La aplicación de la doctrina (Operaciones Expedicionarias desde Bases Avanzadas) por paEABOrte de la LCF-24 en el USSOUTHCOM traslada al Caribe una estrategia diseñada para enfrentar a China. Su necesidad operativa de instalar bases avanzadas en costas estratégicas convierte la lucha antinarcóticos en un desafío directo a la integridad territorial, forzando a gobiernos como el venezolano a elegir entre defender su soberanía o ceder ante la presión logística de Washington.
Redacción: La Tabla Plataforma de Periodismo de Datos 01 JUN 202
La implementación de la doctrina de Expeditionary Advanced Base Operations (EABO), traducida como Operaciones Expedicionarias desde Bases Avanzadas, por parte de la recién designada Fuerza de Combate Litoral-24 (LCF-24) ha convertido la instalación de «nodos terrestres» en zonas costeras estratégicas del Caribe en una amenaza estructural a la soberanía de las 40 naciones de la región. Al asumir el rol de fuerza táctica de respuesta rápida en el área del Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM), relevando a la 22ª MEU, la unidad no solo cambia de guardia, sino que importa una lógica militar concebida para negar el acceso marítimo a potencias navales rivales en el Indo-Pacífico, exigiendo ahora presencia física permanente en tierra firme bajo el pretexto de combatir redes criminales informales.
El núcleo de esta transformación reside en la discrepancia entre el diseño de la fuerza y el teatro de operaciones. A diferencia de las unidades expedicionarias tradicionales que operan íntegramente desde buques anfibios, la LCF-24 requiere establecer pequeñas bases avanzadas, móviles y dispersas, equipadas con radares de largo alcance y sistemas de misiles.
En un contexto caribeño donde no existe una amenaza estatal convencional, la instalación de esta infraestructura militar en territorios soberanos —ya sea gmediante acuerdos bilaterales explícitos o aquiescencias tácitas— genera una tensión directa con el principio de autodeterminación de los pueblos.
La logística del combate litoral exige control físico del espacio costero, convirtiendo la cooperación en seguridad en un instrumento de erosión de la soberanía nacional. Esa amenaza se torna especialmente crítica en países instituciones vulneradas, como es el caso de Venezuela tras la captura y secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro, el 3 de enero, en una operación militar de sustracción forzosa ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos.
El origen pacífico: Defensa soberana frente a un Estado-Nación
Para entender la tensión actual, es necesario mirar hacia el origen de la doctrina. El 3rd Marine Littoral Regiment (3rd MLR), activado en Hawaii en 2022, fue creado bajo la premisa clara de la competencia entre grandes potencias. Su misión es establecer bases avanzadas dispersas en islas estratégicas para negar el acceso marítimo a la flota china.
En este escenario, la instalación de radares G/ATOR y misiles NMESIS en Hawaii o en bases acordadas con Filipinas tiene una legitimidad jurídica sólida:
1. Territorio Propio: En Hawaii, EE.UU. ejerce soberanía plena. No hay disputa legal sobre la presencia de sus propias tropas.
2. Alianza Estratégica: En Filipinas, existe un tratado de defensa mutua y un consenso político claro frente a una amenaza existencial común (China). La cesión de espacio para bases es una decisión soberana de un aliado para proteger su propia integridad territorial frente a un ejército convencional.
La lógica es simple: se defiende la soberanía frente a otra soberanía agresora. Los nodos son escudos defensivos en un tablero de ajedrez estatal.
El dilema caribeño: Soberanía fragmentada y amenazas irregulares
El Caribe presenta un panorama diametralmente opuesto. Aquí no existe una armada rival ni una potencia estatal que amenace la existencia de los países de la región. La amenaza proviene de estructuras criminales informales: carteles de droga, bandas de tráfico de armas y organizaciones irregulares que operan en las sombras, sin uniforme, sin bandera y sin territorio fijo.
Aplicar la doctrina de «combate litoral» en este contexto genera tres fracturas fundamentales:
1. La desproporción estratégica y jurídica
Desplegar sistemas de misiles anti-buque y radares de defensa aérea de última generación para perseguir lanchas rápidas o avionetas cargadas de cocaína es una desproporción técnica y legal. Estos sistemas están diseñados para destruir buques de guerra y aeronaves militares estatales. Su presencia en territorios soberanos de naciones caribeñas, bajo el pretexto de lucha antinarcóticos, convierte espacios civiles en objetivos militares potenciales en caso de escalada, violando el principio de proporcionalidad y alterando la naturaleza civil de la seguridad regional.
