Las inconsistencias no terminan allí. Mientras Revilla sostiene haber sido dado de baja forzosa en 2004 por orden de la guerrilla de las FARC, testimonios oficiales indican que seguía activo como asesor en el Estado Mayor hasta al menos 2005. Además, en 2010 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía portando dispositivos con información clasificada sobre sistemas de armas, bases militares y entrenamientos del ejército venezolano. La Fiscalía lo acusó de espionaje, y los expedientes señalan que obtuvo los datos mediante engaños a compañeros militares, alegando fines académicos.
Otro punto crítico en su historial es su ejercicio ilegal de la abogacía. Aunque litigó en tribunales desde al menos 2016, Revilla no se graduó en derecho hasta 2020. A pesar de presentarse como perseguido político, cursó sus estudios de forma regular y recibió honores académicos, colegiándose oficialmente y ejerciendo libremente como abogado en Venezuela hasta 2023.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó en 2023 su solicitud de protección, al no hallar evidencia creíble de persecución estatal en su contra.
El relato que alguna vez fue considerado una pieza clave en investigaciones transnacionales ha quedado desacreditado por documentos judiciales, contradicciones cronológicas y registros oficiales.