Juan Faro, expolicía e influencer con miles de seguidores en redes sociales, ha vuelto a la luz pública tras pasar 101 días en prisión preventiva. Acusado de blanqueo de capitales, fraude fiscal y presuntos vínculos con el narcotráfico, Faro ha roto su silencio, y con él ha sembrado una pregunta incómoda: ¿actuó la justicia española con imparcialidad o fue selectiva en su proceder?
Durante su reciente entrevista en televisión, Faro aseguró que su detención fue manipulada, que «engañaron al juez» y que todo formaba parte de una operación diseñada para «destruirle». Incluso sugirió que antiguos compañeros suyos en la policía podrían haber tenido un papel en esa presunta caza. ¿Es posible que una institución como la Policía o incluso el sistema judicial actúe movida por intereses personales o prejuicios?
En su defensa, el expolicía no niega haber organizado sorteos de vehículos de lujo a través de sus redes sociales, pero sostiene que todo fue legal. Admite también que coincidió en una cena con personas con antecedentes penales, aunque niega cualquier vínculo con actividades ilícitas. Sin embargo, la contundencia de su detención, la exposición mediática y la prisión preventiva levantan preguntas incómodas:
¿Por qué se le retiró el pasaporte con tanta rapidez?
¿Por qué se justificó su encarcelamiento bajo riesgo de fuga si aún no se habían acreditado hechos graves?
¿Y si este caso no hubiera tenido tanta exposición pública o no implicara a un exagente con seguidores?
La presunción de inocencia parece haber quedado relegada a un segundo plano. Mientras tanto, Faro denuncia que su imagen fue destruida antes siquiera de ser juzgado. Y aquí es donde el lector debe detenerse a reflexionar: ¿puede el sistema judicial operar con absoluta neutralidad en un país donde los juicios mediáticos suelen adelantarse a los jurídicos?
No se trata de defender a Juan Faro ni de negar la necesidad de investigar cuando hay indicios de delito. Pero tampoco se puede obviar la posibilidad —incómoda pero real— de que la justicia no siempre actúe con la misma vara de medir.
Este caso, más allá de los titulares, abre una conversación necesaria:
¿Estamos seguros de que en España todos son tratados igual ante la ley?