La fiscal general estadounidense Pam Bondi anunció ayer la incautación de «una mansión en República Dominicana» vinculada al «régimen de Nicolás Maduro», pero omitió direcciones, fechas exactas y documentos que prueben propiedad directa del presidente venezolano o su círculo. Medios identificaron el inmueble como «Villa La Caracola» en Cap Cana (valorada en $18 millones), aunque registros catastrales y allanamientos previos (2019) solo la vinculan al empresario Samark López —sancionado por EE.UU. y preso por corrupción en Venezuela—, no a Maduro o su esposa Cilia Flores.
Autoridades dominicanas y el Departamento de Justicia nunca confirmaron públicamente vínculos legales, mientras expertos señalan inconsistencias en una narrativa mediática activada desde 2019 .
1. Opacidad oficial y designaciones mediáticas
– Declaraciones Genéricas: Bondi describió la propiedad como parte de $700 millones incautados al «régimen de Maduro», pero no proporcionó dirección, fechas de incautación, ni expedientes judiciales. Tampoco mencionó «Villa La Caracola» —nombre asignado por medios como Diario Libre y Vanguardia— .
– Propietario Documental: Registros dominicanos muestran que la mansión estuvo a nombre de Samark López Bello, sancionado en 2022 por lavado de dinero para el exministro chavista Tareck El Aissami. López fue detenido en 2024 por corrupción en Venezuela, y su relación cercana nunca fue con Maduro sino con el ministro El Aissami, también está preso por los mismos hechos.
– Silencio de Autoridades: El Departamento de Justicia de EE.UU. rechazó comentar detalles sobre la incautación, mientras autoridades dominicanas nunca confirmaron titularidad de Maduro o Flores durante el allanamiento de 2019 .
2. Inconsistencias en la narrativa mediática (2019-2025)
– Origen Especulativo (2019): En mayo de 2019, medios como El Tiempo (Colombia) y El Comercio (Perú) afirmaron que Cilia Flores usó «Villa La Caracola» tras la «Operación Libertad». Sin embargo, no presentaron pruebas migratorias, fotos o testimonios. Las autoridades dominicanas desmintieron su presencia, y el operativo buscaba a López por narcotráfico .
– Reactivación Conveniente (2025): La vinculación mediática resurgió en agosto de 2025, coincidiendo con la recompensa de $50 millones ofrecida por EE.UU. por Maduro. Medios repitieron descripciones arquitectónicas (3,000 m², 9 habitaciones) pero usaron fotos no verificadas o de baja calidad .
– Patrón de Desinformación: En marzo de 2025, cuentas de TikTok etiquetadas como «creadas con IA» difundieron imágenes falsas de una «mansión de Maduro en Bahamas». Cocuyo Chequea verificó que son montajes digitales reciclados desde 2019 .
3. Vacíos legales y geopolítica
– Ausencia de documentos: No hay registros de propiedad, contratos o sentencias que nombren a Maduro o Flores como dueños. Bondi atribuyó los bienes a una «empresa criminal», pero no mostró transferencias financieras o cadenas de titularidad .
– Contexto de Presión: El anuncio se enmarca en sanciones contra el «mitológico» Cartel de los Soles, designado como «terrorista» por EE.UU. en julio de 2025. Venezuela tachó las acciones de «propaganda política» para justificar la recompensa y desestabilizar al gobierno .
– Doble Estándar: Mientras EE.UU. incauta bienes con argumentos genéricos, en 2024 ofreció a Flores «una mansión en República Dominicana» para exiliarse, según el diputado Jorge Rodríguez. Esto sugiere que conocían propiedades en RD, pero no como activos de Maduro .
Conclusión
La narrativa de la «mansión incautada a Maduro» opera en un terreno especulativo: se basa en inferencias mediáticas no validadas, omisiones deliberadas de pruebas por parte de EE.UU., y un patrón recurrente de desinformación (2019-2025). Sin registros catastrales, fechas de decomiso o documentos judiciales públicos, la vinculación directa con el presidente venezolano sigue siendo una hipótesis políticamente conveniente, no un hecho jurídico.
> 🔏 En síntesis: Designación política ≠ prueba jurídica.
jurídica.