FUENTE: CUENTAS CLARAS
Por Hipatia
Tras el hito del 3E, y en medio de la búsqueda de cierta seguridad jurídica, EEUU estableció un mecanismo de cuentas custodia en Qatar para administrar los ingresos derivados de aproximadamente 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela. Este volumen de crudo se había acumulado previamente como consecuencia de los embargos internacionales, que con el tiempo pasaron de incautar cargamentos a embargar directamente buques completos, algo que terminó desincentivando a los armadores a poner en riesgo sus activos. La cifra, además, coincide casi con la capacidad operativa máxima de almacenamiento utilizable del país, lo que hace pensar que hubo una planificación deliberada detrás de la medida. Superar ese límite habría obligado a detener la producción en los taladros.
Con esa estructura financiera ya funcionando, comenzó una especie de “venta rápida” del crudo almacenado. En la práctica, las operaciones quedaron sujetas a dos condiciones centrales. La primera fue la aplicación de una comisión fija previamente establecida, dejando atrás los descuentos variables asociados al riesgo país que venían utilizándose. La segunda: todo el petróleo fue dirigido exclusivamente al mercado estadounidense, aunque durante la administración Trump también se autorizaron ventas hacia compradores de Europa e India.
A partir de ese esquema se calcula que ingresaron alrededor de 3.000 millones de dólares, tomando como referencia un precio aproximado de 60 dólares por barril. Aun así, se reconoce que el crudo venezolano cotizaba ligeramente por debajo de ese valor debido a las condiciones derivadas del bloqueo.
Circuito bancario y subastas: asignación de dólares, trazabilidad y reglas de compliance
Para distribuir las divisas provenientes de los ingresos petroleros administrados por el Departamento del Tesoro, se designó un grupo inicial de cuatro bancos privados: Mercantil, BNC, Provincial y Banesco. Posteriormente, se sumaron otros bancos más con cupos de menor cuantía: Banco de Venezuela, Fondocomún, Bancamiga, entre otros.
Los dólares son canalizados mediante estructuras financieras internacionales, incluyendo entidades como Citibank y J.P. Morgan, y posteriormente entregados a los llamados “postores”, tanto personas naturales como jurídicas.
El sistema funciona con bastante opacidad, aunque bajo reglas estrictas de compliance y trazabilidad exigidas por bancos corresponsales y autoridades estadounidenses.
Uno de los requisitos fundamentales es que los solicitantes posean una cuenta bancaria en Estados Unidos, lo que permite rastrear completamente el recorrido del dinero. Además, el uso de los fondos debe justificarse previamente y destinarse a fines específicos, por ejemplo la compra de materia prima a proveedores declarados. Quedan excluidos usos como el pago de dividendos u otros destinos no autorizados.
Si se detecta un desvío de fondos hacia actividades distintas a las aprobadas, el beneficiario debe devolver el dinero y queda excluido de manera permanente del sistema.
El flujo de bolívares también está regulado. Las empresas depositan bolívares en la banca local y las entidades financieras disponen de 24 horas para transferir esos recursos al BCV. Con esto se evita que los bancos privados acumulen liquidez excesiva.
El BCV, que nunca recibe directamente los dólares, percibe únicamente los bolívares y tiene instrucciones de destinarlos prioritariamente a gastos corrientes, salarios y deuda, incluyendo pagos a contratistas y proveedores. Sin embargo, en la práctica la mayor parte de esos recursos termina orientándose al pago de nóminas.
De forma adicional, el sistema financiero habilitó cupos personales discrecionales mediante tarjetas MasterCard de débito y crédito. También se reforzaron mecanismos de custodia para grandes cantidades de efectivo, sometidos a estrictos controles de compliance destinados a verificar el origen lícito de los fondos antes de autorizar transferencias hacia bancos en el exterior.
Canales paralelos en cripto (USDT) y pago en bolívares
Para actores económicos sin acceso al sistema SWIFT, terminó consolidándose una vía paralela basada en criptomonedas, especialmente stablecoins como USDT, término utilizado de manera genérica.
