Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos
Desde hace más de tres años se ha venido gestando una operación institucional de despojo contra un grupo de familias campesinas que, desde hace cinco años, ocupan y producen alimentos en un predio rural improductivo ubicado en el municipio Pedraza del estado Barinas. Esta ofensiva, impulsada por el empresario maderero Ramón Homero González, ha involucrado simultáneamente a instancias judiciales, administrativas y de investigación penal, con el objetivo de desalojar a los conuqueros y facilitar el aprovechamiento privado de recursos forestales de alto valor comercial.
🌱 De tierra ociosa a núcleo productivo
El predio en disputa —propiedad de la Nación según la Ley de Tierras y el Decreto 706— permaneció improductivo durante años hasta que fue recuperado por 22 familias campesinas organizadas en el Consejo Campesino “Chávez en El Graciero”. Desde entonces, han desarrollado un esquema de producción agroalimentaria basado en el conuco, con parcelas de seis hectáreas por familia, sembrando yuca, maíz y otros rubros esenciales.
En 2021, una inspección técnica del Instituto Nacional de Tierras (INTi) confirmó el carácter ocioso del predio y recomendó su rescate agrario. Sin embargo, ese informe desapareció de los archivos del INTi, mientras la solicitud de adjudicación agraria presentada por los campesinos sigue sin respuesta.
🪓 El interés maderero detrás del conflicto
Ramón Homero González, heredero de una mujer que expulsó violentamente a campesinos del lugar, no ha podido demostrar actividad productiva ni documentos válidos de posesión. Su interés declarado es el aprovechamiento de especies forestales autóctonas, y para ello ha obtenido medidas judiciales de protección como “productor forestal”, a pesar de que solo existen cinco plantas ornamentales de teca en el terreno.
González ha activado tres vías institucionales para consolidar su control sobre el predio:
– Administrativa: con apoyo de la oficina regional del INTi y su directiva nacional.
– Judicial agraria: mediante el Tribunal Segundo Agrario de Barinas.
– Penal: con denuncias infundadas ante la GNB y el Ministerio Público.
⚖️ La Fiscalía 60° agraria como instrumento de criminalización
La más reciente acción involucra a la Fiscalía 60° Nacional con competencia agraria, creada en 2021 por el fiscal general con el propósito de proteger los derechos de los campesinos. En la práctica, su actuación ha favorecido a grandes propietarios en detrimento de los pequeños productores.
En octubre de 2025, el fiscal provisorio Pedro Eduardo Peres Hera citó para ser imputados a cuatro campesinos: Ramón Alirio Gómez (juez de paz comunal electo en diciembre de 2024), Jesús Enrique González Urbina, Giovanni Filimon Carrizalez Rondón y Aníbal José Altuna Flores. La causa se basa en una denuncia presentada por González en marzo de 2022, que permaneció inactiva durante más de tres años.
🚨 El caso de Rubén Delgado y la ofensiva penal
En febrero de 2024, otra denuncia por supuestos delitos violentos activó una averiguación amañada por parte del Destacamento 331 de la GNB. Rubén Delgado, vocero del Consejo Campesino, fue capturado sin orden judicial en su residencia. Otros dos compañeros (Miguel Angel Santamaría y Nelson Lepesquer) fueron detenidos al acudir a la sede militar para informarse sobre su situación. Desde entonces, los tres permanecen encarcelados.
El proceso ha estado marcado por:
– Torturas y tratos crueles por parte del capitán Joyner Chaustre.
– Falsificación de documentos procesales.
– Incorporación de nuevos delitos y testigos sin sustento.
– Protección institucional a los responsables de las torturas.
🧮 El patrón de despojo institucional
La ofensiva contra los campesinos del caso Canaguá no es un hecho aislado. Responde a un patrón de despojo institucional que combina:
– Criminalización de la producción campesina.
– Judicialización de la pobreza rural.
– Privatización encubierta de tierras nacionales.
– Protección de intereses madereros bajo figuras legales fraudulentas.
La actuación de la Fiscalía 60°, lejos de proteger los derechos campesinos, ha servido como herramienta para consolidar el despojo. La Defensoría del Pueblo, en lugar de defender a las víctimas, ha actuado como mediadora cómplice del empresario.
✊🏽 Por la vida, la tierra y la verdad
Desde La Tabla denunciamos esta operación de despojo y exigimos:
– Libertad plena para los campesinos detenidos.
– Titulación agraria para las familias que producen.
– Nulidad de los procesos fraudulentos.
– Sanción a los funcionarios involucrados en torturas y encubrimiento.
La lucha por la tierra es también una lucha por la verdad. Seguiremos documentando cada paso de esta ofensiva institucional que pretende borrar el esfuerzo de quienes siembran vida en medio del abandono y el saqueo.