En un acto que ha generado controversia, la Defensoría del Pueblo de Colombia, bajo la gestión de Carlos Ernesto Camargo Assis, ha firmado un contrato que asciende a la suma de 956 millones de pesos. El objetivo de este desembolso económico es la adquisición y puesta en marcha de un gimnasio de vanguardia en las instalaciones de la sede nacional de la entidad, un espacio destinado para uso del Defensor.
El contrato, identificado con el número SAB-SI-12-2023, fue concedido a Evolution Fitness Corporation S.A.S. tras un proceso de licitación caracterizado por su brevedad, realizando una selección abreviada mediante subasta inversa, concluyendo el proceso el 27 de diciembre de 2020. La mencionada empresa contratista está representada legalmente por Mary Sandra Mejía Gutiérrez.
Repercusiones de una decisión cuestionada
La iniciativa ha despertado un eco de críticas y cuestionamientos, especialmente de sectores preocupados por las verdaderas necesidades de las comunidades vulnerables a las que la Defensoría está destinada a servir. Estas voces críticas ponen en tela de juicio la asignación de una cantidad tan significativa de recursos financieros en comodidades como equipamiento de gimnasio de alta tecnología, televisores y accesorios deportivos de primeras marcas.
Las gestiones para la implementación de este proyecto fueron lideradas por Óscar Julián Valencia Loaiza, quien ocupa el cargo de Secretario General de la Defensoría, y contaron con el respaldo de Luis Alberto Restrepo Tovar, el Subdirector Administrativo de la entidad.
Un gasto en la mira de los expertos
Analistas y expertos en la administración pública han expresado su reprobación ante lo que consideran un gasto exuberante y difícil de justificar. Subrayan la falta de transparencia en torno al uso que el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dará a estas instalaciones fitness y si existe una justificación médica que respalde la necesidad de este tipo de infraestructura deportiva en la sede de la Defensoría.
Este cuestionamiento ha ido más allá del debate público, llegando a instancias de control. Hay solicitudes para que la Contraloría lleve a cabo una investigación minuciosa sobre la legalidad y pertinencia de la contratación, en vista de que este gasto ostentoso no parece alinearse con la misión principal de la Defensoría: la defensa y promoción de los derechos humanos de la población colombiana.
El defensor del pueblo Carlos Camargo se gastó $956 millones en un gimnasio con varias máquinas para su despacho.
El contrato se hizo mediante selección abreviada y la firma seleccionada fue Evolution Fitness Corporation representada legalmente por la señora Mary Sandra Mejia. pic.twitter.com/DotZtDAj1j
— El Expediente (@EIExpedienteCol) January 16, 2024
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