2. La complejidad de la soberanía en 40 naciones
A diferencia del Pacífico, donde EE.UU. negocia con pocos actores clave (Japón, Filipinas, Australia), el Caribe está fragmentado en cerca de 40 entidades políticas con derechos soberanos plenos sobre sus costas. Cada instalación de un «nodo terrestre» de la LCF-24 requiere:
♦️ Negociaciones bilaterales complejas.
♦️ Respeto a constituciones nacionales que prohíben bases extranjeras.
♦️Aprobación legislativa local, a menudo inexistente en acuerdos ejecutivos rápidos.
La pretensión de establecer una red distribuida de bases en esta región choca frontalmente con el derecho internacional público y la autodeterminación de los pueblos. No se trata de defender la soberanía de EE.UU., sino de proyectar poder sobre la soberanía de terceros para combatir un crimen que no respeta fronteras pero que tampoco constituye una amenaza militar estatal.
3. El vacío de legitimidad política
En el Pacífico, la presencia de Marines es vista (por los aliados) como protección contra la invasión. En el Caribe, la presencia de nodos de combate litoral puede ser percibida como una militarización encubierta o una ocupación blanda. Al no haber una amenaza estatal clara, la justificación de instalar infraestructura militar ofensiva/defensiva en suelo extranjero se vuelve políticamente insostenible para muchos gobiernos locales, que temen ser vistos como títeres de Washington o perder su neutralidad.
Venezuela: La prueba de fuego de la soberanía condicionada
Este marco general adquiere una urgencia particular en Venezuela. Tras la captura y secuestro del presidente Maduro el 3 de enero y la instalación de un gobierno encargado, Caracas no opera desde una posición de fortaleza, sino de vulnerabilidad extrema. Este gobierno, surgido de la misma estructura constitucional pero obligado a gestionar la vulneración de su integridad territorial que derivó en la ”extracción” de su líder jefe del Estado, se encuentra ante una disyuntiva existencial que define su relación con la LCF-24.
No existe una alianza formal con EE.UU., ni un tratado de defensa. Sin embargo, el gobierno encargado actúa bajo la presión de la estabilización post-conflicto y la necesidad de reconocimiento internacional. Esto crea un escenario de «aquiescencia táctica»:
La exigencia operativa: La LCF-24 necesita nodos terrestres para operar eficazmente. Las costas venezolanas, por su geografía y proximidad a rutas de tráfico ilícito, son logísticamente ideales.
La respuesta venezolana: El gobierno encargado no ha firmado una cesión de soberanía explícita. Sin embargo, su actitud omisiva o permisiva frente a los requerimientos del USSOUTHCOM podría interpretarse como una autorización de facto. Un antecedente reciente de esta dinámica fue la autorización otorgada para el sobrevuelo de dos aeronaves militares estadounidenses sobre el espacio aéreo de Caracas el sábado 23 de mayo, un hecho que ilustra la capacidad de maniobra operativa de EE.UU. en territorio venezolano bajo la actual administración.
Al no oponerse activamente a la presencia de sensores, drones o equipos de avanzada en zonas fronterizas o costeras, Caracas estaría permitiendo que su territorio sea integrado en la arquitectura de seguridad estadounidense.
Esta situación es sumamente tensa. Si el gobierno encargado prioriza la defensa puntual de la soberanía, debe rechazar la instalación de nodos militares extranjeros, arriesgándose a perder el apoyo tácito de Washington y enfrentar una posible inestabilidad interna. Si opta por la actitud permisiva, acepta que su soberanía territorial sea condicionada por las necesidades operativas de una fuerza extranjera, estableciendo un precedente donde la integridad nacional se subordina a la agenda de seguridad hemisférica de EE.UU.
EnConclusión: Divergencia doctrinal y desafíos legales
La implementación de la doctrina de Combate Litoral en el Caribe evidencia una divergencia entre el diseño original de la fuerza y su aplicación en un teatro operativo distinto. Mientras en el Indo-Pacífico los nodos se justifican bajo tratados de defensa mutua frente a una amenaza estatal convencional, en el Caribe su despliegue se sustenta en acuerdos de cooperación bilateral para la interdicción de actividades ilícitas.
Esta diferencia implica que la instalación de infraestructura militar avanzada en territorios de naciones soberanas caribeñas carece del mismo respaldo jurídico y político que posee en el Pacífico. Para los gobiernos de la región, incluyendo a Venezuela, la aceptación de estos nodos implica navegar entre la necesidad de cooperación en seguridad y la preservación de la soberanía nacional. La LCF-24 ha iniciado su despliegue como fuerza de respuesta rápida, pero su operación dependerá de la voluntad política de cada estado para definir los límites de esta presencia militar en sus respectivas jurisdicciones.