La reunión de los directivos de IMPSA con Jarrod Agen, director del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos, no es un gesto protocolar. Es la evidencia de que la empresa argentina opera como instrumento de una estrategia mayor: la apropiación de los recursos energéticos venezolanos por parte de Washington, con la complicidad de una red de capitales de origen corrupto.
La firma del contrato para rehabilitar las centrales hidroeléctricas de Tocoma y Macagua se presentó como un logro comercial y de ingeniería. Sin embargo, el viaje posterior de los principales directivos de IMPSA a la Casa Blanca desnuda la verdadera naturaleza de la operación. Allí no se reunieron con socios comerciales, sino con Jarrod Agen, la máxima autoridad del Consejo de Dominio Energético, el organismo que planifica las garantías energéticas de Estados Unidos para las próximas décadas.
Agen no es un funcionario cualquiera. Es el arquitecto de la política de «dominio energético» de Donald Trump, un estratega que ha declarado abiertamente su intención de acelerar los negocios energéticos en Venezuela bajo la premisa de una «fase de estabilidad» que pospone cualquier transición democrática. Que los jefes de IMPSA hayan acudido a rendir cuentas ante él demuestra que la empresa no es un actor independiente, sino un engranaje de un proyecto geopolítico.
El interés imperial es claro: controlar la infraestructura energética estratégica del continente. La reactivación de Tocoma y Macagua, que aportará 2.640 MW, no es un fin en sí mismo, sino la puerta de entrada para que el capital estadounidense, tutelado por el Consejo de Agen, se apodere de la riqueza energética de la región.
Y para ejecutar ese plan, Washington no eligió socios transparentes. Eligió a IMPSA, una empresa cuyo proceso de privatización estuvo marcado por la opacidad. Como ha documentado La Tabla, los inversionistas que adquirieron la compañía son parte de una estructura delictiva creada en Venezuela, vinculada a la corrupción en PDVSA y al lavado de activos.
El director del fondo de inversión que controla IMPSA, Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, es un excontratista de PDVSA investigado en Guatemala por intentar tomar el control del banco Bantrab mediante sobornos, y vinculado al hundimiento de la plataforma gasífera Aban Pearl, un desastre que generó sobreprecios millonarios. No hay capital norteamericano legítimo, sino fondos de origen ilícito reciclados a través de direcciones fantasma en Delaware.
Que Washington ignore estos antecedentes no es un descuido: es una decisión política. Se seleccionan operadores opacos para ejecutar un proyecto de apropiación porque su falta de escrúpulos garantiza que no habrá obstáculos legales ni éticos. La lealtad al Partido Republicano y las donaciones al proyecto de Trump funcionaron como el pase perfecto, sustituyendo la debida diligencia por la complicidad política.
La presencia de IMPSA en la Casa Blanca certifica que la empresa es un instrumento al servicio de los proyectos de Trump y de Washington. No es una historia de inversión y desarrollo, sino de injerencia y saqueo. Detrás de la fachada corporativa, lo que realmente avanza es un plan de apropiación de la riqueza energética venezolana, ejecutado por una red de capitales corruptos que han encontrado en la administración estadounidense a su más alto protector.