Ese mercado, descrito por algunos como una especie de “dólar negro” cuyo valor termina anclado al de la subasta oficial, opera a través de casas de bolsa y vehículos financieros vinculados a bancos, como PIVCA en asociación con el BNC, dentro de un entorno con escasa o prácticamente inexistente regulación formal.
Este canal paralelo introduce amplios márgenes de discrecionalidad. En la práctica, permitiría que actores con acceso a contratos estatales, pagados en bolívares por el BCV, transformen posteriormente esos fondos en dólares digitales.
El fenómeno ha sido descrito incluso como una “trampa al revés”: por primera vez, el punto de partida de la ganancia sería el bolívar y no el dólar, algo que recuerda ciertos esquemas financieros del pasado.
Aun así, pareciera que la intención del Departamento del Tesoro estadounidense apunta a ordenar el sistema financiero venezolano y reducir la existencia de múltiples tipos de cambio, buscando eventualmente una convertibilidad más libre de la moneda basada en oferta y demanda.
Monetización de activos y gestión de deuda
Mientras tanto, se prepara un amplio programa de privatizaciones que abarcaría más de 900 compañías estatales. Allí entrarían desde grandes empresas hasta plantas industriales completas que nunca llegaron a instalarse y permanecen “en contenedores”.
La estrategia distingue varias categorías de activos.
Por un lado están los activos ya pagados, es decir, aquellos cuyos antiguos propietarios fueron compensados previamente por el Estado, como ocurrió con el Banco de Venezuela tras su venta por parte de Santander. Estos son considerados los activos más atractivos para una eventual venta.
También aparecen activos abandonados: propiedades de compañías que salieron del país, luego de haber sido asfixiadas por el régimen, pero sin haber sido formalmente expropiadas, como Ford o Bayer, y que actualmente atraviesan situaciones diversas, incluyendo invasiones.
A eso se suman activos expropiados, como es el caso de Agroisleña. También entraría la categoría de confiscados es decir, propiedades y bienes asociados presuntamente a la corrupción contra el patrimonio público y el tráfico de drogas, delitos que, de acuerdo al artículo 271 de la Constitución, no prescriben.
Algunos interpretan como una oportunidad la posibilidad de convertir deuda externa en activos. Bajo ese esquema, el país podría reducir un pasivo cercano a 160.000 millones de dólares mientras transfiere propiedad de empresas estatales.
También se sostiene que, pese al tamaño de la deuda, Venezuela sigue relativamente rezagada frente a otros países porque durante los últimos 18 años no participó en repartos multilaterales de deuda. Eso abriría la posibilidad de acceder nuevamente a financiamiento de organismos como el BID, el FMI y la CAF.
En paralelo, activos externos como el oro depositado en Londres – valorado actualmente en más de 4.000 millones de dólares y parte de unos 24.000 millones estacionados globalmente – estarían en proceso de liberación y eventual repatriación al tesoro, aunque todavía condicionados por reclamos de acreedores.
Recientemente, la interina Delcy Rodríguez designó una comisión interdisciplinaria encargada de elaborar un inventario de los activos venezolanos susceptibles de privatización, tanto dentro como fuera del país. La expectativa es que cualquier proceso de venta se realice mediante subastas y licitaciones con niveles elevados de transparencia.
Al cierre de esta nota coinciden además dos hechos relevantes.
Por una parte, el reportaje publicado por The New York Times sobre los negocios asociados a la venta de petróleo venezolano y el intercambio de barriles por alimentos, donde se señala a Carlos Erik Malpica Flores y Ramón Carretero como responsables de una estructura ilícita que seguiría operando dentro de PDVSA.
Por otra, la emisión por parte de la OFAC de la licencia 58 (GL 58) que abre la posibilidad de avanzar hacia una eventual reestructuración de deuda, permitiendo que abogados, bancos asesores y firmas consultoras trabajen técnicamente con el gobierno venezolano y PDVSA para determinar montos adeudados, diseñar propuestas, preparar esquemas de pago y discutir escenarios de reestructuración futura.
En próximas entregas abordaremos el debate surgido entre distintos expertos venezolanos sobre una posible dolarización de la economía y las experiencias comparadas de otros países.
