contratado por Atlantic 17107 en enero de 2012 para «desarrollar actividades profesionales relacionadas con servicios de asesoría financiera». El contrato le otorgaba el 4% del total de cobros que Atlantic percibiera. Villalobos recibió 55,6 millones de euros (unos 70 millones de dólares) a través de su empresa Vamshore Enterprises Ltd en Andorra. Fue él quien, el 29 de febrero de 2012, envió a Ramírez la propuesta de financiamiento de Atlantic.
Abraham Edgardo Ortega Morales, director de Planificación Financiera de PDVSA, también fue señalado en la orden de captura de 2022, posteriormente revocada.
Los facilitadores internacionales
Matthias Krull, banquero alemán del banco suizo Julius Baer, fue pieza clave en el entramado de lavado. Su confesión ante la justicia de Estados Unidos consolidó el expediente United States v. Guruceaga (1:18-cr-20685) en el Distrito Sur de Florida. Fue condenado a 10 años de prisión.
Francisco Convit Guruceaga, primo y socio de Betancourt, es el acusado principal que da nombre al expediente en Florida. Cargó con el peso judicial mientras Betancourt permanecía en la sombra.
Luis Fernando Vuteff, yerno del dirigente opositor Antonio Ledezma, fue detenido en Madrid en octubre de 2018 en el marco de la Operación Carabela. Operaba la gestora de capitales ColumbusOne, que proveía servicios de blanqueo a exfuncionarios de PDVSA. Fue condenado en Miami a 30 meses de prisión.
Ralph Steinmann, banquero suizo-argentino, fue identificado como el principal operador de lavado en la investigación española. Socio de Vuteff en la trama, utilizó la empresa Inmohaus European Group para canalizar fondos.
El destino de los implicados
El proceso judicial iniciado en Venezuela en septiembre de 2022 culminó en 2023 con un sobreseimiento definitivo. Las órdenes de detención fueron revocadas. Betancourt se encuentra en libertad tras la intervención de Estados Unidos. Wallis Brandt, los Oberto, Ramírez y Villalobos continúan sin ser procesados penalmente. El único detenido fue Aular, liberado tras un sobreseimiento. La justicia, en Venezuela, Estados Unidos, España y Suiza, ha operado como un instrumento político, no como un mecanismo de rendición de cuentas.