Por Salvador Pimentel Roja
El derecho a la manifestación pública es un pilar fundamental del Estado democrático y del orden jurídico internacional. Reconocido en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), forma parte del catálogo de libertades esenciales para la expresión colectiva, la rendición de cuentas y la exigencia de justicia. Sin embargo, este derecho no es absoluto. Su ejercicio debe enmarcarse dentro de los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto al orden público, especialmente cuando se entrecruza con discursos que incitan al odio, promueven la violencia o justifican crímenes de guerra.
En las últimas semanas, tras el reavivamiento del conflicto entre Israel y Hamás, hemos asistido a una progresiva contaminación del espacio público en diversas capitales occidentales. Manifestaciones que inicialmente reclamaban justicia por las víctimas palestinas han sido instrumentalizadas por sectores radicales para difundir antisemitismo, exaltar a organizaciones terroristas y legitimar actos de violencia indiscriminada. Esta deriva no solo socava el valor democrático de la protesta, sino que constituye una amenaza directa al orden jurídico internacional y a la seguridad de las comunidades vulnerables.
El ataque del 7 de octubre: crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma. Como es bien sabido, dio origen inmediato del actual ciclo de violencia se remonta al 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamás, tras cruzar la frontera desde Gaza, perpetraron una masacre coordinada contra civiles israelíes en el festival musical Nova, así como en localidades cercanas como Be’eri y Kfar Aza. Según informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y múltiples investigaciones independientes, más de 1.100 personas fueron asesinadas, incluyendo mujeres, niños y ciudadanos extranjeros, mientras que más de 200 fueron secuestradas y trasladadas a territorio gazatí, unos pocos tuvieron el “privilegio” de volver a casa, otros aun cautivos, muchos asesinados en fechas posteriores.
Estos hechos no constituyen meros actos de guerra, sino crímenes de guerra tipificados contra el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), destacan Homicidio intencional de personas protegidas, Toma de rehenes, Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, Ataques dirigidos contra civiles, Violencia sexual, incluyendo violación y esclavitud sexual, hay más, pero quedémonos con estos que son de los mayor entidad.
La CPI, mediante su Fiscalía, ha abierto una investigación formal desde 2021 sobre crímenes cometidos en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo Gaza. Aunque Israel no es Estado Parte del Estatuto de Roma —retiró su firma en 2002 en virtud del artículo 127—, la Corte ejerce jurisdicción sobre crímenes cometidos en Gaza y Cisjordania, tras la aceptación de competencia realizada por la Autoridad Nacional Palestina en 2015 (artículo 12.3).
Sobre esta base, conviene estudiar las violaciones del Derecho Internacional Humanitario por ambas partes: El Derecho Internacional Humanitario (DIH), consagrado en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, establece límites claros al uso de la fuerza. Entre sus principios fundamentales figuran la distinción entre combatientes y civiles, la proporcionalidad en los ataques y la prohibición del castigo colectivo.
Hamás comprobadamente incurre en uso de escudos humanos y ataques indiscriminados; numerosos informes de Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch han documentado cómo Hamás utiliza infraestructura civil —hospitales, escuelas, viviendas— para fines militares, incurriendo en la práctica de escudos humanos, prohibida expresamente en el DIH. También ha lanzado miles de cohetes sin precisión contra zonas urbanas israelíes y contra sus propios civiles (Falsa Bandera), violando el principio de distinción.
Israel comprobadamente incurre en respuesta militar y cuestionamientos humanitarios; en respuesta o en operaciones. Ha llevado a cabo bombardeos sistemáticos sobre Gaza, argumentando legítima defensa contra un grupo armado no estatal. No obstante, la intensidad y escala de los ataques —especialmente en Rafah y Jan Yunis— han generado serias preocupaciones sobre la proporcionalidad, los daños colaterales y las restricciones al acceso humanitario. Estas acciones están siendo evaluadas como posibles crímenes de guerra. Claramente atacar áreas pobladas “no objetivo militar”, es considerada limpieza étnica, es genocidio conforme a los principios básicos del Derecho Internacional.
El consenso regional por el desarme y el regreso de la Autoridad Palestina es una necesidad más que un cuestionamiento. El 30 de julio de 2025, 17 países árabes, con el respaldo de la Liga Árabe y la Unión Europea, emitieron un pronunciamiento histórico en el que solicitaron a Hamás que entregue las armas y ceda el poder en Gaza a la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Este consenso no puede ser ignorado. Es el camino mínimo para desmilitarizar la franja, reconstruir las instituciones civiles y abrir una vía política hacia una solución definitiva.
