Una funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, cuya identidad se mantiene en reserva, denunció que fue sometida a un interrogatorio ilícito sin presencia de un abogado, y a una revisión corporal completamente desnuda en un baño de la Casa de Nariño.
Un registro que obliga a una persona a quitarse toda la ropa no es una revisión de rutina. El Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004, artículo 247) regula la inspección corporal como una medida que requiere orden judicial y control de garantías, y la Corte Constitucional ha puesto límites estrictos a estas intervenciones sobre el cuerpo (sentencias C-822 de 2005 y C-789 de 2006).
El caso ya se encuentra en poder de los representantes legales de la víctima, quienes evalúan acciones penales y disciplinarias. La Nueva Prensa tuvo acceso al testimonio grabado de la afectada, de casi dieciocho minutos, cuya voz se distorsiona y su identidad se omiten por razones de seguridad.
Todo comenzó con una llamada de quien se identificó como Valentina Mancilla, secretaria privada del director del DAPRE, Carlos Andrés Ríos Puerta. Mancilla citó a la funcionaria a una reunión a las 9:30 de la mañana.
La servidora solicitó el aplazamiento de la cita por enfermedad de su madre y la reunión se fijó para la una de la tarde del mismo jueves 29 de octubre, en la Casa de Nariño. La funcionaria salió devastada de Palacio hacia las cinco y media de la tarde. En ese lapso de cuatro horas y media, según su relato, fue torturada e interrogada hasta causarle el llanto. Tras el primer interrogatorio, una oficial de la Policía la forzó a desnudarse por completo para requisarla y a orinar en un baño de Palacio con la puerta abierta, acción que los abogados de ella calificaron de tortura por parte de una oficial de la Policía y de quienes impartieron la orden de martirizarla.
En la oficina la esperaban la secretaria Valentina Mancilla y entre dos y tres hombres que se presentaron como “investigadores”. No exhibieron sus identidades ni informaron a qué entidad pertenecían.
La diligencia, de acuerdo con los abogados que asumieron su defensa, no correspondió a un trámite administrativo sino a un interrogatorio practicado por la fuerza y sin orden judicial ninguna. Las preguntas se refirieron a su vida personal y laboral: la forma de ingreso al DAPRE y la persona que la recomendó. Ella se negó a mencionar nombres debido a la manera indebida como fue asediada.
Luego, la indagación tomó un giro político, pues los hombres le preguntaron por su vínculo personal e institucional con el expresidente Gustavo Petro. Ella respondió que no lo conoce y que solo lo ha visto por televisión y en actos de la Presidencia.
Los abogados dijeron que, al parecer, los interrogadores eran militares de los servicios de inteligencia, sin funciones judiciales.
Durante la indagación le exhibieron sus redes sociales para mostrarle fotografías y publicaciones, entre ellas la de un domingo de ciclovía con su hijo, donde se alcanza a observar un puesto callejero de la campaña de Iván Cepeda. La acusaron de haber delinquido al darle apoyo a un candidato en calidad de servidora pública.
El cuestionario incluyó también preguntas sobre otras mujeres vinculadas a entidades del Estado. Al negar relación alguna con las mujeres, le pusieron enfrente fotos con una compañera de oficina, tomadas en el sitio de trabajo. Según el testimonio, los interrogadores conocían incluso episodios antiguos de su vida privada. La habían perfilado.
Ante la opacidad del procedimiento, la funcionaria increpó a los sujetos en plena diligencia. Les manifestó que desde el cambio de gobierno no le asignan funciones, que carece de jefe inmediato y que esa situación en su contra constituye acoso laboral y persecución. “Yo siento que eso es un acoso laboral, porque me están aburriendo”, les dijo.
Su defensa legal dijo a La Nueva Prensa que la índole de las preguntas a la funcionaria constituyó una trampa en su contra debido a que no la habían abordado investigadores judiciales sino presuntos agentes de inteligencia, al estilo de los que tuvo la extinta policía política DAS.
Uno de los abogados que la representa reiteró que hay “indicios graves para presumir que los hombres no eran investigadores judiciales, sino agentes encubiertos adscritos a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)”. “Lo cierto es que los sujetos no mostraron credenciales ni precisaron si se trataba de un proceso disciplinario, de descargos o de una investigación penal”, agregó.
La funcionaria se quebró y lloró. Pidió permiso para ir al baño. Le ofrecieron agua y le propusieron quedarse a solas con la secretaria Valentina Mancilla “para que comiences con confianza” y esa funcionaria “volvió con las mismas preguntas”, relató. La funcionaria interrogada aseguró que mantuvo su versión.
Cuando por fin le permitieron salir, bajó al baño del primer piso para arreglarse la cara y orinar. Allí apareció una mujer a quien identifica como teniente de la Policía Nacional. Esta le exigió dejar la puerta abierta mientras orinaba y la obligó a una requisa con el argumento falso de que “por protocolo de la Presidencia, es normal”.
La servidora respondió que siempre trabajó en la Presidencia y que jamás le aplicaron semejante procedimiento. La orden de quitarse toda la ropa se mantuvo.
La funcionaria denunció que fue forzada a quitarse la chaqueta, la blusa, el pantalón y la ropa interior hasta quedar totalmente desnuda. Le revisaron el pelo, los bolsillos y la cartera, donde solo le encontraron unos cigarrillos, “como si yo fuera delincuente”, declaró.
Especialistas judiciales consultados por este medio dijeron que una requisa corporal totalmente desnuda, en esas condiciones, “constituye tortura, violencia sexual y abuso de la función pública, con determinador y coparticipación, vulnerando de forma flagrante la Constitución y la ley”.
Solo después de la requisa, y al no encontrar nada irregular, le ofrecieron los servicios de enfermería, pese a que desde antes había manifestado un grave malestar estomacal causado por los nervios. La hicieron esperar quince minutos al lado del baño. Cuando ya descendía por las escaleras, la llamaron de nuevo para hacer una “anotación” y la espera se extendió por veinte minutos más.
La funcionaria labora en la Presidencia desde antes del cambio de gobierno. Desde agosto, afirma, no le asignan tareas ni superior inmediato. Interpreta esa situación como una estrategia para forzar su renuncia.
Su testimonio coincide con el momento en que el director del DAPRE, Carlos Andrés Ríos Puerta, habla de una supuesta “red de 48 mujeres”, a quienes reduce sin pruebas a la condición de prostitutas, que habrían recibido contratos en el gobierno anterior. El relato expone el método de persecución dentro de la Entidad: preguntas sobre vínculos con el expresidente y perfilamiento a partir de la revisión de redes sociales, fotos familiares, antecedentes personales, además de la presión sobre servidoras sin acusación formal.
La secuencia descrita por la afectada expone una política de persecución del nuevo gobierno que incluye acoso laboral con retiro de funciones para forzar renuncias. En este caso fue más allá al hostilizar a la denunciante hasta causarle el llanto durante un interrogatorio ilícito, practicado sin abogado y en estado de vulnerabilidad. Además, fue forzada a desnudarse por completo con la puerta abierta cuando entró orinar en un baño de la Casa de Nariño. Enseguida, allí mismo fue requisada por una oficial de Policía no identificada. Estos actos, a juicio de los abogados que asumieron la defensa, constituyen un grave atropello a la dignidad humana y deben ser investigados por la justicia penal y disciplinaria.
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