Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria Trujillo se acaban de reunir a conversar sobre la mejor manera en que podrían “construir un nuevo país”, como si el que ya habían “construido” no fuera el imperio absoluto del hampa y de la impunidad. Edificaron un armatoste que le permite al gran crimen ser superior al Estado y ahora esa pareja de cínicos venales viene por más.
El anuncio, que los llamados medios “tradicionales” acogieron con candor y complicidad, merece una precisión histórica elemental: Gaviria y Uribe ya destruyeron un país juntos, y sus resultados no necesitan ninguna promesa de renovación; bastaría con que confesaran, con detalle y franqueza, el legado que dejaron. Que confiesen sus fechorías a cambio de no ir a la cárcel.
El país “nuevo” que planean ahora esos dos sujetos comenzó a cimentarse el 10 de febrero de 1994, cuando el entonces presidente César Gaviria firmó el desastroso Decreto 356, por medio del cual se creó el régimen de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada, cuna de las tristemente célebres Convivir, que pronto se transformaron en una maraña de “empresas de seguridad” legalizadas, que cubre y maneja todo el país a mano armada.
Las concibieron bajo el pretexto de permitir que civiles colaboraran con la fuerza pública en zonas rurales. Fue la edición remasterizada de las bandas de asesinos conservadores conocidas como chulavitas o pájaros de los años 50 y 60 y el perfeccionamiento y legalización plena de los ejércitos de sicarios de Pablo Escobar, mentor de Álvaro Uribe y socio de su padre, el narcotraficante Alberto Uribe Sierra.
El inicial modelo “salvador” de país de Uribe y Gaviria disolvió la frontera entre seguridad del Estado y justicia privada armada. Allí comenzó a incubarse un fenómeno que, lejos de “defender a la población”, derivó en la legalización administrativa de estructuras que terminaron siendo los grandes ejércitos paramilitares de hoy. Modelo que ha dejado medio millón de colombianos muertos.
La muestra perfecta de ese “nuevo” país puede ser Medellín, ciudad completamente dominada por bandas criminales legalizadas y repartidas entre grandes gerencias delincuenciales, como la Oficina de Envigado y La Terraza. Allá, si a un ciudadano le roban un Maserati MC20 o un reloj Bvlgari Octo Finissimo Ultra de dos millones de dólares, le basta con llamar al alcalde, alias Fico, y este le ordena a la banda correspondiente que haga la devolución.
Los ejércitos paramilitares del narcotráfico, las Fuerzas Militares y la Policía terminaron convertidos en una misma organización criminal. Recomiendo ver esta entrevista mía, con más de cuatro millones de vistas, al capitán del ejército Adolfo Enrique Guevara Cantillo.
Altos generales y almirantes de la república, cundidos de medallas, se transformaron en tenebrosos criminales y narcotraficantes, como, por ejemplo, Mario Montoya Uribe, con inversiones millonarias en la bolsa de Nueva York y dueños, a través de testaferros, de grandes latifundios, industrias e inversiones en la banca. Los únicos más ricos y más peligrosos que un capo del narcotráfico en Colombia son ciertos generales, almirantes o líderes políticos de la derecha, con las debidas excepciones que confirman la regla.
Recomiendo ver “Narcotraficante amiga del general Zapateiro tiene manejos sobre el aeropuerto donde está la principal base antinarcóticos de Colombia”.
La expansión y degradación constante de ese esquema del “nuevo país” de Uribe y Gaviria tiene nombre propio. Durante el periodo sangriento en que Álvaro Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia (1995-1997), las Convivir se multiplicaron. En ese departamento llegaron a operar más de 60 cooperativas, varias de ellas posteriormente vinculadas a gravísimas violaciones de derechos humanos y a la consolidación militar, política y económica de los narcotraficantes que se hacían llamar “autodefensas”. En 1997, la Corte Constitucional —mediante la Sentencia C-572— restringió sus facultades al declarar inexequibles los artículos del decreto criminal que permitían a estos grupos manejar armas de guerra de uso privativo de las Fuerzas Militares y realizar tareas de inteligencia. Pero el daño estaba hecho, la llaga sigue creciendo y la prohibición jamás se cumplió.
Recomiendo ver “La seguridad privada en Colombia aportó en 2022 el 1.2% del PIB con un billón pesos y es manejada en gran medida por la delincuencia”.
Lo que vino después no fue un accidente histórico, sino una consecuencia muy bien calculada: la formalización de gigantescos ejércitos ilegales que terminaron controlando la totalidad del territorio nacional, la economía y poblaciones enteras. Sus efectos se tradujeron en masacres, desplazamientos forzados, despojo de tierras, cooptación institucional y captura política de todas las regiones. Según cifras del Registro Único de Víctimas, el paramilitarismo ha dejado cerca de 8 millones de víctimas entre homicidios, desapariciones, masacres y desplazamientos. Ese es el “nuevo” país que se ha estado construyendo a partir de aquel decreto.
La historia del nacimiento y la evolución de todo aquello, conocido ahora como la narcodemocracia, lo expuse ampliamente en mis libros Crónicas de la guerra sucia y Un País de cafres.
Hoy, cuando Gaviria y Uribe otra vez anuncian “un nuevo país”, habría que preguntarles si se refieren a algo peor que el imperio del hampa que ya consolidaron. Gaviria lideró el tránsito al modelo normativo que habilitó a los particulares a ejercer funciones propias del Estado con fusil al hombro. El segundo ejecutó, amplificó, politizó y se adueñó de ese diseño, hasta convertirlo en un proyecto de poder territorial y nacional absoluto, con resultados homicidas catastróficos.
Todo esto es un asunto de memoria institucional: Uribe y Gaviria no pueden construir un “nuevo país” sin hacerse responsables primero del que ya edificaron y pagar por ello. Antes de que la opinión pública aplauda la fotografía de reconciliación entre dos rufianes que gobernaron en continuidad histórica, conviene recordar que sobre sus crímenes atroces siguen latiendo informes de comisiones de la verdad, sentencias judiciales, denuncias periodísticas, estudios académicos y miles de testimonios de víctimas.
Colombia necesita diálogo, reformas, acuerdos y grandeza política. Pero esa grandeza solamente comenzará por un acto ineludible: Que Uribe y Gaviria —repito— reconozcan la mala fe y las consecuencias inhumanas del “nuevo país” ensangrentado que dejaron. Si el propósito es construir algo distinto, sería deseable que antes confiesen ante algún estrado judicial respetable por qué aquello que levantaron durante treinta años ha sido violencia, desarraigo, corrupción, desigualdad y silencio.
