Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 8 FEB 2026
La defensa de los 22 campesinos privados de libertad en Barinas denuncia que el Ministerio Público no consignó documento de propiedad ni título de adjudicación que acredite que el predio ocupado es ajeno, elemento esencial para configurar el delito de invasión. Los detenidos fueron secuestrados por un grupo armado antes de ser judicializados, en junio de 2025.
El escrito de defensa, al que tuvo acceso este medio, sostiene que “LA PRESUNTA VÍCTIMA NO CONSIGNO DOCUMENTO DE PROPIEDAD, NI INSTRUMENTO O TÍTULO DE ADJUDICACIÓN POR PARTE DEL INTI”. Solo se presentaron copias simples de una medida de protección agroalimentaria no verificada, sin que se determinara que el terreno ocupado por los campesinos sea el mismo al que aplica dicha medida.
La defensa insiste en la naturaleza agraria del conflicto, subrayando que no se practicó una inspección técnica para establecer coordenadas geográficas que verificaran si la ocupación ocurrió dentro del predio La Rubiera. “El elemento de la AJENIDAD no está legalmente demostrado”, alega el texto, lo que desvanecería un tipo penal clave.
Este vacío probatorio ocurre en el caso de 22 campesinos y una niña de 3 años que fueron raptados el 14 de junio por un grupo armado al servicio de un terrateniente y luego entregados a la GNB. Fueron acusados de invasión, abigeato e incitación al odio en una audiencia celebrada en un destacamento castrense.
La defensa fundamenta que, ante conflictos por tierras rurales dedicadas a la producción, la competencia es exclusivamente de la jurisdicción agraria, tal como lo establece la sentencia vinculante 1.881 del TSJ. El caso evidencia la criminalización de la lucha por la tierra en un país con 328 líderes agrarios judicializados en los últimos cinco años.