La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio luz verde a la solicitud de extradición formulada por Venezuela ante Italia para que sus autoridades entreguen a Francisco Javier D’Agostino Casado, presuntamente implicado en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto.
La decisión del TSJ está reflejada en la sentencia N° 5, emitida por la Sala Penal el pasado 5 de febrero, con la firma de los magistrados Elsa Gómez Moreno (redactora o ponente), Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno.
D’Agostino Casado es cuñado de Luis Alfonso de Borbón —descendiente de la realeza española— y del dirigente político Henry Ramos Allup.
El empresario fue detenido en Italia debido a una alerta roja interpuesta por Venezuela ante la Policía Internacional (Interpol). A raíz de ello, el Ministerio Público activó el proceso para traerlo al país, donde enfrentará un juicio por tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales y asociación para delinquir, refiere el fallo contra el referido ciudadano.
Tales delitos habrían sido cometidos por D’Agostino en dos eventos recogidos en el expediente, uno de los cuales fue denominado Extradición N° 1. Esta investigación vincula a D’Agostino con una estructura delincuencial jefaturada por Kristina Antonorsi, con quien fundó empresas de maletín para vender crudo venezolano a China.
Durante un allanamiento efectuado a las oficinas de Antonorsi, ubicadas en Chuao (Miranda), se localizaron computadoras donde estaban registradas las operaciones fraudulentas del petróleo venezolano, en las que participó el investigado.
Una de esas transacciones consistió en la venta a China de 1 millón de barriles de petróleo, lo cual generó al grupo criminal la suma de 33.218.335,70 euros que, según la Fiscalía, no ingresaron a Pdvsa, y fue aclarado en un informe.
La segunda solicitud de extradición también está relacionada con la venta fraudulenta del crudo venezolano, asignado por la estatal entre 2021 y 2022, cuyos directivos están presos actualmente por la ejecución de operaciones paralelas en la comercialización de este recurso. Entre esos directivos procesados figuran el exministro Tarek El Aissami y el vicepresidente de Pdvsa Antonio Pérez Suárez.
La investigación relacionada con esta segunda solicitud de extradición identifica a Francisco D’Agostino junto a Alejandro Bazzoni como líderes de un grupo de delincuencia organizada que controla la mayor cantidad de buques que fletan crudo venezolano; para ello empleaban identidades y banderas de embarcaciones que se encuentran fuera de circulación. De esa forma lograron “apropiárse así de las cargas de crudo, extorsionando a los dueños (…) en detrimento del Estado venezolano”, dice la sentencia.
Por ello, los magistrados dicen que existen razones de hecho y de derecho para juzgar en Venezuela a D’Agostino Casado. En razón de esto, el TSJ se compromete con Italia a garantizarle al sujeto sus derechos durante el juicio.
