En un contexto donde la transparencia en la contratación pública vuelve a estar en el centro del debate, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas de Panamá emitió una decisión que no ha pasado desapercibida. Se trata de la confirmación de la cancelación de un acto público relacionado con servicios esenciales en el Hospital Guillermo Sánchez Borbón, en la provincia de Bocas del Toro.
El caso, identificado como el expediente 025-2026, surge a raíz de la decisión del Ministerio de Salud de cancelar un proceso de licitación que buscaba adjudicar el servicio de aseo, limpieza y desinfección del hospital. La medida fue impugnada por uno de los proponentes, la empresa Servicios Múltiples O. Domingo Morrison, quien alegó irregularidades y falta de justificación en la cancelación.
Un proceso que terminó abruptamente
Todo comenzó en diciembre de 2025, cuando el Ministerio de Salud publicó la convocatoria en el portal PanamáCompra. Varias empresas participaron en el proceso, presentando sus propuestas económicas y técnicas dentro del plazo establecido.
Sin embargo, cuando el procedimiento parecía avanzar con normalidad, la entidad decidió cancelar el acto público en febrero de 2026, antes de adjudicar el contrato. La decisión generó inconformidad inmediata entre los participantes, especialmente en quienes ya habían invertido tiempo y recursos en preparar sus ofertas.
Los argumentos del recurrente
La empresa que presentó el recurso sostuvo que la cancelación fue arbitraria y contraria a los principios de transparencia y debido proceso. Entre sus principales argumentos, destacó que:
Existía tiempo suficiente para culminar el proceso sin necesidad de cancelarlo.
La entidad no motivó adecuadamente su decisión.
La medida afectaba directamente la confianza en el sistema de contratación pública.
Además, se cuestionó que la administración utilizara criterios como el “interés público” sin una justificación concreta y detallada, lo cual, según la empresa, abría la puerta a decisiones discrecionales.
La defensa del Ministerio de Salud
Por su parte, el Ministerio de Salud defendió la cancelación argumentando que respondía a necesidades operativas y administrativas del hospital. Según el informe de conducta presentado, el hospital se encontraba en un proceso de transición hacia un modelo descentralizado, lo que implicaba reorganizar sus servicios y contratos.
Asimismo, la entidad explicó que:
Existían limitaciones presupuestarias y de planificación.
Se buscaba evitar compromisos contractuales que no se ajustaran a la nueva estructura.
La continuidad del servicio estaba garantizada mediante otros mecanismos temporales.
En otras palabras, la cancelación no obedecía a un capricho, sino a una reestructuración interna que, según la institución, buscaba mayor eficiencia.
El análisis del Tribunal
Tras revisar las pruebas y argumentos de ambas partes, el Tribunal centró su análisis en un punto clave: el equilibrio entre la discrecionalidad administrativa y el respeto a los principios de transparencia.
El órgano concluyó que la ley permite a las entidades cancelar procesos de contratación antes de adjudicar, siempre que exista una motivación válida basada en el interés público.
En este caso, el Tribunal consideró que:
No existía una adjudicación firme, por lo que los proponentes no tenían un derecho adquirido.
La cancelación estaba vinculada a una reorganización administrativa legítima.
La continuidad del servicio hospitalario —un aspecto crítico— justificaba decisiones extraordinarias.
Además, se enfatizó que el interés público, especialmente en materia de salud, puede prevalecer sobre intereses particulares cuando existen riesgos para la operatividad de servicios esenciales.
La decisión final
Con base en estos elementos, el Tribunal decidió confirmar la resolución del Ministerio de Salud y rechazar el recurso de impugnación.
Esto significa que la cancelación del acto público se mantiene en firme, y la entidad queda habilitada para redefinir el proceso o adoptar nuevas estrategias de contratación.
El Tribunal sostiene que no existía un derecho adquirido por parte de los proponentes, al no haberse producido una adjudicación formal. Pero ese argumento, aunque jurídicamente válido, no responde al fondo del problema: la confianza en las reglas del juego.
Empresas que participaron bajo condiciones establecidas vieron cómo el proceso se anulaba en la recta final, con explicaciones que, para algunos, resultan insuficientes.
La resolución deja una sensación incómoda: más que un control real sobre la actuación administrativa, parece una validación automática de la entidad contratante.
Y ahí es donde surgen las dudas. No necesariamente sobre la legalidad formal del fallo, sino sobre la profundidad del análisis y la independencia con la que se evaluaron los hechos.