La escalada del conflicto sumada a las protestas legitimas de origen, ha llegado al límite de amenazas nucleares y respuesta preventiva del sistema internacional; en un hecho sin precedentes. También es bien sabido que el 22 de junio de 2025, Estados Unidos bombardeó una central nuclear iraní ante evidencias concluyentes de que se preparaba un ataque balístico con capacidad nuclear. Esta operación, realizada bajo el principio de legítima defensa preventiva, fue respaldada por miembros de la OTAN como una medida de contención proporcional y ajustada al Derecho Internacional.
Simultáneamente, Israel respondió a las amenazas de Irán con medidas específicas, sin extender el conflicto hacia civiles ni vulnerar la soberanía de terceros países. Esto contrasta con otros escenarios de agresión territorial sin provocación directa.
Los conflictos actuales han diluido la atención del mundo sobre otras movilizaciones, el origen es conocido y ya lo he mencionado en estas líneas, pero lo que mas me preocupa es que no se tomen medidas contra todos los conflictos, sino que se empiece a baremar la importancia por la gravedad de los hechos o por sus protagonistas, el mundo sencillamente ignora muchas guerras o resta atención a otras por ese criterio. Por ejemplo: la República Democrática del Congo y Ucrania también son víctimas de invasión con derecho a la defensa.
En contraste con el caso israelí —donde la ofensiva fue una reacción directa al terrorismo—, Ucrania y la República Democrática del Congo han sido víctimas de invasiones internacionales sin justificación jurídica. Rusia, desde 2022, mantiene una guerra de agresión sobre Ucrania que vulnera la Carta de las Naciones Unidas. Igualmente, Ruanda ha ocupado militarmente la ciudad de Goma, apoyando a grupos armados que han cometido masacres, desplazamientos forzados y explotación ilegal de recursos en la RDC.
Estas invasiones también constituyen violaciones flagrantes del principio de integridad territorial, y deben generar la reacción activa del sistema internacional para evitar su consolidación como precedentes impunes, en la actualidad las noticias y la atención se diluye por la multiplicidad de conflictos, nada bueno para la paz mundial.
Esa situación, a mi criterio, constituye riesgo sistémico de una tercera guerra mundial -no soy el primero en decirlo- aun asi, con respeto a todos los analistas, ofreceré un análisis con datos comprobado: Penoso récord, 61 conflictos estatales activos en 2024 —11 de ellos clasificados como guerras por superar las 1.000 muertes anuales— el mundo enfrenta la mayor amenaza a la paz desde la Segunda Guerra Mundial. Lo alarmante no es solo la cantidad, sino el potencial de alineamiento entre bloques ideológicos y militares, que ya muestran señales preocupantes, ya que Rusia, China, Irán y Corea del Norte comparten intereses estratégicos; OTAN, Japón, Corea del Sur e Israel consolidan posiciones defensivas, y; países africanos y latinoamericanos enfrentan presiones para tomar partido.
Mientras esto ocurre, las grandes potencias aumentan su influencia mundial, compiten entre ellos y los perros de la guerra siguen sumando ganancias sobre las cenizas que lega toda guerra. Sin ser fantasioso, una tercera guerra mundial no comenzará como una única ofensiva, sino como una concatenación de conflictos regionales mal gestionados como los actuales.
Hago un llamado a una posición firme por la paz y el derecho, las invasiones deben cesar tanto en Gaza como en Ucrania y la República Democrática del Congo, deben prevenirse nuevas amenazas a la paz como el caso de Taiwán y la República Árabe Saharaui, entre otras.
Como defensor de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, reafirmo mi compromiso con una posición ética, legal y diplomática. Condeno con firmeza el terrorismo de Hamás, y respaldo el derecho de Israel a defenderse en proporción y sin extender la ocupación más allá de lo necesario. Apoyo la soberanía plena de Ucrania y de la República Democrática del Congo, cuyos territorios han sido violados sin provocación. Me uno al llamado internacional a la desmilitarización de Gaza, el fortalecimiento de la Autoridad Palestina y la restauración del proceso de paz. Denuncio los intentos de justificar crímenes de guerra en el discurso público, incluso en manifestaciones que deben mantenerse dentro de los márgenes legales.
Reconozco la paz mundial como una necesidad que pido al Señor Infinito, pidiendo también el cese de las reclamaciones armadas por los activistas de cada uno de las partes en conflicto.
“La verdadera paz nace donde reina la justicia, y se sostiene donde el derecho es respetado por todos.” — Rey Salomón. Proverbios 21:3 – Surah Al-Anbiya 21:78-79.
