El encuentro entre Figuera y Jorge Rodríguez el 1 de agosto se producirá más de un mes después de que los dos se reunieran el pasado 18 de junio en Venezuela, cuando la opositora regresó a su país después de ocho años en el exilio. Figuera y Rodríguez iniciarán una negociación que busca sentar las bases de la reconstrucción institucional venezolana. El objetivo inicial pasa por acordar la renovación de los principales órganos del Estado, comenzando por un nuevo Consejo Nacional Electoral que permita la celebración de elecciones con garantías.
Según ha podido saber ABC, durante estas dos semanas los avances alcanzados en las reuniones han sido comunicados al embajador de Venezuela en España. Figuera, que mantiene una excelente relación con María Corina Machado y que es partidaria de buscar consensos entre todos los opositores al chavismo, viajará este viernes desde Valencia a Madrid para incorporarse a la fase final de encuentros que concluirán el lunes con el cierre de los trabajos preparatorios.
Tercera fase: transición para unas elecciones libres
Para Washington, estas reuniones representan el inicio de la tercera fase de su hoja de ruta para Venezuela: la transición política. Tras las etapas de estabilización y recuperación, esta nueva etapa pretende abrir un proceso de reconstrucción institucional mediante la renovación del Consejo Nacional Electoral, la Sala Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
La decisión de recuperar ahora la IV Legislatura de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015 tampoco es casual. Estados Unidos continúa considerándola el único poder legislativo legítimo de Venezuela y, por ello, ha situado nuevamente a Figuera, su presidenta, en el centro del proceso negociador actual. La dirigente sustituyó a Juan Guaidó al frente de la institución y, pese a mantener un perfil muy discreto y ser prácticamente desconocida para buena parte de la sociedad venezolana, será quien lidere este primer contacto con el chavismo.
En ese contexto, fuentes diplomáticas consultadas interpretan que el respaldo estadounidense a Figuera «obliga al chavismo a aceptar como interlocutora a una dirigente sobre la que Jorge Rodríguez había llegado a lanzar amenazas de detención». Estas mismas fuentes sostienen que en la reunión del 1 de agosto «Figuera y Rodríguez ejecutarán el mandato político que reciban».
La cita entre ambos pretende poner en marcha el mecanismo que permita renovar las instituciones del Estado y crear las condiciones necesarias para celebrar unas elecciones con garantías, en las que cualquier candidato de la oposición que reúna los requisitos legales —incluida María Corina Machado— pueda concurrir.
En esta tercera fase existen dos corrientes claramente opuestas sobre cuándo deberían celebrarse elecciones en Venezuela. Un sector se encuentra dentro del propio país y el otro en Washington, concretamente en la Casa Blanca. En el primero se sitúan los próximos a Delcy Rodríguez en Caracas, que son partidarios de mantener a María Corina Machado al margen de las negociaciones porque consideran que su participación dificultaría los consensos necesarios para culminar la reconstrucción institucional. Su planteamiento pasa por consultar a la líder opositora únicamente al final del proceso y prolongar el actual escenario político el mayor tiempo posible para alargar a Delcy en el poder, hasta situar unas eventuales elecciones presidenciales en Venezuela en 2030.
Por otro lado están los sectores de la oposición contrarios al chavismo que se encuentran en Washington y que desde la Casa Blanca están al tanto de las reuniones que mantiene Figuera. Estos defienden acelerar el calendario y trabajan con el 24 de julio de 2027 como horizonte para la celebración de los primeros comicios libres en Venezuela.
«Se está montando una carpintería institucional para que María Corina Machado o cualquier otro candidato esté habilitado a participar en elecciones libres en Venezuela», insisten las fuentes consultadas. Si las conversaciones prosperan, ese será el verdadero alcance de una negociación que aspira a devolver al país unas instituciones reconocidas por todas las partes, que cuenten con los diputados de las Asambleas Nacionales de 2015 y 2025 y con unas urnas con garantías democráticas.
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