Filtración de foto confirma la parcialización en la Fiscalía 60° para favorecer a un empresario de la madera: campesinos enfrentan omisiones y criminalización en Canaguá .
Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 13 NOV 2025
La reciente filtración de una fotografía captada de manera furtiva durante el acto de imputación efectuado el martes 11 de noviembre en la Fiscalía 60°, ubicada en la antigua sede de la Fiscalía General de la República en La Candelaria, expone nuevas señales de parcialización.
La imagen, tomada en el área privada del despacho del fiscal mientras se imputaba a los productores campesinos Ramón Alirio Gómez, Jesús Enrique González Urbina, Giovanni Filimon Carrizalez Rondón y Aníbal José Altuna Flores, fue entregada al empresario maderero Homero González y difundida en redes sociales para criminalizar públicamente a las familias campesinas que desde hace cinco años producen en esas tierras.
El proceso, iniciado en 2022 contra campesinos que ocupan tierras de la Nación en Pedraza, Barinas, ha estado marcado por la falta de notificación a los investigados, la exclusión de informes técnicos favorables y la estrategia paralela del denunciante; para ejecutar desalojos.
Asimismo ha revelado un patrón de despojo institucional contra estas familias que producen alimentos en un predio declarado ocioso.
A la ofensiva judicial y administrativa impulsada por el empresario maderero Ramón Homero González se suma la actuación de la Fiscalía 60° Nacional con competencia agraria, cuya parcialización ha quedado en evidencia en distintos momentos del proceso.
1. Investigación sin derecho a la defensa
La imputación contra cuatro campesinos se fundamenta en una denuncia presentada en marzo de 2022. Durante más de tres años, los investigados nunca fueron notificados de actuaciones judiciales en su contra, lo que los privó del derecho a la defensa y del debido proceso.
2. Estrategia paralela del denunciante
González ha activado simultáneamente vías administrativas, judiciales y penales para consolidar su control sobre el predio. Esta táctica le ha permitido alternar mecanismos para ejecutar el desalojo y avanzar en el apoderamiento de las tierras, utilizando cada instancia como respaldo en caso de fracaso de otra.
3. Informe técnico omitido
En septiembre de 2024, personal técnico del Ministerio Público encabezado por el entonces fiscal 60 realizó una inspección en el lugar. El informe constató la ocupación pacífica, legítima y productiva de las familias campesinas. Sin embargo, este documento no figura en el expediente actual, pese a que favorece a los ocupantes.
4. Filtración reciente
A estos elementos se suma la filtración de una fotografía vinculada al caso, que refuerza las sospechas de manipulación y parcialización dentro del proceso judicial.
5. El patrón de despojo institucional
El caso Canaguá no es aislado. Responde a un patrón más amplio que combina:
– Criminalización de la producción campesina.
– Judicialización de la pobreza rural.
– Privatización encubierta de tierras nacionales.
– Protección de intereses madereros bajo figuras legales fraudulentas.
La Fiscalía 60°, lejos de proteger los derechos campesinos como fue concebida, ha servido como herramienta para consolidar el despojo. La Defensoría del Pueblo, en lugar de defender a las víctimas, ha actuado como mediadora cómplice del empresario.
La exclusión de pruebas favorables, la falta de notificación y la estrategia múltiple del denunciante configuran un cuadro de parcialización que pone en entredicho la transparencia de la Fiscalía 60. El caso Canaguá abre un debate urgente sobre la protección de los derechos campesinos y la necesidad de garantizar procesos imparciales en conflictos de tierras.