En Caracas fueron procesados los tres fiscales de la Fiscalía Trigésima, designada para atender la denuncia de la locutora y actriz Josefa Hidalgo, de 90 años de edad.
Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 7 DIC 2015
Este viernes 5 de diciembre, el Ministerio Público anunció la aprehensión de tres fiscales adscritos a la Fiscalía 30 Nacional, especializada en restitución de vivienda, apenas seis días después de haber sido comisionados por el fiscal general Tarek William Saab para atender la denuncia pública de Josefa Hidalgo, una adulta mayor de 90 años conocida por su participación en una antigua campaña publicitaria del limpiador MAS.
Hidalgo denunció la ocupación ilegal de su inmueble por parte de terceros desde hace más de ocho años.
La Fiscalía 30° forma parte del programa institucional que desde hace tres años busca recuperar inmuebles alquilados que pertenezcan a adultos mayores.
Al fiscal Lenyn Puello, cabeza del despacho, y a sus dos auxiliares, Deide Cabezas y Sabelle Sosa, le imputaron los delitos de retraso u omisión intencional de funciones y agavillamiento.
Según una nota publicada por el MP en redes sociales estos funcionarios le solicitaron un monto de dinero a un ciudadano para desvincularlo de una investigación que realizaban.
La coincidencia entre el encargo especial (atender el caso de la locutora Josefa Hidalgo) y la captura de los funcionarios por presuntos delitos de corrupción —aunque sin detalles oficiales sobre la causa específica— plantea serias dudas sobre el uso indebido de atribuciones en el marco de este programa.
El caso de un desalojo en Barquisimeto
Ese mismo día, también fue anunciada la aprehensión de Johanna Elyouri, quién se desempeñaba como fiscal novena del estado Lara, por intentar desalojar arbitrariamente a habitantes del sector El Ujano en Barquisimeto. Elyouri habría incurrido en insubordinación y abuso de autoridad al ignorar circulares oficiales que ordenan el respeto estricto a la Constitución y la coordinación jerárquica en los despachos fiscales.
La simultaneidad de estos procedimientos revela una preocupante confluencia de irregularidades en fiscalías vinculadas al programa de restitución de vivienda.