: El documento emitido el 29 de enero de 2026 permite a empresas estadounidenses comercializar crudo venezolano, pero impone condiciones que vacían la soberanía del país sobre su principal recurso. Este artículo de La Tabla se suma a las revelaciones de los últimos días sobre los 80 millones de barriles transferidos, las ventas por 2.000 millones de dólares y el efecto del conflicto en Medio Oriente sobre el precio de los 40 millones de barriles pendientes.
Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos
La Licencia General 46 de la OFAC no levanta el bloqueo petrolero contra Venezuela, sino que crea un carril de excepción para que empresas estadounidenses comercialicen el crudo a cambio de una pérdida de soberanía en tres dimensiones clave.
Esta nueva entrega de La Tabla se suma a las publicaciones de los últimos días que han documentado el control estadounidense sobre el petróleo venezolano. El miércoles pasado revelamos que Estados Unidos ha recibido más de 80 millones de barriles de crudo venezolano desde diciembre. El jueves, el secretario de Energía, Chris Wright, confirmó que 40 millones ya se vendieron por 2.000 millones de dólares a un precio promedio de 50 dólares por barril, mientras los otros 40 millones quedaban «en proceso de venta». El sábado explicamos cómo el conflicto en Medio Oriente podría duplicar el valor de esos barriles pendientes, llevándolos a 90 o 100 dólares.
Detrás de estas cifras hay un instrumento legal que las hace posibles: la Licencia General 46, emitida el 29 de enero de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
El documento mantiene vigentes las sanciones contra PDVSA y el gobierno venezolano. Lo que hace es autorizar operaciones bajo condiciones que transfieren a Washington el control efectivo de la industria.
1. Pérdida de jurisdicción
La licencia exige que «cualquier contrato con el Gobierno de Venezuela, PDVSA o sus entidades deberá especificar que las leyes de Estados Unidos rigen el contrato y que cualquier resolución de disputas ocurrirá en Estados Unidos» .
Un acuerdo firmado en Caracas sobre petróleo venezolano se regirá por las leyes de Delaware o Nueva York. Cualquier controversia se resolverá en tribunales estadounidenses.
2. Pérdida del control financiero
«Cualquier pago monetario a una persona bloqueada deberá realizarse en los Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero del Tesoro de EE.UU.» , ordena el texto .
El dinero de las ventas va directamente a cuentas controladas por Washington. El gobierno de Delcy Rodríguez debe solicitar permiso para cada desembolso.
3. Pérdida de autonomía comercial
La licencia prohíbe transacciones con entidades de Rusia, Irán, Cuba, Corea del Norte y aquellas controladas por China en Venezuela .
El principal comprador histórico del crudo venezolano queda excluido. EE.UU. reconfigura por decreto el mapa de socios comerciales.
A esto se suman prohibiciones de pagos en oro, criptomonedas o swaps de deuda, y la obligación de reportar cada exportación a los Departamentos de Estado y Energía de EE.UU. .
El marco legal de las cifras que hemos revelado
Esta licencia explica por qué los 80 millones de barriles transferidos han sido comercializados bajo condiciones que ningún otro país aceptaría. Explica por qué los 2.000 millones de dólares de las primeras ventas fueron depositados en cuentas del Tesoro y no en el BCV. Y explica por qué los 40 millones de barriles pendientes —cuyo valor se dispara hoy por la guerra— serán vendidos sin que Venezuela tenga acceso en tiempo real a las negociaciones ni a los precios de cierre.
Venezuela sigue siendo formalmente propietaria de su petróleo, pero ha perdido el control sobre cómo se vende, quién lo compra, dónde se deposita el dinero y cuándo puede gastarlo. La licencia 46 no es una apertura: es la institucionalización de una tutela energética.
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Nota: Este artículo forma parte de una serie especial de La Tabla sobre el control estadounidense del petróleo venezolano. Puede consultar las entregas anteriores: