Por JC
Reporte
En el complejo panorama de operadores financieros vinculados en Venezuela a la corrupción, algunas figuras han logrado moverse con una destreza singular, eludiendo el escrutinio público y la acción de la justicia internacional. Este parece ser el caso de Gustavo Mirabal Castro. Sin embargo, su suerte podría estar cambiando drásticamente, asemejando su trayectoria a la de Al Capone: su talón de Aquiles no sería un monumental caso de lavado de activos, sino un enmarañado proceso de separación y divorcio.
Gustavo Mirabal Castro no es un nombre desconocido en ciertos círculos de poder. Hijo del exgobernador de Miranda y militar retirado Gustavo Mirabal Bustillos, este abogado de profesión cimentó su carrera en el sector bancario y de seguros en Venezuela antes de fundar su propia firma, Mirabal & Associates, especializada en asesoría legal y tributaria. Paralelamente, cultivó una notoria pasión por el mundo ecuestre, patrocinando jinetes en Florida y Madrid a través de su firma G & C Farm hasta el año 2018, según ha expuesto el periodista Cesar Batiz en el canal de YouTube de su medio “El Pitazo”, quien describió a Mirabal como uno de los artífices financieros del gobierno que no solo pasó desapercibido para la opinión pública, sino que también consiguió librarse de investigaciones en Estados Unidos.
El ascenso meteórico de Mirabal, según investigaciones periodísticas, coincidió con el de dos figuras clave en el engranaje financiero del chavismo: Alejandro Andrade, extesorero de la nación y exguardaespaldas del expresidente Hugo Chávez; quien fue procesado y condenado en Estados Unidos por lavado de dinero; y Leonardo González Dellán, expresidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV). González Dellán fue sancionado por la OFAC en 2019 y, de acuerdo con información de tribunales estadounidenses, actuó como testaferro de Andrade. Las mismas pesquisas periodísticas señalan a Mirabal como uno de los responsables que contribuyó a la quiebra del BIV, en complicidad con estas figuras.
Su red de influencias y su vida de lujos lo llevaron a ser vecino de Alejandro Andrade en Wellington, Florida. No obstante, su permanencia en suelo estadounidense se vio truncada ante denuncias por presuntos delitos fiscales que amenazaban con llevarlo a prisión. Este fue el inicio de un periplo que lo condujo primero a España, donde también habría incurrido en irregularidades tributarias, y finalmente a su actual residencia en Dubái. Desde allí, lejos del alcance de varias jurisdicciones, Mirabal parecía haber encontrado un refugio seguro, hasta que su vida personal se convirtió en el epicentro de un nuevo y devastador escándalo.
La fractura familiar: Abandono en Madrid y una sombra de manipulación
María Carolina Chapellín, esposa de Gustavo Mirabal, y sus hijos
La huida de Gustavo Mirabal hacia Dubái no fue un viaje en solitario. Le acompañaba su esposa, María Carolina Chapellín, conocida por haber portado la banda de Miss Delta Amacuro en el certamen Miss Venezuela de 1994. Sin embargo, lo que parecía ser un exilio dorado en los Emiratos Árabes se ha transformado en el epicentro de un agrio conflicto familiar. El castillo de naipes de su vida personal comenzó a desmoronarse cuando Mirabal, según se ha sabido, decidió iniciar una nueva vida con una joven de 24 años, dejando a su esposa y a los hijos de ambos en una precaria situación.
Gustavo Mirabal en Dubái en compañía de su nueva pareja
La estrategia, según se sabe, consistió en reubicar a Chapellín y a sus hijos en Madrid, para luego dejarlos en una situación de completo desamparo. Los informes apuntan a que Mirabal habría suspendido todo apoyo económico, generando una deuda que superaría los siete meses en las colegiaturas de los menores. El empresario argumenta que su situación legal le impide viajar a España por temor a ser detenido, y utiliza esta circunstancia como palanca de presión: exige que su esposa e hijos regresen a Venezuela, donde él podría reunirse con ellos gracias a los contactos políticos que aún conservaría en el país suramericano.
Este episodio ha redefinido la percepción pública sobre María Carolina Chapellín. Si antes algunos la catalogaban como una cómplice silenciosa del enriquecimiento de su marido, ahora emerge una nueva narrativa que la posiciona como una víctima más de las maniobras de Mirabal.
Este patrón de conducta presuntamente manipulador no sería un hecho aislado. La trama familiar se oscurece aún más con denuncias que involucran a su propia hermana. Se le acusa de haberle arrebatado la custodia de sus dos hijos, convirtiendo a uno de ellos en su testaferro y enemistándolos con su madre. La situación habría escalado a tal nivel que uno de los sobrinos llegó a agredir físicamente a su progenitora, supuestamente influenciado por Mirabal para silenciar las denuncias que su hermana hacía en su contra ante los medios de comunicación. Tales antecedentes pitan el retrato de un hombre dispuesto a utilizar lazos familiares como instrumentos en sus batallas personales y financieras.
La clave judicial: Un precedente que bloquea la vía de escape Venezolana
La estrategia de Gustavo Mirabal para disolver su matrimonio y, presuntamente, asegurar su patrimonio, parece enfocarse en los tribunales de Venezuela. Sin embargo, este camino podría ser un callejón sin salida, gracias a una reciente y contundente jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que se ajusta, como un guante a la medida, a su situación.
Un caso paradigmático, resuelto por la Sala Político Administrativa mediante la sentencia número 745, dictada el pasado 12 de agosto de 2025, sienta un precedente que impacta directamente en las intenciones de Mirabal. Dicho fallo reitera de forma inequívoca que los tribunales venezolanos carecen de jurisdicción para tramitar divorcios, incluso los solicitados por desafecto, cuando hay hijos menores de edad domiciliados fuera del territorio nacional.
La historia detrás de esta sentencia es reveladora y dibuja el escenario legal que enfrenta la familia Mirabal-Chapellín. En ese litigio, que se prolongó por casi tres años, el cónyuge intentó divorciarse en Venezuela a pesar de que la otra parte y sus hijos residían en Madrid, España. Tras un largo periplo judicial en el que un divorcio fue sentenciado y posteriormente anulado, la Sala estableció que la normativa que protege el interés superior de los niños es una cuestión de orden público. Esto significa que la competencia para decidir sobre las instituciones familiares (custodia, manutención, etc.) recae exclusivamente en el juez del domicilio de los menores, en este caso, el de Madrid.
Este dictamen es una muralla legal contra cualquier intento de Mirabal de utilizar el sistema judicial venezolano a su favor. Dado que su esposa e hijos tienen su residencia establecida en Madrid, cualquier solicitud de divorcio que él presente en Venezuela estaría destinada a ser desestimada por falta de jurisdicción. La justicia venezolana, según este criterio, se declararía incompetente y el asunto tendría que ventilarse obligatoriamente en los tribunales españoles, el mismo territorio al que Mirabal teme regresar. Así, el destino de sus hijos, a quienes habría dejado en el desamparo, se convierte paradójicamente en el ancla que lo amarra a una jurisdicción que preferiría evitar.
