La visita del secretario del Interior, Doug Burgum —presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético— a Caracas el pasado 4 de marzo no fue una misión diplomática rutinaria, sino la puesta en escena de una estrategia de seguridad nacional diseñada en la Casa Blanca para asegurar el control de los minerales críticos venezolanos. En la delegación viajó Gold Reserve, la minera que el gobierno de Hugo Chávez expropió en 2008 y que hoy regresa investida de un poder inusitado: no solo trae proyectos de inversión, sino un laudo arbitral por más de 1.100 millones de dólares.
En un contexto donde la Asamblea Nacional prepara una reforma de la Ley de Minas para blindar la inversión extranjera, Gold Reserve aterriza con 75 millones de dólares frescos en su cartera, una licencia de 30 días de la OFAC para negociar y el respaldo explícito de Washington .
Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 11 MAR 2026
El retorno a Venezuela de viejos conocidos en materia de inversiones mineras, como es el caso de Gold Reserve, no es una casualidad y eso se puede afirmar con total certeza.
Forma parte de un plan articulado y diseñado cuidadosamente desde la Casa Blanca como parte de una estrategia de largo plazo de seguridad nacional, en la cual la inversión privada en áreas estratégicas hace las vecqewes de un «ejército de ocupación» económica.
A partir del miércoles 4 de marzo, cuando el secretario del Interior, Doug Burgum, pisó Caracas al frente de una delegación de más de dos docenas de ejecutivos mineros , nos encontramos con esas caras que el país conoce bien. Gold Reserve no solo estaba en la comitiva, sino que emergió como el principal interlocutor del encuentro.
Al día siguiente, la propia empresa emitió un comunicado titulado «Gold Reserve regresa a Venezuela», confirmando que sus representantes se habían reunido con la presidenta Delcy Rodríguez y que la OFAC les había otorgado una licencia de 30 días para negociar su reingreso al país . Paul Rivett, vicepresidente de la compañía, declaró estar «muy impresionado por los avances logrados y el respaldo tanto de la administración de Estados Unidos como de la presidenta Rodríguez» . El regreso, después de 17 años, dejaba de ser una posibilidad para convertirse en un hecho en marcha .
Pero la historia de Gold Reserve en Venezuela no puede entenderse sin mirar lo que ocurre simultáneamente en los tribunales de Delaware. Allí, la empresa libra una batalla legal contra su exsocio Rusoro Mining por el botín más codiciado: las acciones de Citgo, la refinadora de PDVSA en Estados Unidos que está en venta forzosa para pagar las deudas de Venezuela . El conflicto estalló cuando Gold Reserve acusó a Rusoro de incumplir un acuerdo de consorcio que ambas habían firmado para coordinar una oferta conjunta en la subasta .
Lo que está en juego es nada menos que la posibilidad de cobrar los laudos arbitrales que ambas empresas tienen contra el Estado venezolano por las expropiaciones durante el gobierno de Hugo Chávez. En el caso de Gold Reserve, ese laudo, emitido en 2014, supera hoy los 1.100 millones de dólares con intereses . La empresa incluso logró embargos preventivos en Portugal por más de 1.400 millones de dólares .
La conexión es ineludible: el mismo conflicto que las enfrenta por el pasado minero es el que ahora las lleva a disputarse el futuro de los activos venezolanos en el exterior.
Y si de viejos conocidos hablamos, el entramado se completa con una figura clave: el abogado y constitucionalista José Ignacio Hernández. Años antes de ser designado procurador especial del interinato de Juan Guaidó en 2019, Hernández había sido contratado por Crystallex —otra minera canadiense expropiada— como experto independiente para emitir un informe pericial. En ese documento, Hernández aportó los argumentos legales que sostenían la teoría del «alter ego»: que PDVSA era jurídicamente indistinguible del Estado venezolano y, por tanto, sus activos (Citgo) podían ser embargados para pagar deudas soberanas. Esa teoría se convirtió en la base sobre la cual se construyó todo el andamiaje jurídico que hoy permite a Gold Reserve y otros acreedores pelear por Citgo.
ALa paradoja —y la controversia— saltaron a la vista cuando Hernández pasó a defender los intereses de Venezuela justo cuando los activos que él había ayudado a poner en la mira estaban a punto de ser rematados.
De allí aquella proclama del presidente Trump el 17 de diciembre de 2025, cuando acusó a Venezuela de haberle «robado su petróleo, su tierra y otros activos». Esa frase, que muchos interpretaron como un exabrupto electoral, adquiere ahora su verdadera dimensión: es la enunciación política de una estrategia que se venía ejecutando en los tribunales y que hoy se consuma sobre el terreno. El mismo Trump que denunciaba el despojo es el que, a través de su secretario del Interior, envía a Gold Reserve a «recuperar» lo que considera suyo.
La prueba más tangible de que Gold Reserve es la entidad mercantil seleccionada por el gobierno estadounidense para liderar la toma de activos mineros en Venezuela llegó apenas dos días después de la visita de Burgum. El viernes 6 de marzo ingresó a territorio estadounidense el primer cargamento de oro venezolano con un valor estimado de 100 millones de dólares, facilitado por la Licencia General 51 de la OFAC, que autoriza a empresas estadounidenses a comprar, transportar y revender oro de origen venezolano . El propio Burgum lo confirmó, subrayando que las reservas de oro del país se calculan en unos 500.000 millones de dólares . El flujo ya comenzó. Y Gold Raqqeserve, con su laudo arbitral bajo el brazo, su equipo financiero renovado y el respaldo explícito de Washington, está llamada a ser la punta de lanza de una nueva ocupación: la que no necesita tanques, sino contratos, sentencias y lingotes.