El trato distinto entre yates y lanchas rápidas no refleja preferencia, sino la coexistencia de dos protocolos: el histórico de interdicción eficaz del Comando Sur y el despliegue naval de Trump, centrado en bombardeos sin resultados estructurales.
Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 9 DIC 2025
El aparente trato diferenciado entre un yate interceptado cerca de Miami Beach y las lanchas rápidas destruidas por misiles en altamar no refleja un cambio de política operativa de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos frente al narcotráfico marítimo. Lo que evidencia es la coexistencia de dos protocolos distintos para manejar la amenaza.
En el caso del yate se aplicó el paradigma histórico, vigente desde los años 90 bajo el Comando Sur, que coordina una fuerza de tarea conjunta interagencial. Esta integra a Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Infantería de Marina y Guardacostas, junto a agencias federales como la DEA, DIA, CIA, CBP, FBI, ICE y el Departamento de Estado, además de representantes de países aliados (Argentina, Ecuador, Francia, Perú, Reino Unido, Holanda, El Salvador, España, entre otros). Su jurisdicción abarca el Caribe y el Pacífico, y hasta mediados de 2025 mostró eficacia con altas tasas de decomiso e interdicciones precisas, incluso en aguas cercanas a Venezuela sin choques con sus autoridades.
El despliegue naval iniciado en agosto alteró ese esquema. Incorporó fuerzas exclusivamente militares —armada, infantería de marina, portaaviones, buques anfibios y apoyo aéreo— con recursos muy superiores a los necesarios para operaciones de interdicción. Sin embargo, en lugar de potenciar decomisos y capturas, se ha limitado a bombardeos contra lanchas rápidas, con saldo de muertes pero sin registros claros de cargamentos incautados, personas identificadas o capturadas. El aporte al control estructural del tráfico ilegal ha sido prácticamente nulo.
En contraste, la fuerza de guardacostas y aliados bajo Comando Sur continúa mostrando resultados cuantitativos valiosos. Oficialmente, la estructura interagencial no ha sido desmantelada, pero desde la presidencia y el Pentágono no se anuncian nuevas operaciones bajo ese formato. Esta divergencia operativa contribuyó a la exigencia de salida del almirante Alvin Halsey, quien debe entregar el mando el 12 de diciembre, antes de concluir su periodo previsto.
Conclusión
No se trata de que los yates tengan “preferencia” para no ser bombardeados. Ninguna embarcación debería serlo, de acuerdo con los protocolos habituales de seguridad y combate al narcotráfico. Lo que refleja la situación es la incoherencia de la autoridad federal, al modificar arbitrariamente procedimientos probados y dejar de lado estructuras eficaces. El actual gobierno de Donald Trump está utilizando de manera instrumental la narrativa de la “guerra contra las drogas” con fines geopolíticos, más que con objetivos reales de control del tráfico ilícito.