Un organismo fiscal expone fallas en un contrato millonario, mientras la supervisión legal brilla por su ausencia
Un informe de un organismo de investigación fiscal ha documentado irregularidades críticas en el contrato de rehabilitación del Tren 1 de Fertilizantes del Complejo Petroquímico «Ana María Campos» (Zulia), suscrito por Pequiven con la empresa Valprotech Internacional Limited en 2018. El documento, elaborado después de 2020, revela que la consultoría jurídica de la empresa estatal no actuó para investigar o corregir los incumplimientos, pese a las evidencias de riesgo al patrimonio público.
Anticipo sin garantías y retrasos en fianza
El contrato de 85,3 millones de dólares incluía un anticipo de 17 millones, que debía protegerse con un fideicomiso Escrow —mecanismo donde un tercero retiene fondos hasta cumplir obligaciones—. Sin embargo, Pequiven desembolsó el dinero en junio de 2018 sin exigir esta garantía, violando el artículo 122 del Decreto de Contrataciones. La fianza de respaldo se presentó un año después (octubre de 2019), pero jamás fue ejecutada, a pesar de que Valprotech:
– Incumplió con la entrega del 50% de materiales al iniciar obras en julio de 2018.
– Trasladó equipos del Tren 1 al Tren 2 sin autorización, frenando la rehabilitación.
– No presentó avales de obras, según consta en un acta de inspección de 2019.
Omisión de la consultoría jurídica
Aunque el informe fiscal no menciona directamente a la consultoría jurídica, el análisis comparativo evidencia su inacción:
1. No supervisó el contrato: Permitieron el pago sin Escrow y no verificaron la cesión del contrato a Valprotech, pese a que la firma original (AISCA) no cumplió requisitos.
2. Ignoraron normativas: Omitieron el artículo 6 de las Normas de Control Interno, que exige salvaguardar recursos públicos.
3. No actuaron ante evidencias: Pese a las pérdidas por la paralización del proyecto —que bloqueó ingresos por ventas de fertilizantes—, no hubo investigaciones internas ni reclamos legales.
Contexto y silencio institucional
La funcionaria a cargo de la consultoría jurídica desde 2022-2023, cuya designación se enmarca en una estructura de poder vigente desde 2017, no ha respondido por estas fallas. Analistas exigen auditorías independientes, señalando que la falta de supervisión refleja una «infiltración sistemática» en áreas estratégicas. Pequiven, por su parte, mantiene silencio.
Adicionalmente es pertinente llamar la atención sobre algunos antecedentes de la entidad contratada.
La compañía en Venezuela fue constituida en 2013. Un año después (2014) fue inscrita una entidad homónima en Londres. La dirección en Caracas (edificio Saule en Chacao) y el nombre del gestor u operador (Johann Hoffmann, corredor bursátil autorizado por Sunaval) indica que se trata de la misma organización..
El caso Valprotech, con un anticipo en riesgo y obras inconclusas, subraya la urgencia de reformas que prioricen transparencia y responsabilidad funcional en contratos públicos.
