Y aunque monedas populares como bitcoin registran cada transacción en un libro contable público llamado blockchain, la identidad detrás de esas transacciones es anónima. Algunos países, como Brasil y Chile, han intentado tomar medidas incorporando las criptomonedas a sus sistemas bancarios e implementando leyes de “conozca a su cliente” (KYC), que exigen a las instituciones verificar quién está detrás de una cuenta antes de permitir el comercio de criptomonedas. Pero muchos países de la región van rezagados en este tema, e incluso las regulaciones existentes pueden ser eludidas por criminales creativos.
Robos bancarios desde tu habitación
El mayor robo conocido contra una institución financiera brasileña ocurrió en julio de 2025, cuando ciberdelincuentes sustrajeron 150 millones de dólares sin poner un pie en un banco. Aprovechando una falla en Pix, el sistema de pagos electrónicos de Brasil, el grupo drenó los fondos y luego convirtió el dinero en criptomonedas para intentar ocultar el rastro. Los ladrones operaban a nivel internacional, con sospechosos arrestados en Argentina, Portugal y España, además de en 11 estados de Brasil. Sin embargo, los cabecillas del grupo siguen prófugos.
La red de ciberdelincuencia con base en Brasil Grandoreiro, que apareció por primera vez alrededor de 2016, enviaba extensiones maliciosas a las víctimas que posteriormente les permitían robar credenciales e ingresar a sus cuentas bancarias. Cuando se realizaron varias detenciones en Argentina en 2025, las autoridades pudieron reconstruir el modus operandi. El grupo utilizaba cuentas locales para realizar transferencias bancarias normales antes de comprar y vender criptomonedas para fragmentar el rastro. La mayor parte de las criptomonedas terminó siendo transferida a un servidor en Brasil.
Casos como estos muestran cómo la economía criminal digital de Brasil experimentó una expansión sin precedentes en 2025, con la aparición de bandas cibernéticas especializadas que utilizan malware para invadir y robar cuentas bancarias o convierten fondos en criptomonedas para disfrazar las rutas del dinero de grandes robos digitales.
Aprovechando el anonimato que proporciona la blockchain y la facilidad de las transacciones digitales, transferir fondos a través de diversas cuentas se ha convertido en un método criminal en auge.
Lo viejo se encuentra con lo nuevo
Sin quedarse atrás frente a los nuevos actores cibernéticos, los grupos de tráfico de América Latina adoptaron las criptomonedas para lavar dinero del narcotráfico a través de sus redes. Mientras ocultaban ganancias del tráfico de drogas y armas mediante el método tradicional de empresas fantasma, aumentaron la opacidad del proceso utilizando técnicas como mezcladores de criptomonedas.
Los principales grupos criminales de Brasil, así como bandas cibernéticas especializadas como Grandoreiro, también adoptaron las criptomonedas. El Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho comenzaron como pandillas carcelarias y asaltantes de bancos. Pero en la última década incursionaron en el tráfico de cocaína, lo que disparó sus ganancias y poder.
Mientras mantienen sus actividades tradicionales, ambas bandas buscan constantemente nuevas formas de ampliar su portafolio criminal. Y aunque son rivales, los grupos supuestamente cooperaron el año pasado para lavar alrededor de 1.100 millones de dólares utilizando el sistema bancario digital del PCC.
La tendencia de los grupos criminales tradicionales de adoptar nuevas técnicas de lavado va más allá de Brasil. En México, las criptomonedas son ahora el método de pago preferido en la cadena de suministro de precursores químicos, especialmente para transacciones de pre-precursores de fentanilo. En mayo de 2025, las autoridades incautaron 5,5 millones de dólares a una red vinculada a organizaciones mexicanas que utilizaban criptomonedas para pagar a proveedores chinos.
Otros mercados criminales
Varios acontecimientos en 2025 sugieren que el uso de criptomonedas se ha expandido más allá del narcotráfico.
En Chile, las autoridades desmantelaron una red vinculada al Tren de Aragua que ayudaba a lavar más de 13 millones de dólares mediante criptomonedas. La organización utilizaba un sistema sofisticado que convertía fondos ilícitos en activos digitales y los transfería internacionalmente a través de corredores de criptomonedas para ocultar su origen. Los criminales lograron esconder ganancias provenientes de lo que la policía y los fiscales denominaron “impuestos criminales”, derivados de extorsión, narcotráfico, explotación sexual, tráfico de migrantes y secuestros.
En Brasil, la Policía Federal desmanteló una red que utilizaba empresas fantasma y testaferros para importar productos electrónicos sin pagar impuestos y luego venderlos a través de una importante plataforma de comercio electrónico. Las ganancias eran posteriormente lavadas mediante activos en criptomonedas. La operación de septiembre de 2025 reveló que uno de los operadores lavó más de 190 millones de dólares en poco más de un año a través de plataformas de intercambio de criptomonedas.
Además, una incautación de 10 millones de dólares en activos de criptomonedas realizada por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en julio de 2025, vinculada al Cártel de Sinaloa, mostró que las organizaciones criminales mexicanas tradicionales también están aprovechando los activos digitales para operar.
El crimen organizado está ganando la carrera armamentista de las criptomonedas
Algunos países de la región implementaron nuevas medidas para combatir el ciberdelito. Pero las fuerzas del orden están teniendo dificultades para seguir el ritmo de las organizaciones criminales en América Latina y el Caribe.
Los gobiernos han intentado regular el nuevo “Lejano Oeste” digital de los pagos en línea mediante una mayor trazabilidad y leyes de “conozca a su cliente”, diseñadas para proteger a las instituciones financieras del lavado de dinero, la corrupción y el fraude.
En 2025, Brasil mejoró su normativa sobre la trazabilidad de los fondos manejados por empresas de tecnología financiera. Los nuevos procedimientos exigieron que los bancos digitales siguieran el mismo proceso que los bancos tradicionales y reportaran transacciones sospechosas a las autoridades financieras del país.
Chile también ha invertido en su lucha contra el lavado de dinero. Desde julio de 2025, las transacciones de bitcoin superiores a 1.000 dólares dejaron de poder realizarse de forma anónima, ya que las autoridades comenzaron a exigir que las plataformas de criptomonedas identificaran a los emisores y receptores de estas operaciones. Se estableció una nueva estructura para hacer cumplir la norma mediante sistemas de registro, alerta y verificación para controlar el movimiento de fondos. La iniciativa redujo el anonimato de las transacciones digitales, aumentando su trazabilidad y facilitando la identificación de operaciones sospechosas.
A pesar de avances relevantes, el flagelo común de la corrupción y la falta de capacidad investigativa especializada y recursos para la aplicación de la ley han hecho que frenar el uso ilegal de criptomonedas resulte esquivo para muchos gobiernos. Las criptomonedas suelen negociarse a través de fronteras y en cuestión de segundos. Y el uso de mezcladores —servicios que combinan criptomonedas mientras pasan del comprador al receptor— aumenta la dificultad para identificar el rastro y hace aún más complicado seguir el origen de los fondos.
Muchos gobiernos ya tienen dificultades para detectar el lavado de dinero tradicional y, aun con capacitación especializada para enfrentar el ciberdelito, las criptomonedas evolucionan constantemente, lo que hace que los métodos de combate queden obsoletos rápidamente.
El crimen organizado está ganando la carrera armamentista de las criptomonedas, y es probable que en 2026 esta tendencia continúe, a menos que las autoridades logren encontrar la manera de ponerse al día con el cambiante panorama criminal digital.