Desde el «Caracazo» de 1989 —desencadenado por un ajuste del FMI— hasta el deshielo diplomático de abril de 2026, la relación entre Venezuela y el Fondo ha oscilado entre dependencia y ruptura. Hitos como el respaldo del organismo al golpe de 2002, la retirada anunciada por Chávez en 2007, la censura por opacidad en 2018 y la exclusión de los DEG en 2021 marcaron una trayectoria de desencuentros políticos. Hoy, la reanudación de relaciones abre la puerta a consultas técnicas, acceso a reservas congeladas y posibles líneas de financiamiento para el país.
1. El «Caracazo» (febrero de 1989). El 27 de febrero de 1989, Venezuela vivió una de las jornadas más violentas de su historia reciente. Las protestas masivas, que comenzaron en Guarenas y se extendieron rápidamente a Caracas y otras ciudades, fueron la respuesta popular al llamado «Paquetazo» económico anunciado por el recién posesionado presidente Carlos Andrés Pérez apenas once días antes. Este programa de ajuste, que incluía la liberación de precios, la unificación cambiaria y el alza de las tarifas del transporte público, era la condición exigida por el FMI para refinanciar la deuda externa venezolana. El estallido social dejó cientos de víctimas fatales y marcó un antes y un después en la conciencia colectiva del país sobre el costo de los programas de ajuste estructural.
2. El préstamo de 5.000 millones de dólares (junio de 1989). Cuatro meses después del «Caracazo», el FMI aprobó formalmente un crédito por un monto cercano a los 5.000 millones de dólares (exactamente 4.814 millones) mediante un Acuerdo de Facilidad Ampliada a tres años. El respaldo del organismo internacional, entonces dirigido por Michel Camdessus, permitió al gobierno de Carlos Andrés Pérez destinar una parte de esos recursos a la reducción de una deuda exterior que ascendía a 35.000 millones de dólares. El acuerdo también abría la puerta a extender los créditos hasta un 40% de la cuota venezolana si el país lo necesitaba mientras lograba acuerdos con los bancos acreedores.
3. La «Agenda Venezuela» (1996). Durante su segundo gobierno, el presidente Rafael Caldera formalizó un nuevo compromiso con el FMI a través de la «Agenda Venezuela». Caldera, quien había prometido en campaña no «arrodillarse» ante el Fondo, terminó adoptando un riguroso plan de ajuste económico que incluyó el aumento de impuestos, la cuadruplicación del precio de la gasolina, la liberación del mercado cambiario y el desmontaje del control de precios. La implementación de estas medidas fue liderada por los ministros Luis Matos (Hacienda) y Teodoro Petkoff (Planificación).
4. El apoyo del FMI al breve gobierno de Pedro Carmona (abril de 2002). Durante el golpe de Estado que sacó brevemente a Hugo Chávez del poder en abril de 2002, el entonces portavoz del FMI, Thomas Dawson, declaró que el organismo estaba dispuesto a apoyar al nuevo gobierno «de cualquier manera que se considerara apropiada». Esta precipitada oferta de asistencia al efímero gobierno de Pedro Carmona, que duró apenas 47 horas, fue interpretada por el chavismo como una validación del golpe y envenenó de forma irreversible la relación con el FMI durante los años siguientes.
5. El pago anticipado de la deuda y la salida del FMI (abril de 2007). El 30 de abril de 2007, el presidente Hugo Chávez anunció formalmente la decisión de retirar a Venezuela del FMI y del Banco Mundial. «Vamos a retirarnos. Quiero firmar la cuenta y solicitar que nos devuelvan lo que nos corresponde», declaró. Días antes, su ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, había anunciado el pago anticipado de una deuda de 3.300 millones de dólares que vencía en 2012, con un ahorro de apenas 8 millones de dólares en intereses. «Señores del Fondo Monetario Internacional, chao con ustedes», se despidió el ministro al aire.
6. La declaración de censura del FMI (mayo de 2018). A pesar de la ruptura política, Venezuela seguía siendo formalmente un país miembro del FMI. Sin embargo, el 2 de mayo de 2018, el organismo emitió una «declaración de censura» contra el gobierno de Nicolás Maduro por no proporcionar, durante más de una década, los datos económicos básicos requeridos por el Artículo IV del convenio constitutivo. Esta sanción técnica, aunque poco frecuente, implicaba que Venezuela quedaba impedida de acceder a recursos del Fondo.
7. La suspensión formal de relaciones (marzo de 2019). La crisis política de 2019, con la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado reconocido por más de 50 países, llevó al FMI a suspender formalmente sus relaciones con Venezuela. El organismo argumentó «falta de claridad en la comunidad internacional con respecto al reconocimiento oficial del gobierno». Como consecuencia, Venezuela perdió el acceso a sus tenencias de Derechos Especiales de Giro (DEG), estimadas en unos 5.000 millones de dólares.
8. La negativa del FMI al préstamo de emergencia por COVID-19 (marzo de 2020). En plena pandemia, el gobierno de Nicolás Maduro solicitó al FMI un financiamiento de 5.000 millones de dólares a través de la «facilidad de financiamiento rápido» para atender la emergencia sanitaria. El FMI, bajo la dirección de Kristalina Georgieva, rechazó la solicitud argumentando nuevamente que «no hay claridad» entre sus miembros sobre el reconocimiento del gobierno venezolano.
9. La exclusión de los DEG de 2021 (agosto de 2021). Cuando el FMI aprobó la mayor inyección de recursos de su historia —650.000 millones de dólares en DEG— para ayudar a los países a lidiar con las consecuencias de la pandemia, Venezuela quedó excluida. Aunque le correspondían 5.100 millones de dólares (equivalentes al 80% de sus reservas internacionales), el portavoz Gerry Rice confirmó que el país no podría acceder a esos fondos «hasta que se reconozca a un Gobierno». La vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció entonces la «injusta distribución» de los recursos.
10. La reanudación de relaciones (abril de 2026). El 16 de abril de 2026, en el marco de las Reuniones de Primavera en Washington, la directora gerente Kristalina Georgieva anunció la reanudación de relaciones del FMI con Venezuela bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez. La decisión, adoptada por la mayoría del poder de voto del organismo, se produjo tras la captura de Nicolás Maduro en enero de ese año y la reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Este deshielo permitirá a Venezuela acceder a sus Derechos Especiales de Giro, reactivar las consultas del Artículo IV —suspendidas desde 2004— y explorar eventuales líneas de financiamiento internacional.
