Como trágicamente suele ocurrir con los campesinos e indígenas, el cacique yukpa Cesareo Panapera fue asesinado dos veces. La primera, con proyectiles de armas de fuego la tarde del 10 de mayo de 2025. La segunda, al día siguiente, con la publicación en medios digitales de notas periodísticas que lo señalaban como participante en un asalto a una hacienda para robar ganado.
Según publicaciones de prensa, una minuta policial, sin afirmarlo directamente, definía la circunstancia de su muerte como un enfrentamiento armado, sugiriendo que «aparentemente» trabajadores de la hacienda La Perijá habían sorprendido a un grupo robando ganado. Esta versión inicial, cargada de insinuaciones y exculpaciones implícitas, buscaba construir un relato conveniente.
Debieron pasar unos 40 días para que la verdad empezara a emerger con nombres propios: el ganadero Arnoldo Martínez Romero, expresidente de la sociedad de ganaderos de Machiques, fue quien disparó. Esta información, crucial para desvelar la trama, ha sido difundida a través de las publicaciones del antropólogo y profesor de la Universidad de Zulia, Lusbi Portillo.
Más allá de los detalles específicos de este crimen, una revisión somera de los hechos y sus interconexiones revela un patrón recurrente y los verdaderos determinantes de este tipo de violencia.
Arnoldo Martínez, el presunto asesino, proviene de una familia arraigada en Machiques desde hace generaciones. Su padre, también llamado Arnoldo Martínez, fue fundador de la Sociedad de Ganaderos de Machiques (GADEMA). Tanto él como su hermano, Luis Elías Martínez, ostentaron la presidencia de esta entidad, que lamentablemente goza de un dudoso prestigio, cimentado en sus públicas declaraciones de apoyo al uso de prácticas violentas para «defender» sus intereses.
En 2006, Luis Elías Martínez, hermano del presunto asesino de Cesareo Panapera, fue asesinado en un intento de secuestro. Inicialmente, se atribuyó el hecho a integrantes de la guerrilla colombiana. Esta versión fue inmortalizada en una crónica publicada el 22 de julio de 2006 en el diario El Nacional, escrita por la periodista Milagros Socorro. El relato, épico y heroico, presentaba a las víctimas como figuras casi míticas, un sesgo posiblemente derivado de la afinidad de la autora con la misma clase social de los Martínez.
Sin embargo, detrás de la supuesta epopeya, se esconde una realidad mucho más cruda y menos gloriosa. No hay héroes ni villanos, solo los mismos actores en un ciclo de violencia sin fin. El asesino de Luis Elías Martínez no fue un guerrillero, sino, paradójicamente, un paramilitar reclutado por los propios ganaderos, en connivencia con las fuerzas militares (GNB) encargadas de la seguridad pública y el control de la extensa región de Perijá.
Ángel Antonio Romero Bracho, un veterano escolta, chófer y pistolero al servicio de los poderosos ganaderos de la zona, fue el verdadero autor de aquel crimen. La unidad local del GAES (Grupo Antiextorsión y Secuestro) lo contrataba para llevar a cabo «trabajos especiales» en contubernio con el gremio ganadero. Fue esta misma dinámica la que lo llevó a convertirse en el asesino del cacique yukpa Sabino Romero Izarra, acribillado en marzo de 2013. En 2015, Romero Bracho fue condenado a 30 años por este crimen, pero, notablemente, ninguno de sus «patronos» fueron investigados ni procesados. Resulta improbable que este sicario, aunque aceptara diversos contratos, estuviera en 2006 colaborando simultáneamente con rebeldes colombianos y con los enemigos naturales de la guerrilla, es decir, los propios ganaderos que lo empleaban.
El prestigio y la influencia de GADEMA no pueden ser subestimados. Más allá de la «construcción del relato» a su favor, basta señalar, a modo de ejemplo, que uno de sus expresidentes es hoy en día el presidente de Fedecámaras (el gremio empresarial a nivel nacional) en el estado Zulia, lo que demuestra su alcance e injerencia en las esferas de poder.
Las «coincidencias» no terminan aquí: el cacique Cesareo Panapera, asesinado en mayo de este año, era parte de la estructura organizativa del cacique Sabino Romero, asesinado en 2013. La conexión entre estos crímenes, la impunidad de los perpetradores intelectuales y la continua criminalización de las víctimas indígenas y campesinas, revela un patrón sistémico de violencia en Perijá, donde el poder económico y político se entrelaza para perpetuar un ciclo de despojo y muerte.